A partir del 1 de diciembre el país tendrá dos nuevos procuradores: el nuevo Procurador General de la Nación, quien liderará la gestión del Ministerio Público, y un nuevo Procurador de la Administración.
Así lo anunció el presidente José Raúl Mulino la semana pasada durante su ya habitual conferencia de prensa de jueves. El presidente dijo que al regresar de su viaje a Nueva York, donde representó a Panamá en la Asamblea General de las Naciones Unidas, anunciaría los nombres de las dos personas que nominará para ambos cargos.
“Son dos procuradores nuevos”, aseguró, disipando dudas sobre si mantendría a Javier Caraballo, actual procurador general, en el cargo. Mulino tiene la potestad constitucional de hacer el nombramiento del procurador por un periodo de 10 años. Es uno de esos cargos con períodos largos, como el de magistrado de la Corte Suprema de Justicia y del Tribunal Electoral. Esto, con la intención de crear estabilidad y dar alternancia a quienes lleguen al poder.
Sin embargo, la historia reciente del país refleja todo lo contrario. Desde el regreso a la democracia solo un Procurador General de la Nación ha terminado su mandato constitucional. Durante los cuatro periodos constitucionales que han transcurrido desde 1989 —tomando el cuenta que el primero duró solo cinco años— la procuraduría ha tenido 10 personas a la cabeza.
Desde el regreso a la democracia solo un Procurador General de la Nación ha terminado su mandato constitucional.
Durante los cuatro periodos constitucionales que han transcurrido desde 1989 —tomando el cuenta que el primero duró solo cinco años—- la procuraduría ha tenido 10 personas a la cabeza.
Pasado
El único procurador que terminó su periodo constitucional fue José Antonio Sossa, nombrado por el presidente Ernesto Pérez-Balladares en 1994. Salió del cargo en 2004 cuando Martín Torrijos nombró a Ana Matilde Gómez como su reemplazo.
Anteriormente a Sosa, Rogelio Cruz, designado por Guillermo Endara tras el retorno a la democracia, fue denunciado ante la Corte y eventualmente separado del cargo. Su reemplazo, Jorge Ramón Valdés, culminó el periodo de 5 años que correspondía a Cruz.
Historial de procuradores por periodo constitucional, 1989-2024
| Procurador | Fecha entrada | Fecha salida | Mecanismo de salida | Nombrado por |
|---|---|---|---|---|
| Javier Caraballo | 2021 | 2024 | Periodo | Cortizo |
| Eduaro Ulloa | 2020 | 2021 | Renuncia | Cortizo |
| Kenia Porcell | 2015 | 2020 | Renuncia | Varela |
| Ana Belfon | 2013 | 2014 | Periodo | Martinelli |
| José Ayú Prado | 2011 | 2013 | Renuncia | Martinelli |
| Giuseppe Bonissi | 2010 | 2011 | Renuncia | Martinelli |
| Ana Matilde Gómez | 2005 | 2010 | Separada | Torrijos |
| José Antonio Sosa | 1994 | 2004 | Periodo | Pérez-Balladares |
| Jorge Ramón Valdés | 1992 | 1994 | Periodo | Endara |
| Rogelio Cruz | 1990 | 1992 | Separado | Endara |
Fuente: Ministerio Público, El Tabulario
Inestabilidad
El periodo constitucional que debía cumplir Gómez fue el más tumultuoso de todos. Gómez fue separada de su cargo por la Corte Suprema de Justicia luego de ser juzgada y condenada tras una acusación por interceptación telefónica sin autorización. La destitución de Gómez se dio durante el gobierno de Martinelli y la exprocuradora lo ha señalado como ser quien orquestó su salida.
Gómez fue reemplazada por el abogado Giuseppe Bonissi, quien solo estuvo 10 meses en el cargo y presentó su renuncia en medio de escándalo. Bonissi fue reemplazado por José Ayú Prado. Y Ayú Prado ocupó el cargo hasta que renunció para tomar posesión como magistrado de la Corte Suprema de Justicia, nombramiento hecho también por Martinelli.
Fue finalmente Ana Belfon quien terminó el periodo constitucional que correspondía a Gómez. Belfon estuvo en el cargo hasta la designación de Kenia Porcell como Procuradora General de la Nación.
Renuncias
Porcell, nombrada por Juan Carlos Varela, ostentó el cargo hasta su renuncia en 2020. Su periodo al frente de MP fue uno de fuertes presiones, culminadas con la filtración de conversaciones privadas entre ella y el expresidente Varela que comprometían su independencia. Porcell ha sido, una y otra vez, blanco de críticas por parte del expresidente Martinelli y su entorno, pues la responsabilizan por los múltiples casos por alegados malos manejos abiertos contra funcionarios de su gobierno.
Ante una nueva ruptura del periodo constitucional, Cortizo nombró al abogado Eduardo Ulloa en el cargo en 2020. Ulloa solo ocuparía el puesto poco más de un año, pues renunció de forma inesperada mientras el país enfrentaba los impactos del escándalo por supuestos abusos en albergues de menores bajo la tutela del Senniaf.
Interino
A Ulloa lo reemplazó Caraballo, quien estuvo en interinidad por casi tres años. No fue hasta febrero de 2024, tres años después, que el entonces presidente, Laurentino Cortizo, lo nombró oficialmente en el cargo y la Asamblea ratificó su nombramiento.
