Fotógrafo: Roberto Cisneros

Desde el pasado viernes, 20 de octubre, que se aprobó el contrato minero y fue sancionado como ley de la República, el pueblo se ha tomado las calles en rechazo al mismo y al actuar del gobierno de Laurentino Cortizo.

Cierres de vías, protestas multitudinarias y otras demostraciones de hastío han sido la tónica de un país sumido en una crisis resultante del mal manejo de un tema trascendental para el futuro ecológico, económico y cultural de la nación.

La carretera Interamericana está cerrada en puntos clave, con escasos camiones de alimentos y combustible abriéndose paso entre los cierres para intentar suplir a la población.

La crisis responde a la aprobación del contrato-ley entre el Estado y Minera Panamá, aprobado por la Asamblea Nacional y sancionado en tiempo récord por el presidente Cortizo.

La saga minera en el último año ha sido confusa y movida, en particular los últimos 12 días.

En la edición de la semana pasada de El Pulso desglosamos por partes el contenido del contrato.

Las acciones del actual gobierno en torno a la aprobación del mismo han sido criticadas, alto y claro, por la población.

Son 47 los diputados que votaron a favor del contrato. Sólo cinco diputados votaron en contra: cuatro de la bancada independiente y la diputada del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Zulay Rodríguez.

Los diputados de la bancada del oficialista PRD cerraron filas en apoyo a los deseos del Ejecutivo al darle trámite legislativo a un contrato-ley en tres días calendario: un debate y aprobación por día.

Cronología de la crisis por la aprobación del contrato minero (2023)

Fuente: El Tabulario

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Arrepentimiento

Ahora, dos semanas después de que aprobaran el contrato de concesión minera por 20 años, algunos diputados se arrepienten. Esto, después de que el pueblo se tomó las calles en todas las provincias del país, con demostraciones, cierres y protestas.

“Errar es de humanos […] Pido disculpas a mi pueblo de Veraguas,” dijo la diputada Fátima Agrazal (CD 9-1) el pasado martes, 31 de octubre, durante la sesión legislativa. “Aquí a muchos nos vendieron un proyecto para los jubilados, a muchos nos tocaron el corazón de otra manera, no con plata,” agregó, asegurando que ella no recibió dinero a cambio de su voto.

De alguna manera, las declaraciones de los diputados demostraron miedo, a su electorado y al movimiento popular.

A seis meses de la elección, muchos podrían estar viendo un desgaste significativo de su gestión y el final de sus aspiraciones a reelegirse.

“Es cierto que fuimos a la Presidencia porque nos lo pidió el presidente y varios diputados […] Yo en ese momento sentía que el proyecto minero iba a beneficiar a Panamá,” dijo Tito Rodríguez (MOL 8-5). “Las explicaciones que nos dieron los asesores del presidente de la República a mi me convencieron […] Hemos quedado muy mal ante la sociedad. Ahora mismo no podemos acercarnos en nuestros circuitos porque nos andan correteando”.

Han habido reportes de grupos de personas, particularmente en el interior del país, que se han acercado a residencias de diputados en sus circuitos en modo de protesta. En la capital, el pasado domingo, 22 de octubre, un numeroso grupo de personas se acercó a la residencia de Cortizo en Punta Paitilla a protestar.

Otros diputados aseguran que votaron a consciencia por lo que creen mejor para el país y se mantienen firmes con esa decisión. Leandro Ávila (PRD 8-2) es uno de ellos, diciendo reiteradas veces que no se arrepiente de su voto.

Lo que es cierto, arrepentidos o no, es que la actitud de los diputados que aprobaron o se abstuvieron de oponerse al contrato durante la votación, de cara al momento que les exige el país, es de apuro e improvisación.

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Confusión

El pasado domingo, 29 de octubre, Cortizo y la presidencia mantuvieron a la población en zozobra por más de dos horas, luego de que se atrasó un anuncio que daría el mandatario al país.

La impuntualidad llevó a la población a especular sobre la salud de Cortizo y las negociaciones tras bambalinas.

Finalmente, poco antes de las nueve de la noche, Cortizo reveló, principalmente, que convocaría a una consulta popular para el próximo domingo, 17 de diciembre de 2023, sobre el apoyo, o no, al contrato minero. También dijo que elevaría a propuesta de ley la moratoria minera que anteriormente había firmado vía decreto ejecutivo.

