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Las relaciones entre Panamá y los Estados Unidos, con sus altos y bajos, son una parte integral de cómo se entiende la política panameña.
El alcance e impacto de las conversaciones, actitudes y posturas diplomáticas entre ambos países puede ser grande.
Y con un corrupto designado por los Estados Unidos liderando las encuestas de intención de voto, una vez más puede ponerse a prueba la robustez de la relación bilateral más relevante desde la fundación de la República.
El panorama político y electoral actual involucra a los Estados Unidos y lo que hagan —o dejen de hacer— en materia diplomática.
La relación con quienes construyeron y controlaron el Canal por casi un siglo siempre será complicada.
Ecos del pasado
Con la muerte del general Omar Torrijos en 1982 bajo circunstancias confusas, cambió el trato estadounidense a quienes quedaron al mando de las fuerzas militares y políticas panameñas.
Un hermano de Torrijos, Moisés, sostuvo durante años la tesis de que el accidente donde murió el general fue en realidad un plan de la Agencia Central de Inteligencia, la CIA por su siglas en inglés.
John Perkins, un economista estadounidense y autor del libro Confessions of an Economic Hit-Man, alude a algo similar en su libro.
La agencia de inteligencia ha negado cualquier intromisión y hay poca evidencia que apoye esa tesis, pero la muerte de Torrijos es un punto de partida para la montaña rusa de relaciones entre Panamá y Estados Unidos.
Torrijos sostuvo una relación diplomática y de negociación intensa con el gobierno de Jimmy Carter, del partido Demócrata, mientras se discutían los tratados que devolvieron el Canal a manos panameñas.
Por su lado, los republicanos habían estado divididos.
En enero de 1978, dos de los grandes líderes republicanos de Estados Unidos —Ronald Reagan, entonces gobernador, y William Buckley, editor del National Review— se enfrentaron en un debate transmitido por el canal político C-SPAN para determinar la posición de su ala partidista.
Reagan se opuso a los tratados, indicando que el texto de los mismos era ambiguo y que permitía la expropiación de activos estadounidenses en el país. Además, su firma legitimaría la dictadura de Torrijos.
“Se nos está pidiendo que entreguemos más de $10 mil millones en inversiones, incluyendo hospitales, escuelas e incluso casas de los trabajadores, poniendo a gente estadounidense y al ejército de nuestro país bajo la jurisdicción de un gobierno que no fue electo por el pueblo panameño, sino que mantiene su poder a punta de una pistola”.
Por su lado, Buckley —quien jugó un rol clave en llevar a Reagan a la presidencia— argumentó que el costo de mantener el dominio estadounidense sobre el país era demasiado y que era mejor llevarse bien con los panameños.
“Necesitamos un Canal de Panamá,” dijo Buckley “rodeado de gente que se entienda unida a nosotros bajo una meta en común. Una gente que, cuando miren a los líderes de los Estados Unidos puedan reconocer que, no como resultado de un intento de ganarnos el favor de nadie, sino como resultado de una preocupación por nuestra propia autoestima, somos suficientemente grandes para darle a pueblos pequeños aquello por lo que nosotros luchamos hace 200 años”.
El argumento de Buckley ganó a su partido, llevando a la ratificación de los tratados del Canal en el Senado estadounidense.
No obstante, como bien dijo, convirtió a la democracia panameña en un interés militar estadounidense. Es por esto que Torrijos, luego de obtener la firma de los tratados, sentenció que el país ahora se encontraba “bajo el paraguas del Pentágono”.
Viejas amistades
Luego de la muerte de Torrijos, la dictadura militar que regía en Panamá pasó al mando de Manuel Antonio Noriega.
Noriega también tenía una relación interesante y profunda con Estados Unidos.
Desde su ascenso en las filas militares panameñas, y luego de formarse en la Academia Militar de las Américas —de Estados Unidos— Noriega colaboró cerca con la CIA bajo el gobierno de Reagan. Esto, hasta poco antes de la invasión de 1989.
