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Después de la separación de Colombia en 1903, se llevaron a cabo elecciones para organizar el Estado, elegir autoridades y conformar las asambleas constituyentes que redactaron las versiones iniciales de la ley máxima.
Existía legislación general en materia electoral, bajo la cual se regía el proceso del sufragio y se tomaban decisiones, el grueso de ellas con el Órgano Ejecutivo de turno.
No fue hasta 1956, con las reformas constitucionales aprobadas ese año, que se creó el Tribunal Electoral (TE) como lo conocemos hoy día.
Fue bajo la presidencia de Ernesto de la Guardia que se concibió al Tribunal como una entidad independiente de los otros órganos, con competencia privativa en materia electoral.
El TE, en cierta forma, está integrado por los tres órganos del estado —Legislativo, Ejecutivo y Judicial— pues cada uno nombra a un magistrado por diez años. Esto de manera escalonada, lo cual significa que los distintos órganos se alternan la responsabilidad de nombrar a los magistrados.
El TE es un ente autónomo y no se rige bajo ninguno de los otros órganos.
Durante la dictadura militar, la existencia del TE estuvo fuertemente vinculada a la Guardia Nacional. Así lo explicó, en conversación con Nueva Nación, el exmagistrado Guillermo Márquez Amado.
Márquez fue magistrado de 1990 a 1996. Entró al TE para terminar el periodo del magistrado nombrado en los últimos años de la dictadura, Aurelio Correa.
A su juicio, en el momento de la invasión de 1989, el Tribunal era una de las entidades más desprestigiadas del país.
Ésto, luego del fraude en la elección de ese año, producto del desmoronamiento institucional que sufrió el país a través de los 30 años de dictadura.
Durante el tiempo de Márquez como magistrado, relata que se intentaron hacer varios cambios a la institución y al organigrama de la entidad. Por ejemplo, se priorizó cambiar, poco a poco, la actitud de la ciudadanía ante el ente electoral.
Sobre la capacidad del Tribunal —en ese entonces y hoy día también— de blindarse de la realidad política del país, Márquez considera que es imposible. “Los organismos electorales aún están en evolución [y tienen] que perfeccionarse”, dice.
De acuerdo al exmagistrado, se necesita de una sociedad comprometida con valores democráticos y morales para mantener un estándar en las instituciones.
En notas posteriores, exploraremos recientes nombramientos y algunas decisiones del pleno del Tribunal Electoral que han sido objeto de críticas.
Tres funciones
El Tribunal tiene tres funciones principales, organizadas bajo tres direcciones nacionales: registro civil, cedulación y organización electoral.
Y sus responsabilidades son varias, detalladas en el capítulo tres de la Constitución.
Primero, debe efectuar las inscripciones de nacimientos, matrimonios, defunciones y naturalizaciones. Ésto, bajo la dirección nacional de Registro Civil, la primera de tres.
El Registro Civil lleva a cabo la inscripción legal de todos los temas civiles que suceden en la república. Según datos del propio Tribunal, se estima que en un año, el Registro Civil puede estar gestionando cerca de un millón de trámites de este tipo.
Esto incluye la inscripción de nacimientos, de matrimonios y la expedición de certificados, entre otros.
El Tribunal también emite la cédula de identidad personal. Ésta es la tarea principal de la dirección general de Cedulación, la segunda de las tres.
El Tribunal Electoral hoy día está encargado de expedir cédulas, cédulas juveniles y carnets de residentes permanentes.
Y en cuanto a la responsabilidad jurídica de los magistrados sobre los temas de registro civil, tienen la tarea de resolver impugnaciones que surjan en torno al estatus civil de los distintos ciudadanos.
Márquez explicó que estos casos pueden ser de suma importancia para las personas involucradas.
Sobre las elecciones
El resto de las atribuciones que le da la ley al Tribunal son principalmente electorales y de independencia jurídica.