Luego de que Roger Tejada y Federico Alfaro Boyd, ministros de Gobierno y Comercio e Industrias respectivamente, presentarán ante la Asamblea Nacional los proyectos de ley que prometió Cortizo a la ciudadanía, los diputados debatieron los mismos en primer debate en las comisiones correspondientes.

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Rechazo

En términos generales, la población siente que el llamado a la consulta popular es un “mareo” por parte del gobierno. Argumentan que se busca responsabilizar a la población por la derogación. “La consulta popular está en las calles. El referéndum está en las calles,” dijo en la Asamblea el dirigente sindical Saúl Méndez.

“Dejen de estar haciendo show,” le dijo a los diputados de la Comisión de Gobierno, presidida por el diputado Ávila, durante el primer debate donde se debatía el proyecto de ley que convocaba a la consulta popular.

Sorprendentemente, el lunes 30 de octubre, los tres magistrados del Tribunal Electoral dieron una rueda de prensa donde aseguraron que convocar a una consulta significaba un “esfuerzo adicional y paralelo” a la organización de la elección general del otro año.

Aceptaron que si una ley es aprobada y promulgada que haga la convocatoria, el Tribunal se vería “obligado” a organizar la misma. Esto, siempre que se cuente con el tiempo y los recursos necesarios. Hicieron referencia también a las condiciones necesarias para garantizar el ejercicio de los derechos civiles de los ciudadanos y manifestaron que, de momento, esas condiciones no existen.

Incluso, en el debate en la Asamblea el martes, 31 de octubre, los magistrados tomaron la palabra y dijeron, entre otras cosas, que la prioridad es la elección de 2024. “Desde el mes de febrero el TE ha estado pidiendo una serie de recursos para [la elección de 2024] y hasta el día de hoy hay saldos que no se han entregado,” dijo el magistrado Eduardo Valdés Escoffery.

Al día siguiente, la Asamblea no avanzó con el segundo debate del proyecto de ley sobre la consulta pública. Los diputados enfocaron sus esfuerzos en discutir el proyecto de ley sobre moratoria.

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Tira y jala

Luego de 10 días de protestas continuas, los grupos que se tomaron las calles parecen no unificar criterios sobre cuál es la solicitud particular a las autoridades. Como es de esperarse con movimientos sociales que crecen de forma espontánea, no hay un líder claro ni una postura vertical.

La discusión, de momento, se centra en qué es lo más conveniente para el país en estos momentos en cuanto a la forma más hábil de echar para atrás lo aprobado en el contrato con la mina.

Un grupo de manifestantes, bajo el cual está incluído el Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs), piden la derogación de la Ley 406.

De hecho, durante el primer debate el martes, 31 de octubre, la Comisión de Comercio y Asuntos Económicos de la Asamblea, liderada por el diputado Roberto Ábrego (PRD 13-4), incluyó un artículo para derogar la ley en la iniciativa que presentó el ejecutivo de moratoria minera.

El proyecto de ley 1100, el de moratoria minera con el artículo de derogación fue aprobado en segundo debate ayer, 1 de noviembre. Ahora, los movimiento sociales que lideraron las protestas, con excepción del Suntracs, piden a la Asamblea no derogar, pues apuestan a la vía de la inconstitucionalidad.

Argumentan que la vía de que la Corte Suprema de Justicia declare el contrato inconstitucional es la mejor salida, pues sería un argumento sólido que podría utilizar el Estado ante la amenaza de un posible arbitraje internacional tras demandas interpuestas por la minera contra el país.

Hay opiniones encontradas sobre qué tan mal le iría a Panamá en un arbitraje internacional. Se estima que de incumplir o dar por terminado el contrato de forma unilateral, el Estado tendría que indemnizar a la empresa por un monto en las decenas de miles de millones de dólares. Se trata de una cifra astronómica que corresponde aproximadamente a más de una década de ingresos generados por el Canal de Panamá, principal motor de la economía nacional.

La postura de ir por la inconstitucionalidad es apoyada por otras organizaciones y varios juristas, incluido el analista Rodrigo Noriega.

