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Cómo hemos visto en ediciones anteriores, el sector de intermediación financiera no solo ocupa un puesto importante en el proceso económico nacional, sino que también su operatividad definirá de forma notable la capacidad que tendrá el país para enfrentar los retos posteriores a la pandemia y un futuro cada vez más incierto.
En una edición previa, repasamos los orígenes de uno de los principales componentes de este sector: la industria bancaria, cubriendo su evolución legislativa, presencia institucional y relevancia regional. En esta edición, abordaremos el pasado reciente, el panorama presente y las expectativas a corto y mediano plazo de este sistema tan relevante para el futuro nacional.
Entremos en detalles.
Retomando la historia
Nuestro último recuento bancario terminó en 1989.
La industria había experimentado una disminución en sus activos bancarios por $20 mil millones comenzando en agosto de 1982, cuando el gobierno de México anunció que no pagaría su deuda, lo cual enfrió el crédito hacia la región latinoamericana.
Un año antes, en julio de 1981, había fallecido el dictador panameño Omar Torrijos, pasando el poder —luego de un confuso período— a Manuel Antonio Noriega, cuyos juegos de inteligencia y operaciones secretas lo pusieron en una ruta de choque contra las fuerzas estadounidenses, afectando aún más el crédito nacional.
La crisis política escaló a tal punto que, en marzo de 1988, el bloqueo de fondos al Banco Nacional de Panamá por parte de las autoridades estadounidenses precipitó el cierre bancario total por un período de más de dos meses, después del cual se pudo abrir parcialmente, con poco efectivo.
Los bancos locales permanecieron en esa situación hasta julio de 1990.
Tal crisis empujó otra caída de los activos bancarios de la plaza local por casi $15,000 millones, caída de la cual el país no se recuperaría sino hasta la salida de Noriega en 1989.
De hecho, para 1988, la tasa de referencia hipotecaria era del 13%.
La entrada de la democracia generó una estabilidad política y social que permitió la recuperación de activos bancarios, los cuales crecieron en $18,000 millones desde 1990 hasta el cierre del siglo.
Para el año 2000, la tasa de referencia hipotecaria estaba en 9.75%.
Esta recuperación importante rápidamente comenzó a evidenciar la obsolescencia del sistema anterior, desarrollado inicialmente por la junta provisional de gobierno a mediados de 1970. Por lo tanto, para la segunda mitad de la década de 1990, ya se estaba cuajando un nuevo marco legal bancario, el cual finalmente quedaría establecido en 1998.
Fuente: SBP
Tasa de referencia para préstamos para la compra de viviendas según reportes de los bancos de la localidad
Decreto ley
Hoy día, el Decreto Ley 9 de 1998 es considerado como uno de los cimientos fundamentales de la arquitectura bancaria de Panamá, dotando a esta industria de flexibilidad, capacidad de innovación, pero también rigurosidad y responsabilidad.
El otro gran cimiento es la ausencia de un banco central, sumado a la dolarización.
Parte del propósito del Decreto Ley 9 era implementar en Panamá las mejores prácticas internacionales bancarias desarrolladas por el Comité de Basilea sobre Supervisión Bancaria, formado en 1974 y llamado así por tener su sede en Basilea, al noroeste de Suiza, sobre el afamado río Rin.
El Comité de Basilea fue creado por un grupo internacional de gobernadores de bancos centrales buscando afianzar la estabilidad bancaria global de cara a los riesgos inherentes del mercado bancario.
Al día de hoy, tal comité ha producido tres importantes códigos regulatorios: el primero, en 1988, universalizó los requisitos mínimos de capital para los bancos; el segundo, en 2004, estableció parámetros claros de administración del riesgo; y el tercero, comenzado en 2010 pero aún en su fase de implementación, respondió a las falencias evidenciadas durante la crisis financiera que empezó a entrometerse en los mercados en 2007 y 2008.