Por ejemplo, deben reglamentar la ley electoral, interpretarla y aplicarla y “conocer de las controversias que origine su aplicación”.
El Código Electoral, aprobado por la Asamblea Nacional, rige los procesos electorales y las disposiciones democráticas en cuanto a la selección de puestos de elección popular.
Más allá del Código en sí, el Tribunal Electoral debe decretar reglamentación sobre el proceso, bajo los parámetros del Código.
De cierto modo, el TE expande la legislación constantemente para cubrir bases y atenerse a las realidades actuales de la coyuntura electoral.
Y sobre todo, son responsables de levantar el registro electoral y elaborar el Padrón Electoral para las elecciones. Y además, deben resolver toda controversia, queja o denuncia que haya al respecto.
Bajo este rubro también cabe el tema del registro electoral de panameños en el exterior que tienen derecho a votar en las elecciones generales.
Finalmente, el pleno del TE, conformado por los tres magistrados, emite fallos sobre distintas denuncias y recursos sobre faltas y delitos contra la libertad del sufragio.
La Fiscalía General
La Fiscalía General Electoral es una “agencia de instrucción independiente y coadyuvante del Tribunal Electoral”. Así lo dispone la Constitución en su artículo 144.
El fiscal electoral es nombrado por el Órgano Ejecutivo y debe ser aprobado por la Asamblea Nacional.
Sus funciones incluyen, entre otras cosas, salvaguardar los derechos políticos de los ciudadanos, vigilar la conducta oficial de los funcionarios públicos en torno a los torneos electorales y perseguir delitos electorales.
En caso de que se presenten recursos o acciones en contra de decisiones tomadas por la Fiscalía General Electoral, el TE actúa como segunda instancia.
La Fiscalía Electoral ha sido criticada en los últimos diez años por distintos temas como la parcialidad de sus autoridades y la falta de iniciativa para perseguir posibles delitos electorales que, para algunos, pasan en plena luz del día.
El actual fiscal electoral, Dilio Arcia, fue militante del gobernante Partido Revolucionario Democrático (PRD). Sin embargo, ha asegurado que no hay favoritismos a lo interno de la Fiscalía y que esa relación no influye en su labor.
La mayoría de los casos que ha investigado la fiscalía se centran en cambios irregulares de residencia.
Presupuesto
Otra de las obligaciones que tiene el Tribunal Electoral como entidad autónoma es formular su presupuesto y remitirlo al Órgano Ejecutivo.
Los magistrados del Tribunal Electoral deben asistir a la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional para sustentar su presupuesto.
Fuentes legislativas detallan que la sustentación del TE está programada para el próximo martes, 22 de agosto, pero la fecha puede cambiar.
Para el 2024, se le ha asignado provisionalmente al Tribunal Electoral un presupuesto de más de $230 millones para su funcionamiento e inversión.
En un año electoral, el presupuesto será principalmente para cubrir gastos de funcionamiento, un 94% del total.
En inversión, se tiene previsto destinar alrededor de $10 millones a construcciones de oficinas provinciales y mejoras para los edificios existentes.
Solo en eventos electorales, el monto propuesto asciende a casi $60 millones.
El domingo, 5 de mayo de 2024, se llevará a cabo la elección general, donde se elegirán unos 890 cargos de elección popular.
Presupuesto sugerido para el Tribunal Electoral 2024
| Rubro | Monto |
|---|---|
| Dirección y administración general | $129,368,905 |
| Registro e Identificación ciudadana | $22,789,531 |
| Servicios electorales | $10,366,463 |
| Eventos electorales | $59,999,353 |
| Total funcionamiento | $222,524,252 |
| Construcciones y mejoras | $698,566 |
| Construcción de oficinas provinciales | $9,450,000 |
| Proyectos de apoyo logístico | $1,936,152 |
| Total de inversión | $12,084,718 |
| Total de presupuesto | $234,608,970 |
Fuente: Asamblea Nacional
En comparación al presupuesto del año actual, el año entrante el Tribunal contaría con más de $75 millones adicionales para su gestión.