Las actitudes, acciones y relaciones de Estados Unidos en esa época deben entenderse en el contexto de la Guerra Fría y la política exterior que buscaba alejar del hemisferio toda influencia comunista o de izquierda.
Noriega fue una fuente de inteligencia muy valiosa para ese país y colaboraba con los estadounidenses bajo sueldo.
Permitió instalar puestos de escucha y dejó utilizar el país como base para ayudar a las fuerzas de ese país contra las guerrillas izquierdistas en El Salvador y Nicaragua.
Paralelamente, al momento de convertirse en el líder de facto de Panamá —luego de la muerte de Torrijos— ya colaboraba con capos de la región como un actor clave del narcotráfico en el continente americano.
Reportes señalan que los Estados Unidos sabía lo involucrado que estaba Noriega con el narcotráfico.
Sin embargo, los intereses geopolíticos de la potencia mundial pesaban más, por lo cual no actuó —en ese entonces— en base a las evidencias existentes.
Luego de 1985, las tensiones escalaron al conocerse que Noriega filtraba información al régimen de Fidel Castro en Cuba.
Otro autor estadounidense, Richard Koster, autor de In the Time of Tyrants, escribió: “Llegó al punto donde sus actividades como representante de los carteles de narcotráfico entraron en conflicto con sus actividades como hombre de Estados Unidos”.
Los estadounidenses lo imputaron federalmente por tráfico de drogas y lavado de dinero en febrero de 1988.
Democracia
En mayo de 1989, las elecciones que se llevaron a cabo en Panamá fueron invalidadas por el régimen de Noriega.
Se asumía que el candidato de oposición, Guillermo Endara, había ganado contundentemente contra Carlos Duque, candidato apoyado por los militares.
Noriega resistió la presión estadounidense y en diciembre de ese mismo año declaró a Panamá en “estado de guerra” contra ese país.
La siguiente escena fue la invasión.
Durante 13 días, tropas estadounidenses invadieron Panamá hasta capturar a Noriega, tentativamente el momento más tenso y oscuro de las relaciones entre ambos países.
A la fecha, no se sabe con exactitud cuántos panameños murieron en la invasión de 1989. Algunas estimaciones hablan de 3 mil víctimas y otras de entre 500 y 600.
Guillermo Endara tomó posesión de la Presidencia de la República la noche del 20 de diciembre de 1989 mientras se desarrollaba la invasión estadounidense en suelo panameño.
Según algunos reportes, se juramentó —junto a sus dos vicepresidentes, Ricardo Arias Calderón y Guillermo Ford— en una base militar estadounidense en la entonces Zona del Canal.
Otros aseguran que la toma de posesión se llevó a cabo en territorio panameño.
Diez días después, el Tribunal Electoral reconoció los resultados de la elección realizada en mayo de ese año, la cual había sido declarada ilegítima por los militares.
El regreso a la democracia se hizo de la mano de los estadounidenses, no solo a nivel militar, sino también a nivel económico e institucional.
Dinero de ayuda
En 1989, correspondencia y registros de llamadas telefónicas en los primeros meses de la presidencia de Endara detallan conversaciones con el presidente George H. W. Bush sobre “apoyo” a Panamá.
En enero de 1990, poco más de un mes después de la invasión, Bush solicitó al Congreso de su país que aprobara un paquete de $500 millones en ayuda de emergencia al gobierno de Panamá. La meta era “revertir los efectos de más de dos años de sanciones económicas y de la acción militar en ese país”.
El Congreso estadounidense lo aprobó en mayo de ese año.
Se estipulaban tres rubros principales: recuperación económica, reactivación del sector privado y proyectos de desarrollo.
Según documentos de la fecha ya desclasificados, Bush incluso le pidió perdón a Endara por haber demorado tanto con el paquete de ayuda económica.
