En Nueva Nación preparamos un glosario con algunos de los términos que definen nuestra identidad y realidad nacional. Las definiciones fueron elaboradas bajo ese contexto.
Politización
En Panamá, la politización no se reduce a la discusión ideológica sobre la derecha o la izquierda, sino que se traduce en el aprovechamiento personal dentro del sistema político, especialmente con fines electorales y de financiamiento de campañas. Se evidencia en la entrada de actores políticos en instituciones que deberían ser neutrales, lo que subvierte su función original. Es más oportunismo que debate de ideas, aunque existe un trasfondo ideológico que moldea las decisiones y el discurso público. La politización en Panamá es distinta a la de otros países, ya que no necesariamente deriva en una confrontación entre facciones ideológicas, sino en la manipulación estratégica del poder.
Soberanía
Más que la simple autodeterminación de un país sobre su territorio y gobierno, en Panamá la soberanía tiene una carga emocional fuerte. Es un concepto que se usa para movilizar políticamente a la población, a menudo a través de discursos que enfatizan la traición a la patria. La soberanía no es parcial: o se tiene o no se tiene. A lo largo de la historia panameña, la soberanía ha sido un proceso de recuperación, con hitos como los Tratados Torrijos-Carter. Sin embargo, la corrupción mina la soberanía, ya que si el régimen no funciona en beneficio del pueblo sino de intereses privados, la soberanía es solo nominal.
Embalse
Más allá de su definición técnica como un reservorio de agua artificial, un embalse en Panamá implica desplazamiento de comunidades, afectación de territorios y estabilidad hídrica a largo plazo. Históricamente, embalses como el de Gatún han requerido la reubicación de poblaciones enteras. En un contexto global de crisis del agua, los embalses garantizan la independencia y soberanía del país sobre sus recursos hídricos. La cosecha de agua, tanto a nivel macro con grandes embalses como a nivel individual con reservorios domésticos, es una estrategia de supervivencia ante posibles crisis futuras.
Protestas
Las protestas en Panamá tienen múltiples formas y grados de impacto. Aunque es un derecho ciudadano, su efectividad depende de su masividad o estrategia. No todas las protestas son multitudinarias, pero pueden ser disruptivas y alterar procesos políticos y económicos. La protesta en sí misma no necesita ser efectiva para ser válida; es también una manifestación emocional y simbólica. Existe un sesgo subjetivo en la percepción de su legitimidad: una protesta se considera válida si coincide con la causa propia, pero no necesariamente si es de otro grupo. En Panamá, las protestas han sido clave en frenar reformas y decisiones gubernamentales, desde las reformas constitucionales de 2019 hasta la crisis minera de 2023.
Déficit
El déficit no es solo la diferencia entre ingresos y gastos del Estado, sino la hipoteca del futuro de las próximas generaciones. En Panamá, el déficit fiscal y el de la Caja del Seguro Social representan restricciones futuras que limitan el margen de maniobra económico y social. La normalización del endeudamiento es parte del sistema financiero global, pero el problema surge cuando la deuda no se traduce en inversión productiva sino en gasto ineficiente o corrupción. También existe un «déficit de promesa», en el que las expectativas generadas por el retorno del Canal o las inversiones estatales no se han materializado en mejoras reales para la población.
Criminalidad
La criminalidad en Panamá no es solo una cuestión de estadísticas, sino de percepción. Un país puede tener tasas de criminalidad relativamente bajas, pero si la gente no se siente segura, la criminalidad sigue siendo un problema real. La seguridad es un comportamiento, no solo un número. La percepción de inseguridad altera la vida cotidiana, restringe el comercio y afecta la inversión. Además, las fallas en el sistema penal acusatorio han generado frustración entre la población, ya que delincuentes conocidos quedan en libertad por tecnicismos legales. Este sentimiento de impunidad alimenta discursos populistas que ofrecen seguridad a cambio de la erosión del Estado de derecho.
Inversión
La inversión es tanto una necesidad de adaptación como un motor de crecimiento. Un país que no invierte, muere. Panamá ha tenido inversiones estratégicas exitosas, como la expansión del Canal, pero también inversiones fallidas donde los fondos fueron dilapidados sin retorno tangible. La inversión es una decisión: no sólo qué hacer, sino qué no hacer. El Estado debe tener una postura clara sobre qué sectores desarrollar y qué modelo de inversión atraer. Sin embargo, el choque entre la lógica electoral de corto plazo y las inversiones de largo plazo genera conflictos en la continuidad de proyectos estratégicos.
Concesión
Una concesión es la decisión del Estado de delegar la gestión de un activo o servicio a un tercero a cambio de un pago o beneficio. Es una forma de compartir soberanía, pero sin cederla completamente, siempre que las condiciones sean claras y favorables al interés nacional. Existen concesiones legítimas, como la administración de puertos, y concesiones corruptas que funcionan como ventas encubiertas de bienes públicos. También hay concesiones «de facto», como el negocio de camiones cisterna que bloquean intencionalmente el acceso al agua en comunidades para luego venderla. La concesión debe ser el último recurso, no la primera opción, y el Estado debe fortalecer su capacidad de gestión para no depender de ellas.
Constituyente
Una constituyente es una decisión de reformular el rumbo del país a través de la reescritura de su Carta Magna. No es sinónimo de inestabilidad, sino de legitimación y modernización del sistema. La Constitución actual de Panamá fue impuesta durante la dictadura y está deslegitimada, pues no representa la realidad ni las aspiraciones actuales del pueblo. Una constituyente bien ejecutada permitiría la participación ciudadana en la redefinición del contrato social y fortalecería la soberanía nacional. Más que un riesgo, una constituyente es una oportunidad para un nuevo pacto de nación.
En la última década, la deuda pública pasó de $20,000 millones a $53,000 millones, una explosión fenomenal cuyas consecuencias más severas aún no se han materializado.
A eso de las dos de la tarde del martes, 18 de marzo, el presidente de la República, José Raúl Mulino, sancionó la Ley 462 que reforma la Caja de Seguro Social (CSS).
Tras más de cuatro meses de debate en la Asamblea Nacional —y una conversación nacional que por momentos...
La Asamblea Nacional aprobó recientemente la reforma a la ley de la Caja de Seguro Social (CSS), luego de varios debates. Durante el proceso legislativo, se identificaron errores en la fecha de entrada en vigor, lo que llevó a la postergación del tercer debate. Finalmente, el proyecto fue aprobado con...