El grueso del incremento estará en funcionamiento, particularmente aquel de la administración general de la institución. Para 2024, se están presupuestando $70 millones más en ese rubro que lo aprobado para 2023.
Cabe resaltar que —a pesar de no ser un año electoral— en 2023 se llevaron a cabo casi una decena de eventos electorales, entre primarias y procesos internos de partidos.
En cuanto a la ejecución presupuestaria de este año, el TE ha ejecutado a julio pasado un 51% de su presupuesto asignado, unos $82 millones.
En el presupuesto del Tribunal Electoral también está contemplado el subsidio electoral que se le da a partidos políticos y candidatos por la libre postulación.
En una nota posterior explicaremos a detalle cómo se calculan, transfieren y fiscalizan estos millonarios fondos. Como referencia, para la elección de mayo de 2024, se repartirán unos $54.5 millones para gastos de campaña de los partidos e independientes.
Planilla
Según documentos publicados en el portal de transparencia del Tribunal Electoral, la institución cuenta con alrededor de 4,500 funcionarios en planilla a julio de 2023. En total, el monto del pago mensual de la planilla del Tribunal Electoral se eleva a $5.3 millones.
De los 4,449 funcionarios, unos 1,346 son oficinistas de distintos tipos. Otros 273 son agentes de seguridad, 264 son administradores de distintos tipos y 231 son secretarias.
Los funcionarios mejores pagados de la entidad son los magistrados, con un salario de $6,000 mensuales cada uno, y además, $4,000 mensuales en gastos de representación.
Los directores de las distintas oficinas a lo interno del Tribunal devienen salarios similares a los de los magistrados. Por ejemplo, el Director General de Organización Electoral gana $6,500 mensuales, el Director General de Cedulación unos $6,100 y el Director General de Registro Civil, $5,850.
El 61% de los trabajadores de la entidad tiene un salario mensual menor a $1,000.
Salarios de Funcionarios en el Tribunal Electoral
| Rango salarial | Cantidad de funcionarios |
|---|---|
| Menos de $1,000 | 2705 |
| Entre $1,000 y $2,000 | 1378 |
| Entre $2,000 y $3,000 | 241 |
| Entre $3,000 y $4,000 | 92 |
| Entre $4,000 y $5,000 | 41 |
| Más de $5,000 | 42 |
| Total | 4499 |
Fuente: Tribunal Electoral
De los 4,499 trabajadores, 1,457 están contratados como eventuales en la entidad. De esos, 596 fueron contratados este año y otros 497 el año pasado.
De los 3,032 que tienen contratos permanentes, solo 64 fueron contratados este año. El grueso de éstos fue contratado en los últimos 10 años.
El trabajador más antiguo en la entidad entró a trabajar en 1971 y tiene cargo de abogado dentro de la institución.
Iniciativa legislativa
El Tribunal Electoral tiene potestad de presentar proyectos de ley afines a sus funciones constitucionales ante el pleno de la Asamblea Nacional. Además de las reformas al Código Electoral que se consensuan y presentan después de cada elección general, hay otros aspectos legislativos que lidera el Tribunal.
Por ejemplo, deben presentar ante la Asamblea, cuando sea necesario, proyectos de ley que reconfiguran los circuitos electorales —las divisiones políticas bajo las cuales se eligen diputados a la propia Asamblea.
De hecho, en 2022, el TE presentó una iniciativa para aprobar una nueva nomenclatura que incluyera los circuitos pertinentes a la provincia de Panamá Oeste.
Lo presentado por el Tribunal también buscaba reconfigurar algunos circuitos plurinominales con la transferencia de curules, pero esa tarea quedó pospuesta para el 2029.
Los diputados citaron el tiempo como excusa.
También, el TE propuso cambios en la cantidad de diputados de cuatro circuitos en la provincia capital y dos en la provincia de Panamá Oeste.