Fuerza y potencia
Uno de los elementos clave del Decreto Ley 9 es que potenció al regulador bancario, el cual pasó de ser la Comisión Bancaria Nacional a ser la Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP), ente mucho más poderoso, con las capacidades de intervenir y cerrar bancos sin muchas vueltas, imponer multas severas, recaudar sus propios fondos mediante una tasa de supervisión y exigir reportes estrictos por parte de las instituciones bancarias.
La Superintendencia, sobre todo, tiene un rol prudencial: emite normas efectivas que guían la estabilidad del sector bancario, ya bien apoyado sobre la caución natural de sus actores por falta de un prestamista de última instancia.
Desde su creación, la SBP ha producido una impresionante red regulatoria que afina múltiples detalles del proceso bancario a lo largo de toda la industria, permitiendo también varios grados de libertad a las entidades bancarias en la confección de sus carteras y productos.
Tal red regulatoria incluye normas sobre cuánto dinero deben tener los bancos, cómo deben manejar su riesgo, qué sistemas internos de gobernanza deben tener, cómo prevenir el lavado de dinero, qué tipos de auditorías hacer y cómo se clasifican los activos bancarios —a veces nada fácil.
Otro elemento clave del Decreto Ley 9 es que permitió al regulador bancario comenzar a utilizar la tecnología para efectuar su tarea de supervisión y fiscalización, facilitando también el entrenamiento de nuevo personal bancario, lo cual produjo una expansión de capacidad, abriendo la posibilidad a un sistema bancario más desarrollado.
Y uno último es el rol de la superintendencia como instancia de rendición de cuentas y recepción de quejas. A la Comisión Bancaria Nacional se le dificultaba este rol porque estaba compuesta, en parte, por los bancos mismos, un desincentivo a la fiscalización estricta.
Tipos de bancos
Según el decreto ley, en todo momento hay siete tipos de bancos.
Primero, los bancos oficiales, de los cuales hay dos: el Banco Nacional de Panamá y la Caja de Ahorros.
Segundo, los bancos privados panameños, que son 12, siendo el más antiguo todavía existente Banco General, que abrió sus puertas en 1955. El banco más joven en la plaza es Canal Bank, que empezó a operar en 2014.
Tercero, están los bancos extranjeros con operación en Panamá, notables entre ellos, Citibank, que lleva operando en el país desde 1904, y el Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, conocido usualmente como BLADEX.
Estos tres tipos de bancos constituyen el Sistema Bancario Nacional, pero no son las únicas entidades bancarias que operan en el país.
Cuarto, están los bancos de licencia internacional —es decir, que operan desde Panamá pero no dentro del país— y quinto, los que tienen licencia de representación, permitiéndoles tener operaciones limitadas dentro del territorio nacional.
Estos dos tipos adicionales más los tres anteriores constituyen el Centro Bancario Internacional.
Finalmente, dos últimos tipos: los bancos en liquidación voluntaria, de los cuales para el cierre del año pasado habían tres, y los bancos en liquidación forzosa, de los cuales había cuatro.
Fuente: SBP
Primeros 15 bancos operativos en Panamá ordenados por cantidad total de activos bancarios
Adaptar o morir
Siendo el Decreto Ley 9 la base de la arquitectura bancaria nacional, no sorprende que mientras ha ido creciendo el edificio, se ha tenido que fortalecer y reparar la base.
La norma —que fue aprobada en febrero de 1998— ha sido modificada en cuatro ocasiones. La primera vez fue tan pronto como diciembre del mismo año en que fue aprobada, aclarando ciertos términos en cuanto a la tasa de supervisión bancaria.
En 2008, el Decreto Ley 9 fue revisado en una gran parte de sus artículos esenciales, robusteciendo y modernizando aún más a la entidad.
A lo largo del tiempo, tales modificaciones al decreto ley han dotado a la Superintendencia de la capacidad de regular no solo a los bancos sino también a las empresas asociadas a estas entidades.
Y el proceso de actualización nunca termina, con la Superintendencia emitiendo constantemente acuerdos regulatorios que perfeccionan, clarifican y desarrollan los artículos del decreto ley bancario, ajustando la normativa nacional a los estándares internacionales.