Según documentos de la presidencia de Bush, durante una reunión en Panamá en junio de 1992 entre los presidentes de ambos países, Endara explícitamente le agradece a Bush por “ayudar a desarrollar nuestra democracia”.
Vuelve el PRD
Al presidente Ernesto Perez-Balladares (1994–1999) le tocó gestionar los últimos años de presencia estadounidense en el territorio del Canal.
Si bien fue la presidencia siguiente la que celebró la reversión del área canalera, fue la administración de Pérez-Balladares la que administró los últimos años y los acuerdos pendientes.
Se habló, en su momento, de la creación de un centro de lucha contra el narcotráfico en una de las bases estadounidenses que quedaría desocupada a partir de diciembre de 1999.
Según declaraciones dadas por el entonces presidente, el acuerdo no se concretó ya que Estados Unidos buscaba estar en el lugar 12 años y Panamá pedía que se pudiera reconsiderar la cesión después de tres años.
También, explicó Perez-Balladares, los estadounidenses tenían intención de llevar a cabo otro tipo de operaciones en la base además de solo aquellas relacionadas a temas de seguridad y narcotráfico.
“El término dejaba algunas puertas abiertas, más que nada a la interpretación, y nuestra relación con ellos ha sido muy difícil durante este siglo, muy traumática, y ahí iba a quedar siempre la duda de si estas ‘otras misiones’ encubrían una presencia militar para otros propósitos,” dijo el entonces presidente panameño en entrevista con el diario El País.
La base no se concretó en ese momento. Sin embargo, la cooperación en esa materia ha sido coordinada y constante.
Un canal panameño
Durante la presidencia de Mireya Moscoso (1999–2004), Estados Unidos entró en guerra con Afganistán, lo cual definió su política exterior a partir de 2001.
Ya para ese entonces comenzaba a hablarse de un posible tratado de libre comercio entre ambos países.
Moscoso llevó una presidencia apegada al poder estadounidense en varios sentidos. Le tocó navegar los años posteriores a la salida definitiva de Estados Unidos del territorio nacional y el traspaso total del Canal a manos panameñas.
Durante la gestión de Moscoso se aprobaron varios acuerdos militares con Estados Unidos.
Entre ellos, tratados que permitían a agencias federales estadounidenses intervenir en caso de que el Canal de Panamá estuviera en peligro.
También se acordó que fueran fuerzas de ambos países las que patrullaran aguas panameñas como medida de mitigación del narcotráfico.
Armonía bilateral
Al tomar posesión Martín Torrijos (2004–2009), hijo del general que negoció con el gobierno estadounidense, hubo más acercamientos y la relación se mantuvo bastante fuerte.
George Bush —hijo de George H.W. Bush— viajó a Panamá en 2005 y Torrijos hizo lo propio en 2006, con una visita a la Casa Blanca.
Nuevamente se mencionó la lucha contra el narcotráfico y se reiteró lo importante que era Panamá como aliado para Estados Unidos en llevar adelante sus objetivos.
La gestión de esta lucha llevó, en 2008, a la creación del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) en Panamá, el cual se podría considerar el brazo más militarizado de la fuerza pública panameña.
Desde la fecha y hasta ahora, se publicitan constantes capacitaciones y entrenamientos por parte del ejército de Estados Unidos a unidades del Senafront.
Comercio y advertencias
De cara a la elección de 2009, mientras se negociaban alianzas, se supo que la unión ganadora entre Ricardo Martinelli y Juan Carlos Varela se conversó, en sus inicios, en un evento de la embajada de Estados Unidos.
Reportes detallan que ambos políticos hablaron en presencia de la embajadora de ese momento, Barbara Stephenson, el día de la investidura de Barack Obama, en enero de 2009.
La presidencia de Martinelli (2009–2014) está bien documentada desde el punto de vista estadounidense en cables publicados en 2011 en Wikileaks.
