A poco más de un mes del cambio de gobierno, comienzan a darse pasos importantes hacia lograr la ambiciosa agenda política que planteó en campaña — luego de ganar la elección—el presidente José Raúl Mulino.
Si bien el gabinete que conformó durante el periodo de transición fue aplaudido por sectores empresariales y la sociedad civil organizada, quedan preguntas sobre el manejo político y la forma en la que el gobierno de Mulino se las arreglará para trabajar con una politizada y fragmentada Asamblea Nacional sin mayorías claras.
Aún más, la relación del presidente con el expresidente Ricardo Martinelli, de cara a los retos ya conocidos y los que podrían surgir, también está en tela de duda, pues si bien aseguró en campaña que ayudaría a su amigo, lo robusto de esa mancuerna puede titubear. Incluso, Mulino ha intentado separarse de la figura del expresidente, incluso protagonizando un enfrentamiento público en la red social X, la relación partidista existe.
Metas
Luego de ganar la elección el 5 de mayo con el 34% de los votos totales, Mulino comenzó a afinar su propuesta de reforma del Estado. Ha usado esas exactas palabras para referirse a los cambios a nivel constitucional que asegura impulsará durante su quinquenio.
Además, se ha comprometido a abordar temas como la crisis de la Caja de Seguro Social, resolver las interrogantes sobre la concesión minera y liderar un gobierno de austeridad en materia presupuestaria mientras promete conectar al país con la mega-obra del tren Panamá-David.
En el discurso que dio el 1 de julio en el acto de proclamación, prometió cambiar la forma en la que se hace política y la forma en la que el gobierno interactúa con empresarios y ciudadanos. Dijo —como han dicho varios de sus antecesores— que acabaría con la corrupción y cambiaría las prácticas comunes de burocracia en el Estado.
Impunidad
Todo esto avanza mientras otros —pero cercanos— poderes parecen tener prioridades distintas.
El diputado de la bancada oficialista, Luis Eduardo Camacho (RM 8-2), presentó el pasado 29 de julio un anteproyecto de ley ante el pleno de la Asamblea Nacional. El mismo “dicta disposiciones sobre amnistía, indulto, rebaja de pena y concesión de libertad condicional”. El anteproyecto busca modificar el Código Penal y el Código Procesal Penal.
Juristas coinciden que mucho de lo que ahí se propone son exabruptos jurídicos y que de aprobarse la norma en su estado actual incurriría en varios vicios de inconstitucionalidad.
No obstante, se espera que se le dé primer debate en la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales pronto. Comisión que preside, justamente, Camacho.
Al presentar el proyecto de ley, Camacho aseguró que si bien él es “amigo de Ricardo Martinelli” y que eso “nunca lo va a negar”, la intención no es defenderlo solo a él. En entrevistas posteriores defendió el anteproyecto.
La iniciativa define, de forma amplia y ambigua, el delito político y señala que la amnistía será otorgada por facultad, exclusiva, de la Asamblea Nacional, mientras que el indulto será de facultad presidencial. La iniciativa agrega que quien será beneficiado con estas figuras tendría libertad inmediata y la extinción de la acción penal.
Oposición
La bancada independiente de la Asamblea ha dicho que analizan la propuesta y todo indica que se opondrán a la misma. Organizaciones de sociedad civil como la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, capítulo panameño de Transparencia Internacional, consideran que la misma es un intento de legalizar la impunidad.
En un comunicado presentado pocos días después, hacen un llamado “a todos los sectores políticos y a ciudadanía en general a oponerse a esta iniciativa que debilita la separación de poderes, la lucha contra la corrupción y el crimen organizado, ya que, por legislar para favorecer a una sola persona, se abre la puerta a otros infractores”. En el comunicado, además, instan a los diputados a “priorizar el país sobre intereses partidistas o individuales”.
Distancia
Por su parte, el propio presidente Mulino dijo que la propuesta no tiene su “consenso”. Dijo, pocos días después de su presentación, que acababa de recibir el anteproyecto y estaba analizándolo. Reiteró varias veces que la propuesta no tiene su aprobación y que la estudiará apegado a la ley.
Aún faltan varios pasos hipotéticos antes de que la norma llegue al escritorio del presidente en busca de sanción y quede adoptada por ley. No obstante, todo indica que la misma tiene los 36 votos necesarios en la Asamblea para aprobarse en el legislativo. Quedaría en manos de Mulino sancionarla o no.
¿Quid pro quo?