Tan solo en los últimos cinco años se han aprobado acuerdos ampliando las normativas relacionadas al financiamiento del terrorismo, el gobierno corporativo, los principios contables y la administración del riesgo.
Pandemia
El viernes, 13 de marzo de 2020, el Consejo de Gabinete declaró un estado de emergencia a nivel nacional —proceso no contemplado por la Constitución Política del país— en respuesta al incremento notable de casos de contagio del virus SARS-CoV-2, luego de que el mismo fue reportado formalmente en la República Popular de China en diciembre de 2019.
Rápidamente, la magnitud de la crisis se hizo evidente, llevando al cierre de oficinas públicas y privadas, escuelas, centros comerciales y terminando con la reclusión total de la población —todo esto sin autorización constitucional por parte de la Asamblea Nacional.
Tales cierres asestaron un tremendo impacto sobre el sector bancario, el cual no solo tuvo que pausar sus operaciones administrativas sino que también tuvo que desarrollar una estrategia para evitar que el cese laboral minara su estabilidad financiera.
Además, la trayectoria de crecimiento de la industria bancaria se vio fuertemente desviada por la crisis sanitaria. Entre 2016 y 2019, la tasa de retorno del sistema bancario nacional sobre sus activos había pasado de 1.31% a 1.47% —nada mal— pero para 2021 había caído precipitadamente hasta el 0.94%.
A tres días de la declaración del estado de emergencia, la Superintendencia de Bancos emitió el Acuerdo 2 de 2020, creando el estatus de crédito modificado, lo cual flexibilizó la capacidad de los bancos de reconfigurar los términos de sus carteras de préstamos para así evitar un descalabro financiero, eximiendo tales cambios de largos procesos burocráticos.
Igualmente, el regulador, en conjunto con la Asociación Bancaria de Panamá, comunicaron que los bancos de la plaza favorecerían preservar la estabilidad de las líneas de crédito, en vez de su regularidad, por lo que desistirían de ejecutar garantías crediticias como hipotecas o prendas.
La estrategia sería alargar los préstamos, alivianar la carga sobre los prestatarios, evitar quitar casas y carros, esperando por un regreso eventual a la operatividad regular.
Fuente: SBP
Promedio anual de la tasa mensual de retorno sobre activos de los bancos operativos en Panamá.
Recuperación
Durante el año siguiente a la declaración de emergencia, la Superintendencia de Bancos produciría nuevas regulaciones relativas a los tipos de capital que tienen los bancos, la morosidad posterior a la pandemia, la creciente cantidad de fraudes financieros y los pagos por ACH o transferencia directa —cada vez más utilizados durante el proceso inicial de apertura.
Además, mantuvo el ritmo de la actualización legal del marco bancario a pesar de los cierres, produciendo acuerdos también en relación a la protección de los datos personales que manejan los bancos y la autenticación digital.
Por su lado, los bancos se apegaron a sus políticas de flexibilidad para sus usuarios, lo cual facilitó la reactivación de los flujos financieros una vez la apertura económica comenzó en serio.
Desde entonces, la tasa de retorno sobre activos del Sistema Bancario Nacional pasó de por debajo del punto porcentual hasta más de 1.7% al cierre del año pasado.
Riesgo e interés
A menor riesgo, menor tasa.
Por las últimas dos décadas, el interés del crédito para la compra de las viviendas ha estado moviéndose alrededor del 6%. Este es uno de los financiamientos menos caros, ya que el riesgo es relativamente bajo: en el caso de un impago, el banco puede ejecutar la hipoteca y vender la casa para recuperar el capital.
Algo similar sucede con los automóviles, cuya compra ha sido financiada por el mismo periodo de tiempo en alrededor del 8%. Parte del interés superior obedece a la rápida depreciación de los carros una vez salen del punto de venta, calculándose que pierden un quinto de su valor en el primer año de uso.
Los préstamos personales han estado rondando el 9% y los préstamos comerciales entre el 6% y el 7%. Pero sin duda el crédito más caro es aquel de las tarjetas de crédito, cobrándose cerca del 20% históricamente sobre los saldos pendientes.