Stephenson alertaba a Washington sobre las inclinaciones autoritarias de Martinelli y su desdén por el estado de Derecho y la separación de poderes.
No obstante, las relaciones se mantuvieron fuertes.
Fue durante esa administración que se firmó el tratado de promoción comercial entre ambos países. De cara a este evento, Martinelli se reunió con el presidente Barack Obama en Washington.
Nuevamente, el reiterado tema del narcotráfico y la seguridad de la región fue uno de los asuntos conversados.
Turbulencia
Con el cambio de gobierno y la presidencia de Juan Carlos Varela (2014–2019), las relaciones pasaron por su momento más álgido del siglo XXI.
Bajo el gobierno de Donald Trump (2017-2021), la presencia estadounidense en Panamá, al menos oficialmente, fue más tenue.
Sucedieron también cambios grandes en la postura diplomática mundial de Panamá.
La turbulencia política a lo interno de Estados Unidos como resultado de la presidencia de Trump permeó su política exterior.
El Departamento de Estado de ese país estaba debilitado y los intereses no eran claros.
Luego de que el embajador John Feeley renunciara a su cargo en 2018, el gobierno de Trump no nombró a un sucesor.
Durante cuatro años, Panamá no contó con un embajador de Estados Unidos en funciones.
Feeley renunció, según una carta que fue filtrada a medios de comunicación, por diferencias con la administración de Trump. Sin embargo, fue la cara de la embajada durante momentos clave en Panamá.
En mayo de 2016, Abdul y Nidal Waked, al igual que un grupo de empresas panameñas, fueron incluidos en la Lista Clinton de actividades ligadas al lavado de dinero y el narcotráfico.
La noticia estremeció al país y al gremio empresarial.
Se incluía a empresas ubicadas en Soho Mall, las tiendas Hometek y Felix B. Maduro, y los locales de La Riviera ubicados en la Zona Libre de Colón y en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, entre otros.
Feeley fue la cara del gobierno estadounidense en Panamá para esos tiempos.
El caso contra los Waked no prosperó, ni en Estados Unidos ni en Panamá.
En declaraciones recientes, Feeley admitió que el caso no era tan robusto como se lo habían planteado.
Entra China
Un año después, en junio de 2017, Varela anunció al país que Panamá tendría relaciones diplomáticas con China y las rompería con Taiwán.
Esto, en base al reconocimiento de la política de una sola China.
Feeley, en una entrevista con Sabrina Bacal en TVN en mayo del año corriente, admitió haberse sentido traicionado por el entonces presidente Juan Carlos Varela por haber roto relaciones diplomáticas con Taiwan y el acercamiento de Panamá a China.
Geopolíticamente, el apoyo de Estados Unidos a Taiwán en la histórica disputa entre ambos países es de vieja data.
En octubre de 2018, el segundo secretario de Estado que sirvió bajo Trump, Mike Pompeo, viajó a Panamá y sostuvo reuniones con Varela. En las mismas, Pompeo aseguró a medios de su país que tocaron el tema de China.
El gobierno de Panamá obvió ese detalle de las comunicaciones oficiales sobre la visita.
En sus declaraciones, Pompeo dijo haber advertido a Panamá sobre las intenciones de China relacionadas al ejercicio de control político mediante inversiones financieras.
No obstante, la presencia estadounidense en el istmo para ese entonces parecía estar desarticulada.
Sin nombramiento oficial para ocupar el liderazgo de la embajada, la misma quedó bajo el mando de encargados de negocios.
Alarmas por corrupción
En enero de 2021, Victoria Nuland, viceministra de Asuntos Políticos del Departamento de Estado bajo la administración de Joe Biden viajó a Panamá y aseguró que ese año se nombraría a alguien al cargo de embajadora.
Durante su visita, admitió que el tema de no tener embajador era algo “doloroso” que “avergonzaba” a Estados Unidos.