La realidad es que Mulino y su gabinete necesitarán el apoyo, tanto político como en votos, para avanzar con su ambiciosa agenda y comenzar a ejecutar alguna de esas promesas de campaña.
En una edición anterior analizamos el tridente de poder martinellista al frente de las principales comisiones legislativas. Esa realidad en la Asamblea es la que deben enfrentar Mulino y su gabinete al impulsar su ambiciosa agenda.
La ciudadanía quiere soluciones —lo cual pesa más que la situación política y judicial que tiene Martinelli— y Mulino parece comprometido en entregarlas.
Si los tiempos coinciden con importantes propuestas del Ejecutivo a nivel legislativo, como las reformas a la Caja del Seguro Social y la aprobación del presupuesto general del Estado, podríamos ver un tira y jala importante en cuanto a prioridades y concesiones legislativas hechas por ambas partes.
Sin duda, la iniciativa propuesta por Camacho, de ser sancionada como ley de la República, sería demandada por inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia. Ese fallo, sin embargo, podría demorar y mientras tanto, se lograría lo que sería el gran cometido entre líneas: ayudar al expresidente Martinelli a redefinir su situación judicial.
Pasos
Hoy, en conferencia de prensa, el presidente Mulino anunció la designación del experto actuarial Dino Mon como director de la Caja de Seguro Social. Una referencia en el mundo actuarial y de seguros, Mon tiene amplia experiencia en el sector privado y en instancias de consulta sobre normativa y convenios.
En entrevista con TVN el mes pasado, en el programa De Frente, Mon expuso su visión del problema y planteó la necesidad de hacer cambios integrales, y consensuados, al sistema. Entre ellos, habló de la necesidad de cambios paramétricos, e.g. subir la edad de jubilación.
Tal designación es el primer paso de esa reforma a la que se ha comprometido impulsar Mulino. Anunció que el mes de agosto lo dedicará a reuniones con los distintos sectores para abordar la crisis del programa de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM).
El martes pasado, durante el día, distintos presidentes de partidos políticos, como Ricardo Lombana y José Isabel Blandón, publicaron en sus redes la correspondencia oficial enviada por presidencia que los invita a una reunión para tratar el tema de la CSS. “La idea es abrir la puerta de la Presidencia al diálogo, la conversación y a la exposición de las distintas posturas,” dijo Mulino.
Martinelli también publicó la carta que le hicieron llegar. La redacción incluía un párrafo extra a las otras, donde pedían que el partido le notificara a la Presidencia quién de la junta directiva del partido iría en representación del expresidente, ya que no podría salir de la embajada de Nicaragua sin una posibilidad de ser arrestado.
Tiempos
Mulino dijo que además se reuniría con el sector privado, sindicatos, agrupaciones de asegurados y pacientes, y demás sectores para escuchar distintas perspectivas. Septiembre lo dedicará a informar sobre algunas de las propuestas que ya tiene estructuradas e integrar lo recopilado en las reuniones. En octubre, presentará el proyecto de reforma a la Asamblea.
Anunció, desde ya, que convocará a sesiones extraordinarias en noviembre y diciembre para abordar exclusivamente el tema de la CSS. Su plan de convocar a presidentes de partidos para lograr consensos tal vez no se traslade a la Asamblea.
Todo indica que pocas bancadas siguen líneas partidistas, pues los resultados del 5 de mayo dejaron las cúpulas de los partidos tradicionales extremadamente debilitadas.
Casi todos los partidos han dicho que avanzan procesos de renovación de sus liderazgos.
“Aspiro a tener un manejo amplio, sin imposiciones de ningún tipo, pero tampoco voy a dejar que esto se vuelva eterno. El calendario es el que les he dicho, es el que pretendo seguir,” dijo Mulino sobre su abordaje a la crisis de la caja.
Por los tiempos, la propuesta sobre la Caja podría coincidir en la Asamblea con el proyecto del presupuesto general del Estado, usualmente discutido y consensuado durante el mes de octubre. Esta podría ser otra instancia de disputa entre el Ejecutivo y el Legislativo, pues el plan de austeridad ya anunciado podría impactar el presupuesto de la propia Asamblea.
