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Si algo define al 2024, son los retos y oportunidades que enfrentan a Panamá. Cruciales son las elecciones de mayo, que definirán no solo qué políticas controlarán el país, sino también qué ritmo tendrá la economía, en una nación donde el Gobierno Nacional y sus instituciones anexas gastan más de un tercio de la producción y sostienen deudas con el sector privado ya por encima de los mil millones de dólares.
Por lo tanto, el liderazgo político que surja impactará también el empuje económico, definiendo la posibilidad de que el país rompa la tendencia hacia el empleo informal y pueda desarrollar nuevas plazas laborales, en regla y bien remuneradas, para salirnos de la ruta hacia la constante inestabilidad social que genera el alza del costo de la vida por encima de los salarios.
Clave en todo esto será el rol que jugará el sector de intermediación financiera (SIF), que procesará todas las órdenes financieras y económicas, no solo porque el sector privado hoy día carga sin justificación con parte de la deuda pública a través de sus cuentas por cobrar, sino principalmente porque la población tendrá que recurrir cada vez más al crédito para mantener un nivel estable de calidad de vida.
De hecho, el saldo de las tarjetas de crédito en el país, que durante la pandemia se había reducido notablemente, ya ha recuperado sus niveles previos al 2020, cerca de los $2,500 millones, y todo parece indicar que seguirá en aumento.
Y el crédito se traduce también en empleo.
¿Cómo se proyecta el inicio del año para el sector financiero y qué dicen las hojas de té sobre su 2024?
Veamos.
Contexto monetario
Valioso recordar primero que Panamá es una economía de dólares.
A diferencia de Costa Rica y sus colones —a 516 el dólar— y Colombia y sus pesos —a 3,958—, la economía panameña opera en dólares y debe ganárselos antes de poder gastarlos.
Esos países tienen la capacidad de ejecutar una política monetaria —en ambos casos a través de un banco central— que les permite, empujando el gasto, intercambiar un alza constante en el costo de la vida a cambio de más empleo.
Panamá, a diferencia, solo cuenta con su política fiscal —el gasto público— para impactar a la economía.
Esta distinción crucial —Panamá es uno de nueve países que no tiene banco central, junto a Mónaco y Tuvalu— es de importancia fundamental para el sistema económico del país, generando, en muchos sentidos, su estabilidad bancaria, pero, quizás también, lentitud en el desarrollo económico.
Se estima que en Panamá hay alrededor de 800 millones de dólares estadounidenses en billetes físicos. Esto, según el Consejo Monetario Centroamericano (CMCA), que lleva la estadística.
Con estos 800 millones de billetes —aunados a sus líneas de crédito—, los bancos panameños han creado un movimiento monetario amplio que rondaría los $10,000 millones.
De hecho, según el CMCA, el factor multiplicador entre la base monetaria y el movimiento monetario en Panamá está por encima de 15, cuando en Costa Rica apenas llega al 2.
Según la Contraloría General de la República, la balanza de pagos de Panamá es deficitaria, lo que significa que hay más presión para que los dólares salgan del país que para que entren. El déficit de la balanza de pagos de Panamá es de cerca de $3,000 millones anuales cuando en 2015 era de $1,200 millones.
Es decir que, cada vez más, los panameños pagan más dólares de los que reciben, aumentando la presión por balancear la diferencia a través de la deuda —tanto pública como privada.
Y, después de todo, ¿cómo llegan los dólares a Panamá? Hay varias avenidas, entre ellas, la intermediación bancaria. Pero una notable es la entrada de extranjeros al país.
En 2022, por ejemplo, entraron a Panamá más de 15 millones de personas. De estas, cerca de dos millones fueron turistas y el resto solo estaban de paso o —en menor escala— eran tripulantes de aviones.
En total, la Contraloría calculó que estas personas dejaron en el país alrededor de $5,000 millones.
La deuda pública es otra forma en la que entran dólares.
El Gobierno Nacional emite bonos y un banco agente recibe los fondos, los cuales transmite o asigna a Panamá a su cuenta central en el Banco Nacional. El gasto de ese dinero, los depósitos bancarios que ocasiona y las compensaciones eventuales, causan que aviones con billetes lleguen al país de vez en cuando.
No obstante, por nuestros patrones de producción y consumo, a largo plazo, más dólares tienen que salir del país que los que entran.