El hecho de estar en interinidad condiciona la labor del procurador, pues al poder ser removido en cualquier momento y reemplazado sin intervención más allá que la del presidente, la autonomía judicial del principal fiscal del país se ve condicionada.
Si la cabeza de la institución está en interinidad, esa falta de estabilidad podría permear hasta afectar a los demás fiscales del país.
Orden
“Lo único que tienen que hacer es cumplir con su trabajo de investigar los delitos que competen al Ministerio Público como debe ser, y no de manera sesgada, como ha sido”, dijo Mulino cuando anunció que pronto haría el anuncio. Fue llamativa la forma en la que separó al actual procurador de sus antecesores. “No estoy hablando del actual procurador, sino de sus antecesores y antecesoras”, aclaró.
Los últimos meses de la administración de Caraballo han estado marcados por dos elementos: renuncias y destituciones de fiscales, e investigaciones y operaciones de alto perfil y mediáticas como la Operación Jericó, donde está involucrado el hijo del diputado perredista Raúl Pineda y la Operación Garra, relacionada a partidos amañados en la Liga Panameña de Fútbol.
Dos fiscales que manejaron casos de alto perfil fueron destituidos por Caraballo en junio de este año: Zuleyka Moore y Adecio Mojica. Anteriormente, Aurelio Vásquez renunció a su cargo como fiscal superior. Las destituciones, las cuales se dieron luego de varias rotaciones de posiciones internas, fueron objetadas por los afectados pero Caraballo sostiene que se tratan de cargos de libre nombramiento y remoción. La estabilidad de los fiscales es sin duda una tarea pendiente a lo interno del MP.
La historia demuestra que la estabilidad del cargo del Procurador es también una tarea pendiente a nivel de institucionalidad.
Intereses
Desde que tomó posesión, aunque cada vez menos, Mulino ha hablado de una reforma del Estado y del sistema de justicia. Diputados afines a Ricardo Martinelli y el propio expresidente se han referido en reiteradas ocasiones a los cambios que esperan ver en cuanto a la administración de justicia y la labor del Ministerio Público.
No han sido celosos al manifestar, de forma pública, su alegría por renuncias y destituciones.
Si bien el nombramiento inicial de procurador es potestad del Presidente de la República, el mismo deberá ser ratificado por la Asamblea Nacional. Todo indica que Mulino tiene los votos en el legislativo para ratificar a quien escoja al cargo, con la bancada oficialista y sus evidentes aliados alineados a favor de nombramientos pasados.
No obstante, el paso por la Asamblea transparentará las aptitudes y capacidades, y evidenciará los posibles cuestionamientos que surjan a raíz de los nombramientos.
Peso
Los posibles nombres a liderar la procuraduría son mera especulación. Suenan para el cargo abogados del ámbito privado con poca experiencia a lo interno del Ministerio Público.
La realidad es que el papel del Procurador General de la Nación es extremadamente importante en cuanto a definir una política criminal en el país. Más que un fiscal mayor, el procurador es además el líder administrativo del Ministerio Público, entidad encargada de perseguir el delito a nivel nacional. La voluntad y las prioridades de quien lidera la procuraduría pueden permear en todo el país.
Posibles ataduras de quien sea nombrado a ese cargo con el Ejecutivo y su entorno pondrían en tela de duda la independencia judicial y las motivaciones de la administración entrante.
Mucho recae sobre la designación que decida hacer Mulino. Y, como muchas otras decisiones, dará luces de las manos que mueven el poder en la Presidencia.
La legitimidad que ha cultivado Mulino en los primeros meses de mandato, y la cual hemos analizado a fondo en ediciones anteriores, podría verse afectada dependiendo de a quién designe y cómo dicha designación sea recibida por la ciudadanía, la Asamblea y sus propios cogobernantes.
Administración
Además del Procurador General de la Nación, Mulino deberá nombrar al Procurador de la Administración. También un periodo de 10 años, se trata de un cargo importante pero definitivamente de menos perfil político. Mulino anunció que también será una persona nueva.
Solicitó que “vele con celo los actos de gobierno, que sea bien el asesor del Estado en materia administrativa y que se preocupe por darle seguimiento a los problemas que tiene el Estado en la Sala Tercera de lo contencioso administrativo de la Corte”.
El actual procurador, Rigoberto González, fue nombrado por el expresidente Juan Carlos Varela en 2014. González ha sido parte de importantes momentos en la última década y ha protagonizado varios esfuerzos de rendición de cuentas y transparencia. Además, en medio de la crisis y protestas ciudadanas por el contrato minero en noviembre de 2023, González sustentó ante la Corte la inconstitucionalidad del contrato.
Futuro
Además de los dos procuradores, a Mulino le tocará nombrar a un magistrado del Tribunal Electoral en reemplazo de Eduardo Valdés Escoffery, a quien se le vence su periodo a finales de este año. Además, durante su mandato, deberá reemplazar a cuatro magistrados de la Corte Suprema de Justicia, dos en 2025 y dos en 2027.
De momento, Mulino no ha anunciado cómo llevará a cabo esos procesos de selección. La Constitución detalla que el mecanismo es potestad del presidente. Y el mecanismo transparente y de entrevistas utilizado por Cortizo no está contemplado por ley.
¿Cómo manejará Mulino estas oportunidades? Se tratan de las decisiones más importantes por las cuales podría dejar un legado en materia de justicia. Si el mismo será positivo o negativo para el país, está por verse.