El movimiento Sal de las Redes, el cual busca impulsar el activismo joven en las calles, más allá de las redes sociales, comenzó convocando a demostraciones frente a la Asamblea durante la aprobación a mediados de octubre. Para la semana pasada, se estima que su convocatoria reunió a más de 100 mil personas en la capital en contra del contrato.

En un comunicado publicado el martes, 31 de octubre, hacen solicitudes a los distintos órganos del Estado. Al Legislativo, le solicitan que proceda con la discusión de la ley de moratoria presentada por el Ejecutivo pero que la misma sea modificada para incluir todos los términos que propuso el Centro de Incidencia Ambiental (CIAM) y el grupo Panamá Vale más sin Minería.

Al Órgano Judicial, piden un fallo oportuno sobre las acciones de inconstitucionalidad contra el contrato. Y al Ejecutivo, que cese con la represión policial hacia los manifestantes en todo el territorio nacional.

De igual forma, el Colegio Nacional de Abogados hizo un llamado a la Asamblea a “no promover soluciones unilaterales que puedan crear mayores riesgos para el Estado Panameño”. Piden dejar a la Corte hacer su trabajo.

El constitucionalista Carlos Bolívar Pedreschi emitió un comunicado donde hace un llamado directo a la Asamblea. “Los diputados de la Asamblea Nacional que ya han producido el daño que el país le reclama en las calles, NO deben colocarnos en otro atolladero jurídico aprobando dicha ley de derogatoria,” plantea.

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Inconstitucionalidad

Desde la aprobación del contrato se han presentado unas cinco demandas de inconstitucionalidad ante la CSJ.

El secretario general de la Corte, Manuel José Calvo, explicó a la población mediante un video publicado en redes el procedimiento que establece la ley para este tipo de trámites.

Agregó, además, que entendiendo el momento que vive el país, es la prioridad de la Corte.

“Queremos asegurarle a todos los ciudadanas y ciudadanos que resolver las demandas de inconstitucionalidad que han sido presentadas contra el contrato-ley 406 es, en este momento, la prioridad número uno de los magistrados y magistradas de la CSJ. Una vez se surtan todos los trámites que demanda el Código Judicial, se emitirá una decisión pronta y de conformidad con la Constitución y la Ley,” dijo.

Parte del proceso ya se ha cumplido. Ambos procuradores, Javier Caraballo, procurador de la Nación, y Rigoberto González, procurador de la Administración, emitieron opiniones sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del contrato, tal como lo exige la ley.

Las opiniones fueron referidas a la Corte, y en ambos casos, los procuradores opinan que se trata de un contrato inconstitucional. Ahora, se abrirá el espacio para que abogados y juristas opinen al respecto por un periodo no menor a 10 días ante la Corte.

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Represión

Así como la movilización ciudadana de los últimos días ha sido histórica, la represión policial contra manifestantes en distintos puntos del país ha sido la misma que en ocasiones anteriores.

El jueves, 16 de octubre, el reportero gráfico Aubrey Baxter fue impactado por un perdigón de pimienta en el ojo a las afueras de la Asamblea mientras daba cobertura a la manifestación.

Luego de ser transferido al Hospital Santo Tomás y ser operado, se confirmó que perdió el ojo derecho.

Ya se presentó una denuncia penal por este caso.

El uso indiscriminado de gas lacrimógeno, las vallas afuera de la Asamblea, el cierre de estaciones de Metro y las detenciones de manifestantes y civiles, que se reportan al final de cada una de las jornadas de protesta que han sido convocadas, caracterizan el ambiente.

Según la propia Policía Nacional, al menos 800 personas han sido detenidas durante las manifestaciones.

Ciudadanos en distintos puntos del país denuncian que el gas lacrimógeno afecta a vecinos en residencias cercanas a los lugares de las manifestaciones y otros edificios como hospitales.

El miércoles, 1 de noviembre, el dirigente de la Asociación de Profesores de Panamá (Asoprof), Diógenes Sánchez fue detenido por autoridades de la Policía Nacional en un operativo confuso y con poca explicación. Fuentes aseguraron que fue liberado horas después junto a otras personas luego de comparecer ante el Juez de Paz de Santa Ana.

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Silencio clave

El vicepresidente de la República y candidato presidencial, José Gabriel Carrizo, ha sido el gran ausente de la discusión pública alrededor del contrato minero. El vicepresidente no ha salido a hablar en nombre del gobierno ni ha dado su opinión acerca de la crisis como candidato a la elección entrante.

