Campañas electorales: un despliegue de millones
El viernes 3 de mayo, a las 12:00 a.m., se acaba el periodo oficial de campaña electoral para entrar en lo que se conoce como los días de reflexión nacional.
En teoría, el viernes en la mañana ya no deberían haber vallas ni afiches pidiendo el voto para los más de cinco mil candidatos a nivel nacional que aspiran a ganar el próximo 5 de mayo en distintos cargos.
Será el cierre de un proceso electoral que vio un despliegue inédito de millones de dólares públicos. El Tribunal Electoral, como parte de la asignación del financiamiento público pre-electoral, aportó a las campañas un total de $54.5 millones a utilizarse en propaganda y gasto de campaña entre el 3 de febrero y el 3 de mayo.
En 90 días, los nueve partidos políticos y los cientos de candidatos por la libre postulación dispusieron de fondos públicos, sumados a fondos privados, para cubrir gastos de campaña y generar propaganda electoral.
Si dividimos el total del financiamiento público electoral entre la cantidad de días de campaña, se destinaron 655 mil de dólares públicos diarios al proceso electoral, solo en propaganda y gastos de campañas, a utilizar a discreción de los partidos y candidatos por la libre postulación.
Estos fondos —cabe aclarar—no incluyen los millones que pueden recaudar cada uno de los candidatos en fondos privados para destinar a distintos fines durante el proceso electoral.
Tampoco se contabilizan los fondos públicos mal utilizados por parte de gobernantes que estén actualmente en el poder. Si bien esto está prohibido, el uso del aparato estatal para beneficiar a votantes, inscritos y políticos es una realidad.
Montos
El sistema de distribución del financiamiento público electoral, es decir, cuánto le toca a cada partido o candidato por la libre postulación, es mixto.
Sin embargo, lo primero es entender cómo se decide cuánto se destinará por quinquenio al financiamiento público pre-electoral. Desde su creación se estableció que el monto total de financiamiento público sería el 1% de los ingresos corrientes del Estado presupuestados para el año antes de la elección.
Como los ingresos corrientes suelen aumentar de quinquenio en quinquenio, el total que se destina al financiamiento público es cada vez mayor. Por ejemplo, para este quinquenio, hubo un incremento de 25% en comparación al monto de 2019.
En el caso de la elección actual, en base a lo presupuestado para 2023, se destinan $109 millones para financiamiento público electoral.
Eso se divide por la mitad: dos mitades de $54.5 millones.
Una mitad es pre-electoral, a desembolsar durante la campaña, y la otra mitad es post-electoral, a desembolsar durante el quinquenio siguiente.
Es el financiamiento pre-electoral el que estamos viendo durante este periodo de campaña en vallas, cuñas publicitarias, videos en redes y recorridos de campaña.
De esos $54.5 millones, un porcentaje se distribuye en partes iguales entre todos los partidos que participan de la elección. El otro porcentaje se distribuye en base a la cantidad de votos obtenidos por cada uno de los partidos en la elección presidencial pasada.
El financiamiento post-electoral se hace en base a los votos recibidos en la elección de este año y se utiliza por los partidos políticos para gastos de funcionamiento y capacitación.
También hay fondos post-electorales que se le asigna los candidatos por la libre postulación en base a los votos recibidos.
Reparto
Como ya mencionamos, el reparto se hace de forma equitativa y en proporción a la cantidad de votos obtenidos en la elección pasada. Al haber ganado, el gobernante Partido Revolucionario Democrático le tocó la tajada más grande, seguido de cerca por Cambio Democrático.
Si el financiamiento público pre-electoral fuera un dólar, unos $0.29 le tocarían al PRD y unos $0.24 a Cambio Democrático.
Los partidos nuevos, como el Movimiento Otro Camino, el Partido Alternativa Independiente Social y Realizando Metas obtienen solo lo correspondiente a la distribución equitativa, ya que no participaron en la elección pasada. Si fuera $1 el total, recibirían apenas $0.03 cada uno.
Reglas
Además de los montos a desembolsar, el Código Electoral también detalla a qué rubros se pueden destinar cada uno de estos distintos financiamientos.
El financiamiento pre-electoral se puede destinar a dos rubros: 30% a gastos de campaña y 70% a publicidad electoral.
Es importante aclarar que estos pagos se hacen en forma de reembolso.
El Tribunal transfiere los fondos una vez se cuenta con la factura correspondiente por el servicio brindado o los bienes adquiridos. Todos los fondos mencionados son fiscalizados por la Dirección de Fiscalización de Financiamiento Público, actualmente dirigida por Isidro Carbonell.
Luego de que pase la elección, el Código Electoral establece el plazo que tendrán cada uno de los candidatos para reportar sus ingresos y gastos. Todos los pagos a ser reembolsados por el Tribunal Electoral deberán contar con factura y mantenerse dentro de los topes establecidos por ley.
Despliegue
Durante 90 días los panameños hemos sido bombardeados con campaña electoral. La cantidad de vallas, cuñas y jingles es pesada. Y es lógico que lo sea, pues se trata de decenas de millones de dólares que circulan en torno al proceso electoral.
Si se siente abrumador, es porque lo es.
Mucho se ha debatido sobre el sistema de financiamiento electoral en Panamá. Hay quienes critican el sistema mixto, pues no consideran responsabilidad del Estado subsidiar campañas de partidos. Por otro lado, hay quienes abogan por un financiamiento totalmente público, evitando así los conflictos de interés.
Lo cierto es que con la culminación de la campaña el jueves, se cierra un periodo de derroche, liderado por algunos, pero sentido por todos.