Desde entonces, dos años antes del nombramiento de Martinelli como corrupto por ese país, ya la tónica de la visita hacía énfasis en ese tema.
Nuland perfiló la lucha contra la corrupción como un pilar clave de la política exterior de la administración Biden.
La actual embajadora, Mari Carmen Aponte, fue nombrada por Biden en octubre de 2021, pero no fue hasta septiembre de 2022 que el Senado de ese país ratificó el nombramiento.
Llegó a Panamá en noviembre del año pasado.
Desde entonces, el enfoque de su gestión ha sido en giras comunitarias y ayuda en logística y movilización.
Por ejemplo, la embajada, a través del Comando Sur, se ha encargado de movilizar las 55 aulas modulares que compró el Estado panameño para hacerle frente al déficit de infraestructura en educación.
No obstante, no titubea en dar declaraciones sobre la importancia de la lucha anticorrupción durante estas giras.
Designación
El 25 de enero de 2023, el día que los hijos del expresidente Ricardo Martinelli regresaron a suelo panameño luego de cumplir una condena en Nueva York por conspirar para lavar dinero procedente del pago de sobornos, el secretario de Estado de ese país, Antony Blinken, anunció la designación de Martinelli como corrupto.
“Los Estados Unidos está comprometido con imponer costos sobre oficiales corruptos que socaven la democracia y el estado de Derecho. Hoy anunciamos la designación del expresidente panameño Ricardo Alberto Martinelli Berrocal por estar involucrado en corrupción significativa” .
La designación significa que ni el expresidente ni su círculo cercano podrán entrar a Estados Unidos.
La decisión fue recibida con aplausos por parte de la sociedad civil panameña enfocada en la lucha anticorrupción, así como por opositores que llevan años denunciando la participación del expresidente y su círculo cercano en distintos actos.
En declaraciones posteriores, Aponte se ha referido a la decisión de su país, asegurando que el mensaje es mantener fuera de sus fronteras a personas corruptas.
Impacto
La designación se dio a inicios del año en que comenzaría el torneo electoral donde el expresidente Martinelli ya había anunciado que buscaría volver a la presidencia.
Tal designación fue vista como un claro mensaje de parte de los Estados Unidos en el contexto del proceso democrático.
De hecho, al preguntarle sobre cómo afectaría que personas en este listado lleguen al poder por elección popular, Aponte reconoció que es “una buena pregunta” pero aseguró que “Estados Unidos trabajará con quien quiera que el pueblo panameño elija como presidente”.
El discurso que reitera Aponte siempre que tiene una oportunidad es que la administración de Biden tiene como pilar de su política exterior luchar contra la corrupción.
Apoyo frontal
Blinken, a nivel internacional, es la cara de esa política.
En la Conferencia Internacional Anticorrupción 2022 llevada a cabo en Washington en diciembre pasado, Blinken aseguró que los Estados Unidos ve la corrupción como un reto de seguridad nacional.
En abril de ese año, el secretario de Estado estuvo en Panamá para una reunión bilateral sobre migración.
No obstante, sacó tiempo de su agenda para reunirse con representantes de la sociedad civil organizada, entre ellas, Olga de Obaldía, de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, organización que recientemente lideró el esfuerzo de quitar de la agenda legislativa un proyecto de ley que derogaría la actual ley de transparencia.
“La corrupción ayuda a impulsar gobiernos no democráticos […] Es la fuente de muchos retos” fue parte de lo que dijo Blinken en Panamá durante esa ocasión.
La presencia estadounidense durante la administración de Biden se ha sostenido sobre dos ejes clave, anticorrupción y la lucha contra el narcotráfico.
En los últimos años, la propia embajada estadounidense anuncia cuando se obsequian helicópteros, aeronaves y otros materiales de defensa por parte de Estados Unidos con la intención de robustecer la capacidad de la fuerza pública panameña.
La cooperación para combatir el crimen organizado entre ambos países es constante, cara y bastante publicitada.