Porcentajes
Con la primera comparecencia del ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, al pleno de la Asamblea Nacional, se comenzaron a ver cuáles podrían ser los primeros puntos de conflicto. El pasado lunes 5 de agosto, Chapman presentó dos proyectos de ley impulsados por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
Uno, en particular, busca modificar la actual ley de presupuesto para limitar el alcance de la Comisión de Presupuesto en discutir y aprobar traslados de partida. La propuesta busca definir que todos los traslados hasta $5 millones puedan ser aprobados unilateralmente por el MEF, sin necesidad de pasar por la comisión.
La iniciativa no se ha discutido pero generó reacciones adversas de inmediato.
Recorte
Además, del MEF han dicho que se implementarán medidas de austeridad presupuestaria, las cuales sin duda impactarán a la Asamblea.
La presidenta del legislativo, Dana Castañeda (RM 2-3), aseguró que para el año entrante el presupuesto de la Asamblea será de $30 millones menos que este año. Eso pondría el presupuesto aproximadamente en $120 millones para la vigencia de 2025.
En el periodo pasado, no solo la Asamblea aprobaba presupuestos astronómicos, sino que a medida que avanzaba el año se aprobaban, de forma opaca y en secretismo, decenas de millones de dólares en traslados de partida que abultaban aún más el presupuesto de funcionamiento legislativo. Frenar esa práctica debería ser prioridad.
Sobre el presupuesto de la Asamblea, el propio Mulino aseguró que no se destinarán fondos para derrocharlos. “Ante la facultad que tiene la gente de pedir, está la facultad de no dar. No va a haber plata, desde ya se los digo. Y menos para el derroche y el carnaval de irresponsabilidades con que en el quinquenio pasado se manejó esa Asamblea,” dijo en conferencia de prensa la semana pasada.
La negociación sobre cómo se relacionarán el ejecutivo y la comisión de Presupuesto, liderada por el diputado Sergio Gálvez, será otro reto político a superar por el gabinete de Mulino.
La realidad es que el poder del expresidente Martinelli está presente en el Legislativo y sin duda también en la Comisión de Presupuesto.
En una edición anterior desglosamos la realidad financiera que hereda Mulino y contextualizamos cuán grande es dicho desafío. El gran reto del actual gobierno es avanzar con una ambiciosa agenda mientras se reducen gastos y no se frena el crecimiento económico del país.
Controles
También, la Asamblea anunció la apertura del período de postulaciones para quienes aspiren al cargo de Contralor General de la República. El contralor actual, Gerardo Solís, cuyo periodo vence a finales de este año, ha sido ampliamente criticado.
Y la promesa de desburocratizar y cerrar las llaves de la corrupción en instituciones estatales que ha hecho el presidente Mulino depende, en gran parte, de la designación en Contraloría.
Esas postulaciones son decididas, y eventualmente aprobadas, por la Asamblea Nacional. Se trata de otra instancia de poder legislativo donde los intereses de los diputados se podrían contraponer con los intereses del Ejecutivo. La decisión de quién quedará al frente de la Contraloría coincidirá también, en los tiempos, con las discusiones que abordamos previamente.
Futuro
Los retos, laberintos políticos y encrucijadas que deberá enfrentar el actual gobierno, tanto Ejecutivo como Legislativo, no son poca cosa. Con la meta de tramitar las reformas de la CSS antes de diciembre, Mulino se pone mucha presión en mantener armonía con el legislativo. Eso, más la inminente amenaza de que si las propuestas de reforma no son políticamente viables para la ciudadanía, eso pueda desencadenar movilizaciones populares.
Además, condiciona la realidad política y social con la que trabajarán Mulino y su equipo el próximo año. Entre los esfuerzos grandes que asegura abordará con prioridad en 2025 están resolver la situación de la concesión minera en Donoso y comenzar con la propuesta de una reforma constitucional a través de una constituyente originaria.
Esto, sumado al abrumador problema de la migración irregular —el cual solo amenaza empeorar si los verdaderos resultados de la fraudulenta elección presidencial en Venezuela no son respetados y la crisis en ese país se agrava aún más— presenta retos inmensos.
Manejo
Los próximos meses pondrán a prueba —y en evidencia— la capacidad de negociar, consensuar y ejecutar del presidente Mulino y su equipo de trabajo. De cara a grandes cambios y aspectos clave de la reforma integral del Estado que parece impulsar, será sumamente importante comprender, y analizar, cómo decide manejarlos.
La realidad política, la situación legislativa y el control que tienen otros personajes políticos en esas instancias podrían poner contra las cuerdas a un Ejecutivo que, dentro de todo, ha logrado acumular una importante cuota de confianza y legitimidad política en su primer mes de gobierno.