Sosteniendo todo el resto igual, tal realidad puede verse tanto de forma positiva —la salida de dólares merma un poco la presión inflacionaria— como negativa —los panameños deben endeudarse para cerrar en balance.
Gestión financiera
Como vimos en una nota anterior, el sector de intermediación financiera se compone de tres campos distintos: la banca, la inversión y los seguros.
Las estadísticas principales: los bancos hoy día mantienen un saldo de préstamos locales por $60,000 millones, de los cuales casi la totalidad están prestados al sector privado del país.
La cartera de hipotecas es la más grande, con un saldo de $20,000 millones, y siguen las carteras de préstamos al comercio y al consumo personal, ambas por encima de los $10,000 millones.
Por el lado de las inversiones, la Bolsa Latinoamericana de Valores —Latinex— maneja cientos de millones de dólares en transacciones a la semana.
Además, durante 2022, el último año para el que tenemos información completa y válida, se recibió inversión directa extranjera por $2,700 millones, largo trecho por debajo de los más de $4,000 millones anuales que Panamá atraía a mediados de la década pasada.
Y en el campo de seguros, se suscriben más de $1,500 millones en contratos anuales, siendo los ramos más importantes aquellos de salud, vida y automóviles.
Resiliencia
El sector de intermediación financiera —compuesto por estas tres industrias— es uno de los más grandes pero también uno de los más robustos de la economía nacional.
El valor agregado que produce en un año ronda los $5,000 millones, cerca del 7% del producto interno bruto (PIB) del país.
Hasta hace poco este sector era representado por la letra J en la composición del PIB, aunque se cambió recientemente por la letra K.
De todos los sectores de la economía, el SIF fue uno de los que mantuvo la mayor parte de su ímpetu a través de la pandemia, en parte, por la posibilidad de desarrollarse a través de sistemas digitales.
Su crecimiento anual ronda el 5%, bastante en línea con el ritmo nacional.
Usualmente, durante el primer trimestre del año, el SIF aporta un valor agregado al PIB de más de $700 millones, cerca de un quinto de su aporte anual.
Y precisamente por su tamaño, fortaleza e influencia, será este sector el que deberá empujar y ayudar a coordinar a los demás para poder desarrollar actividades productivas que no solo compensen la prohibición de la operación minera del país, sino que sirvan para revertir la nociva tendencia laboral hacia la informalidad, que promete arruinar tanto el esquema nacional de pensiones como también la paz social.
De las dos millones de personas que participan del mercado laboral en Panamá, alrededor del 90% tiene algún tipo de empleo.
No obstante, cerca de la mitad de los empleados son informales. Esto significa que no participan del sistema público de pensiones, no disfrutan de todas las garantías que ofrece el Código Laboral a los empleados registrados en planilla y no están amparados plenamente por el salario mínimo.
En mediciones recientes, el número de informales superaba las 700 mil personas. Y la provisión de servicios de salud y cuidado a esta población —que no cotiza— mientras envejece representará un reto importante para el país, el cual ya empieza a subsidiar, en gran medida, el pago de pensiones por uno de sus sub-sistemas, al agotarse sus reservas.
Todo esto lleva a una gran pregunta: ¿de dónde vendrá el dinero?
Deuda
Lo más obvio es la deuda, tanto del lado público como privado.
En cuanto a lo público, poca duda hay que la siguiente administración deberá continuar —al menos en el corto plazo— con el patrón de acelerado endeudamiento que ha establecido la actual.
Y eso sin contar los saldos pendientes por parte del Tesoro Nacional al sector privado que el Gobierno Nacional simplemente ha optado por no pagar a tiempo.
Pero, ¿qué tanto espacio tiene el país para endeudarse considerando su productividad corriente?
Aunque la deuda pública total ya ronda los $50,000 millones, el saldo total de la deuda por parte de las personas, empresas y bancos panameños está por encima de los $150,000 millones —y en aumento.
Del lado privado, la toma de nuevo riesgo por parte de los bancos panameños está limitada por el conservadurismo que genera no tener un prestamista de última instancia detrás.
Tal límite al riesgo, en general, ha sido beneficioso para el país, en el sentido que ha mantenido la cartera bancaria nacional bastante sólida y estable.
Pero en tiempos cuando la rigidez presupuestaria del Estado aumenta, reduciendo el dinero disponible para inversiones públicas a cambio de pagar deuda, planilla y pensiones, tal conservadurismo bancario podría también limitar el ímpetu económico, hasta ahora sostenido, en parte, por un amplio gasto público.