Panorama presente
Hoy día, el sistema bancario nacional guarda depósitos por más de $90,000 millones, de los cuales más de la mitad son de depositarios locales. La cartera crediticia, por el otro lado, asciende hasta los $80,000 millones.
Sin sorpresas, la mayor parte de los depósitos locales se concentran en la provincia de Panamá, donde están la mayoría de las casas matrices bancarias del país.
No obstante, en cuanto a cantidad de depósitos, le siguen las provincias de Colón con $1,900 millones, Chiriquí con $1,600 millones y Panamá Oeste con mil millones. En la provincia capital, los depósitos locales ascienden a más de $58,000 millones.
Durante el año pasado, tal sistema bancario reportó más de $6,500 millones en ingresos por intereses, de los cuales $5,000 millones corresponden a los intereses de los préstamos emitidos por estas entidades —6.2% anual en relación a la cartera crediticia.
A su vez, las instituciones del sistema bancario nacional han pagado más de $3,400 millones en intereses sobre depósitos y otros pasivos, por lo que el ingreso neto por intereses ronda los $2,700 millones.
Las comisiones son otra fuente importante de ingresos, con entradas de este rubro para el sistema bancario en 2023 cerca de los mil millones de dólares.
Cabe destacar que en el país hay más de 2,300 cajeros automáticos, de los cuales más de un cuarto son de Banco General.
Y la administración del sistema bancario nacional cuesta alrededor de los $1,100 millones anuales, generando una ganancia de $2,000 millones.
Retos a corto plazo
A pesar de los vientos favorables, están surgiendo nuevos desafíos para el sector bancario.
Uno de los principales es la dependencia parcial de los bancos en el capital extranjero debido al uso del dólar en Panamá. Esto provoca que las tasas de interés locales suban y bajen en relación con la tasa de referencia dictada por el Sistema de la Reserva Federal de los Estados Unidos.
Un entorno de tasas crecientes puede dificultar la realización de operaciones bancarias al aumentar el costo de capital, lo que también reduce la cantidad de crédito disponible para los consumidores bancarios locales.
Otro desafío importante tiene que ver con la condición debilitada de la fuerza laboral en Panamá, en la que el crecimiento de la informalidad se está volviendo desenfrenado. Esto presiona sobre los salarios locales, lo que limita los rendimientos que puede obtener el sector bancario, así como la cantidad de crédito disponible para el público en general.
También, el desarrollo limitado de la innovación en Panamá limita los rendimientos disponibles para la industria bancaria y también la posibilidad de inversiones significativas en investigación y desarrollo.
Según fuentes expertas consultadas para esta nota, las principales preocupaciones en el sector bancario serían la posible pérdida del grado de inversión del país, la situación deficitaria del fondo de Invalidez, Vejez y Muerte de la Caja de Seguro Social, la transición gubernamental y la salida permanente de Panamá de las listas grises.
Lo cierto del caso es que los bancos panameños tienen mucho que sortear y el desarrollo de una mayor confianza bancaria y de nuevos mecanismos de crédito e inversión serán necesarios para evitar ser abrumados por un mundo rápidamente cambiante.
Coda
En esta dupla de notas hemos cubierto la historia bancaria desde los inicios de la República, pasando por los desarrollos de 1938, el impacto de la Segunda Guerra Mundial, la creación de la Comisión Bancaria Nacional en 1970, su reemplazo con la Superintendencia de Bancos y el crecimiento de la industria bancaria nacional a ser una potencia regional.
El sistema bancario nacional ha mostrado su resiliencia sobreviviendo múltiples crisis —1982, 1988, 2008 y 2020— apoyándose sobre su alto grado de liquidez, conservadurismo crediticio e innovación tecnológica.
No obstante, el nuevo panorama financiero internacional obligará al sistema bancario nacional evolucionar nuevamente, quizás aceptando un poco más de riesgo a cambio de empujar la economía panameña frente a un Estado cada vez más fiscalmente inflexible, con la promesa de mejores retornos a mediano y largo plazo.