Se le critica su ausencia, aún más dado el estado de salud delicado en el que parece encontrarse el presidente Cortizo.

Su única interacción fue publicar un video en redes sociales donde reiteró que el tema minero fue “heredado” de otros gobiernos y que el PRD vencerá si se mantiene unido.

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Cautela

Por su parte, los demás candidatos presidenciales parecen calcular sus reacciones a la situación. Todos habían dado ya sus opiniones sobre la mina, pero la explosión de rechazo ciudadano al tema los ha puesto en jaque, con la ciudadanía pidiendo declaraciones contundentes.

Rápidamente han salido a la luz nexos de los candidatos con el proceso minero, declaraciones anteriores, opiniones que sostenían hace unos meses y cuestionamientos a sus posturas actuales. En notas posteriores, analizaremos las posturas cambiantes de los distintos candidatos y cómo se perfilan ante la problemática minera.

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Avances

Mientras tanto, el proceso electoral continúa.

A seis meses y unos días de la elección, las postulaciones ya están todas en firme y el Tribunal Electoral procede con la publicación de los listados.

Durante el mes de octubre, los partidos definieron su oferta electoral a nivel local, decidiendo cuáles cargos serían postulados en alianza, evidenciando así las fortalezas territoriales de cada uno.

En notas posteriores también detallaremos qué decisiones clave tomaron los partidos políticos que participan de la contienda y cómo se verá el panorama final para las elecciones.

Los dos candidatos que faltaban por anunciar sus compañeros de fórmula lo hicieron el pasado fin de semana.

Ricardo Lombana anunció el pasado viernes, 27 de octubre, al colonense Michael Chen como su candidato a la vicepresidencia. Chen es presidente de la Cámara de Comercio, Agricultura e Industrias de Colón y empresario.

Por su parte, Martín Torrijos, quien corre por el Partido Popular (PP) a la presidencia, anunció a la exministra de Salud, Rosario Turner como su compañera de fórmula. Turner es la única mujer en una nómina presidencial de partidos políticos.

Turner fue ministra durante este gobierno, entre 2019 y 2020.

Fue la cara del gobierno al inicio de la pandemia y su labor al frente de la crisis por covid-19 fue, en términos generales, bien recibida por la ciudadanía. Su salida del gabinete fue confusa y poco explicada. El presidente Cortizo, en su momento, citó el desgaste de la entonces ministra.

Turner sería la primera persona que estuvo vinculada al actual gobierno que se separa del PRD para apoyar las aspiraciones de Torrijos en llegar a la presidencia.

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Poder capitalino

En octubre también se definió la carrera por la alcaldía capitalina en cuanto a los candidatos que postularon los partidos.

Siete hombres se disputarán el control del Municipio de Panamá, el cual para el año 2023 contaba con un presupuesto anual de $310 millones.

Es el puesto a nivel de gobierno local que más presupuesto maneja en todo el país.

Candidatos a la alcaldía capitalina

Fuente: Tribunal Electoral

Finalmente, el partido Realizando Metas (RM), se decidió por postular al diputado martinellista, Sergio Gálvez (CD 8-3), a la alcaldía. Ya en la contienda pasada, Gálvez fue el candidato a la alcaldía por Cambio Democrático (CD), en ese entonces alineado con el expresidente Ricardo Martinelli.

Gálvez apareció en la papeleta de 2019 porque el propio Martinelli fue inhabilitado para correr y era su compañero de fórmula.

Otra sorpresa ha sido la postulación del influencer Mayer Mizrachi por el Partido Popular en apoyo a la candidatura de Torrijos a la presidencia. Mizrachi, quien enfrenta casos judiciales en relación a un contrato con la Autoridad de Innovación Gubernamental (AIG) durante el gobierno de Martinelli (2009-2014), había dicho reiteradas veces que no estaba interesado en buscar un cargo político.

Hemos planteado antes que el proceso electoral de 2024 se perfila complicado y turbulento. Es temprano para decir qué tanto afectará el panorama la crisis actual que vive el país en torno a la minería. Lo que sí parece ser un hecho es que será un tema sumamente importante durante la discusión electoral.