Prestar más
Los bancos panameños no tienen formalmente un encaje legal —un techo a la cantidad de sus depósitos que pueden prestar nuevamente— por lo que tienen importantes grados de libertad en cuanto al manejo de sus carteras.
No obstante, sí hay ciertas limitaciones.
La principal la establece el Acuerdo 4-2008 de la Superintendencia de Bancos de Panamá. Tal acuerdo fija en 30% la liquidez mínima que deben tener los bancos panameños —la cantidad de dinero líquido frente a sus depósitos totales.
Pero la liquidez bancaria en Panamá nunca ha estado tan baja, al menos no desde la época en que tal acuerdo fue aprobado.
Al cierre de la semana pasada, la liquidez del sistema bancario nacional estaba por 58%, mientras que la de los bancos privados estaba por 45%.
Todo esto significa que, bajo ciertas condiciones, los bancos panameños podrían prestar más dinero para financiar la innovación nacional y a las empresas que proveerán los empleos necesarios para contener la proliferación de la informalidad, pero estos bancos probablemente necesitarán algún tipo de incentivo a cambio de tomar más riesgo.
Cabe notar que uno de los principales obstáculos para esta estrategia es el perfil crediticio general, con el alto porcentaje de informalidad tendiendo a excluir a estos trabajadores del mercado de préstamos, más allá de servicios bancarios básicos, como transferencias.
Fondos públicos
Precisamente por la debilidad económica del sistema de pensiones, el rol que podrá jugar la Caja de Seguro Social en financiar innovación será bastante limitado. Ahora bien, alguna acción tendrá que ser tomada en relación a tal entidad, que consume $7,000 millones en gasto anual, con indicadores de eficiencia y eficacia que no solo preocupan sino que indignan.
Quizás un rol más relevante puede ser ejercido por el Fondo de Ahorro de Panamá, el cual ha logrado crecer a un tamaño notable. Pero incluso tal fondo es víctima de la irregularidad financiera de la administración política actual, la cual decidió no pagar sus aportes anuales a tal alcancía para así dedicar el dinero a otros propósitos.
Nueva fuente
Una nueva posibilidad es que el financiamiento necesario para el impulso nacional venga de la misma clase profesional que hoy está siendo minada en sus perspectivas económicas por el crecimiento de la informalidad.
Un reciente acuerdo de la Superintendencia del Mercado de Valores simplifica de forma importante el proceso para registrarse como un inversionista en Panamá, regularizando y agilizando la apertura de cuentas de inversión por un monto tan bajo como $3,000.
Estas cuentas permitirán a una mayor parte de la clase profesional obtener retornos superiores a los de una cuenta de ahorro tradicional o incluso un plazo fijo, proporcionándoles herramientas para enfrentar el aumento del costo de la vida.
Y no es la primera iniciativa que busca facilitar la inversión: en este periodo legislativo, se presentó y aprobó una ley que permite la apertura de sociedades de emprendimiento, las cuales quedan temporalmente exentas de ciertos impuestos y trámites burocráticos.
Todos estos elementos apuntan a la posibilidad del desarrollo de un mercado de capitales para la innovación a través de los ahorros difusos pero sustanciales de la clase profesional, pero tal desarrollo requerirá mayor cobertura y trabajo para poder prosperar.
Interrelación
A lo largo de todo este recuento, hemos visto cómo el SIF se entrelaza a través de toda la economía, impactando el trabajo, la estabilidad política y social a través de las pensiones, el crecimiento económico y el desarrollo.
Los siguientes cinco años prometen ser muy distintos para Panamá que los últimos 20, con nuevas tecnologías a nivel mundial presionando el rendimiento de la mano de obra nacional y con el principal activo del país —el Canal de Panamá— advirtiendo de las secuelas económicas de contar con menos tránsitos diarios.
¿Podrá el SIF desarrollar estrategias no solo para preservar su tamaño sino expandirlo y a la economía también? ¿Se podrá estructurar un sistema de financiamiento más democrático y abierto para ofrecer empleo digno y luchar contra el alza del costo de la vida? ¿Estarán dispuestos los bancos a asumir una mayor parte del costo del desarrollo nacional, a cambio de retornos más altos pero quizás inciertos?
Vale suponer que las respuestas quizás vendrán más rápido de lo que pensamos.