Según está planteado en la Constitución, el número de diputados siempre se mantendrá en 71, pero su distribución entre los circuitos sí está sujeta a cambios.
En su momento, el entonces magistrado presidente, Heriberto Araúz, explicó que esa reconfiguración “conlleva elementos de orden histórico, geográficos y proximidad y no solo el desplazamiento poblacional”.
Este es uno de los ejemplos de cómo el Tribunal Electoral tiene iniciativa legislativa similar a la que tiene un ministerio o el Órgano Judicial, pues pueden presentarse ante la Asamblea sin amparo de otra entidad.
Cuestionamientos y avances
Desde la elección de 2019, han surgido cuestionamientos sobre la independencia del Tribunal Electoral, la influencia del poder político sobre sus decisiones y la capacidad para salvaguardar el sistema democrático ante distintas amenazas.
El más reciente nombramiento, de la mano de la Corte Suprema de Justicia, fue cuestionado por los lazos del ahora magistrado Luis Guerra, con el partido de gobierno.
Guerra fue ratificado como magistrado del TE el pasado 15 de noviembre de 2023. Llegó con cinco votos de la CSJ, todos de parte de magistrados nombrados por el actual presidente Laurentino Cortizo.
Anteriormente, fue fiscal electoral suplente y miembro activo del PRD. Incluso, presidió la Comisión Nacional de Elecciones de ese colectivo político en 2016. También ha ocupado cargos de elección popular en las filas de ese partido. Fue alcalde de La Chorrera entre 2004 y 2009, durante la presidencia de Martín Torrijos.
En la elección pasada, el Tribunal demoró en certificar resultados de la elección general, dado lo cercano de los resultados entre el ahora presidente Laurentino Cortizo y Rómulo Roux, quien quedó de segundo.
También, han habido cuestionamientos sobre el manejo del sistema de recolección de firmas de apoyo para las candidaturas a la libre postulación. La utilización de la aplicación desarrollada, y supuestas irregularidades con la misma, dificultaron en su momento los esfuerzos de algunos precandidatos.
Por otro lado, el manejo que han dado a los resultados de las distintas elecciones primarias desarrolladas entre julio y julio de este año ha sido positivamente recibido. El sistema de Transmisión Extraoficial de Resultados (TER) ha sido eficaz y rápido en contabilizar votos de forma detallada y desglosada por corregimiento y hasta centro de votación.
Por todo esto, el Tribunal será un actor clave en el desarrollo del proceso electoral del próximo año. No solo tiene responsabilidades claras y profundas en salvaguardar el proceso y asegurar que el mismo se desarrolle en apego a la norma, sino que también tiene la presión de robustecer la confianza ciudadana en la democracia, en creciente deterioro.
Apuntes financieros
Deuda. El ministro de Economía y Finanzas, Héctor Alexander, sustentó el día de ayer el proyecto de presupuesto general del Estado ante la Asamblea Nacional. En tal proyecto, se propone emitir, durante el 2024, alrededor de $8 mil millones en bonos del Tesoro, una cantidad impactante cuando se considera que el promedio de emisión de los últimos tres años ha sido de $4.6 mil millones. Faltará ver si el número cambia una vez se apruebe el presupuesto final, pero la magnitud de la cifra podría indicar que el saldo de la deuda pública se acercaría a los $50 mil millones.
Regulación. Adicionalmente, se está discutiendo en la Asamblea un paquete de reformas a la ley de transparencia y acceso a la información que podría dificultar la participación ciudadana, incorporando más elementos burocráticos a la obtención de información pública de parte del Estado. La Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana y la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa, entre otras, han indicado que, debido al proceso electoral, no es el momento adecuado para reformar tal ley.
Valores. En lo que va de la semana se han negociado más de $66 millones en la Bolsa Latinoamericana de Valores —Latinex— siendo el rubro más movido la venta de bonos, tan solo el lunes, por $42 millones.