Desde el pasado viernes, 20 de octubre, que se aprobó el contrato minero y fue sancionado como ley de la República, el pueblo se ha tomado las calles en rechazo al mismo y al actuar del gobierno de Laurentino Cortizo. Cierres de vías, protestas multitudinarias y otras demostraciones de hastío han sido la tónica de un país sumido en una crisis resultante del mal manejo de un tema trascendental para el futuro ecológico, económico y cultural de la nación.
El camino a la séptima elección general de Panamá en democracia ha sido —y todo indica que seguirá siendo— controvertido, álgido y trascendental. El domingo, 5 de mayo de 2024, Panamá celebrará sus séptimas elecciones generales en democracia. Ese día, un total estimado de 3.2 millones de panameños podrán participar del proceso para elegir mediante votación directa a los ocupantes de 865 cargos.
En Panamá, el 56% del padrón electoral está inscrito en un partido político. En comparación a la región y el mundo, el porcentaje de inscripción en Panamá es alto. Esto, en un país donde se ha determinado que la ciudadanía tiene poca confianza en las instituciones políticas. Conocer los números de los partidos, grandes y chicos, así como las áreas territoriales con más apoyo para cada uno, nos puede ayudar a entender el fenómeno partidista e intentar descifrar cómo estos altos números de inscripción pueden impactar el proceso electoral del próximo año.
El panorama electoral comienza a aclararse, aunque aún quedan muchas preguntas y suposiciones sobre lo que pasará de aquí a la elección en mayo de 2024. Los tiempos del Tribunal Electoral (TE) —los cuales estipulan que las alianzas políticas deberán ser concretadas siete meses antes de la elección— han sumido al país en un tira y jala entre actores.
Las relaciones entre Panamá y los Estados Unidos, con sus altos y bajos, son una parte integral de cómo se entiende la política panameña. El alcance e impacto de las conversaciones, actitudes y posturas diplomáticas entre ambos países puede ser grande.
Ricardo Martinelli es probablemente el político más popular en Panamá de los últimos 40 años. Su figura es una de contradicciones y extremos, un exitoso empresario que prometió acabar con la corrupción pero que se habría convertido en la cara de la misma, con una designación internacional como corrupto y una condena en primera instancia a 10 años de prisión por blanqueo de capitales.
Septiembre es el mes de las alianzas. Siete meses antes de las elecciones, los partidos políticos tienen que definir si irán —y con quién— en alianza para buscar vencer en las elecciones generales de 2024. Poco a poco comienza a definirse con más claridad el panorama electoral.
El financiamiento político privado se refiere a los fondos provenientes de personas naturales y jurídicas aportados a las campañas políticas. Incluye los fondos propios que puedan aportar los distintos precandidatos o candidatos a cargos de elección popular. El Código Electoral establece las reglas de uso de estos dineros, los topes de donaciones para cada cargo y los métodos de reporte. Veamos qué dice.
El financiamiento público electoral asciende a $109 millones para el quinquenio 2024-2029. Se trata del aporte de dinero contemplado por ley que se destina a campañas políticas y funcionamiento de los partidos políticos. El Código Electoral ordena que el monto destinado para financiamiento electoral será de 1% de los ingresos corrientes del Estado el año previo a la elección.
Después de la separación de Colombia en 1903, se llevaron a cabo elecciones para organizar el Estado, elegir autoridades y conformar las asambleas constituyentes que redactaron las versiones iniciales de la ley máxima. Existía legislación general en materia electoral, bajo la cual se regía el proceso del sufragio y se tomaban decisiones, el grueso de ellas con el Órgano Ejecutivo de turno.