Cooperación judicial
Es sabido que el Ministerio Público panameño trabaja de la mano con autoridades estadounidenses.
Reiteradas veces se anuncian acuerdos, operaciones y reuniones en torno a la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado.
Es un hecho, además, de que algunos de los casos que lleva adelante el Ministerio Público en Panamá —considerados casos de alto perfil— tienen relación con casos ya ventilados en el sistema judicial estadounidense.
Por ejemplo, un juzgado en Nueva York juzgó y condenó a los hijos del expresidente Martinelli. Por ese caso, los hijos del exmandatario están en una lista de imputados.
En 2016, la Procuraduría informó que estaban intercambiando información con autoridades judiciales estadounidenses para intentar obtener toda la información pertinente y llevar adelante la investigación.
Al comenzar el juicio se podrá saber qué tanta información se compartió.
Migración
Recientemente, el tema de la migración irregular en el Darién y los llamados de cooperación a otros países de la región, incluido Estados Unidos, han traído a oficiales de alto perfil de ese país a Panamá.
Por ejemplo, la líder del Comando Sur, la general Laura Richardson, ha visitado el país cuatro veces.
En junio de 2022, visitó los centros de recepción de migrantes en Darién. Y sostuvo reuniones con el presidente Laurentino Cortizo sobre seguridad nacional y fronteriza.
También visitó el país el secretario de seguridad nacional estadounidense, Alejandro Mayorkas. En general, se han sostenido reuniones sobre el tema que han resultado en promesas de cooperación y apoyo monetario y logístico.
Es otro espacio donde la presencia estadounidense en reuniones de alto perfil, foros e iniciativas se ha hecho sentir.
Capital
El tipo de capital estadounidense que apoya a los gobiernos panameños ha mutado con el pasar del tiempo y los cambios geopolíticos en la región.
Si bien ya no son millonarios paquetes de ayuda o alivio económico, son bancos estadounidenses los aliados clave de Panamá para llevar adelante la agenda gubernamental.
En julio de 2019, a menos de un mes de estar en Gobierno, el presidente Laurentino Cortizo viajó a Nueva York.
Allí, se reunió con representantes de las distintas calificadoras de riesgo.
Y firmó, durante ese viaje, un acuerdo de emisión de bonos por un monto de $2 mil millones con Citibank.
Similarmente, en mayo de 2020, con el golpe económico de la pandemia, el Consejo de Gabinete aprobó una línea de crédito entre Citibank y el Aeropuerto Nacional de Tocumen por hasta $25 millones.
La pesca ilegal
Un nuevo tema que se ha agregado a la agenda entre ambos países es la pesca ilegal.
Estados Unidos y Panamá han sostenido conversaciones que permitirían a la potencia norteña posiblemente utilizar las costas del país como un punto de proyección de fuerza —acompañados de barcos panameños— para impedir la pesca ilícita en el Pacífico, en particular, por naves de la República Popular de China.
Tal programa irá, en su fase inicial, hasta 2026, pero se espera que si la colaboración es efectiva, el plazo del mismo se alargue.
De cara a 2024
Con la posibilidad de que un corrupto designado por los Estados Unidos llegue al poder en 2024, se cuestiona la capacidad que tendría una administración panameña para gobernar sin el aval o con mala relación con esa potencia mundial.
¿Cómo serían las relaciones comerciales, diplomáticas y políticas entre ambos países? ¿Empujaría aún más a Panamá a arrimarse a China?
Mientras tanto, la oposición panameña parece estar a la espera de nuevas acciones por parte de Estados Unidos que obstaculicen aún más esa candidatura y posible retorno al poder.
Las acciones que pueda o no ejercer Estados Unidos ante el panorama electoral son distintas a como se supone sucedía en el siglo XX. No obstante, un país como Panamá, con una relación tan arraigada como la que tiene con ese país, enfrenta una gran encrucijada.