En días recientes, el Ministerio de Economía y Finanzas anunció una contención, o reducción, del gasto público por $1,900 millones, cifra considerable cuando se considera que el presupuesto del Ministerio de Seguridad Pública, por dar un ejemplo, es de $1,032 millones.
La decisión viene luego de una serie de advertencias severas por parte de las casas calificadoras internacionales Fitch, S&P Global y Moody’s sobre la debilidad fiscal del país, además de maniobras fiscales agudas e incluso cuestionables tomadas por la última administración política del país, aquella de Laurentino Cortizo.
No obstante, a pesar de estas advertencias, además de esfuerzos por parte del nuevo ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, de reducir el gasto público, el país ha seguido en su trayectoria de crisis fiscal, impulsado por las demandas de gasto público por parte de la Asamblea Nacional para apaciguar múltiples frentes de tensión social.
Esta crisis no acaeció al país de un día para otro, se ha venido construyendo ya por década y media, arruinando por completo las expectativas de solidez fiscal que se habían proyectado a inicios de la década de 2010, cuando el país logró obtener su grado de inversión, reduciendo considerablemente el costo de la deuda pública.
Panamá ha tenido múltiples oportunidades para cambiar de camino, pero una combinación de las presiones del clientelismo populista, la necesidad de calmar la tensión social mediante el gasto público y las promesas desmedidas de candidatos para lograr elegirse han mantenido al país en la senda del gasto sin retorno. Y parece que hemos llegado al final de la ruta.
Irresponsabilidad
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas / El Tabulario
La tradición presupuestaria de que solo se deben usar los ingresos corrientes, es decir, el recaudo de los impuestos y las entradas recurrentes y predecibles como los ingresos del Canal de Panamá, para financiar el gasto corriente, como el pago de planilla, viene principalmente del Reino Unido.
Los británicos adoptaron esta regla, que se consolidó bajo la la gestión presupuestaria del histórico William Gladstone a finales del Siglo XIX, en respuesta a su memoria de los vaivenes dramáticos del gasto público causado por el endeudamiento imprudente y temerario de los monarcas, antes de que el Parlamento tomara por completo control de la cartera pública.
La lógica es que el gasto predecible debe ser sostenido por el ingreso predecible: nada complejo sobre la misma.
De hecho, fue el desvío de los británicos de esta regla durante la última década y media lo que causó que la nueva Canciller del Échiquier, Rachel Reeves, la primera mujer en ocupar este puesto desde su creación en 1221, tuviera que imponer otra vez la vigencia de esta regla, congelando una parte importante del gasto público en ese país, para restaurar su solvencia.
En Panamá, la lógica debió haber sido la misma. Cuando el Canal de Panamá pasó a manos panameñas, la idea era que el tributo continuaría financiando la operación regular del Estado, mientras que las entradas del Canal financiarían un ambicioso proyecto de inversiones públicas en educación e infraestructura, cuyos dividendos permitirían una mayor expansión del gasto público.
Esto no ha fue el caso.
Más de un cuarto de siglo después de obtener control de los flujos del Canal de Panamá, el Estado panameño continúa batallando contra un sistema educativo deficiente, infraestructura demorada y mal planificada, una clase media que no logra obtener un respiro para avanzar sus ambiciones de desarrollo familiar y emprendimiento, y una realidad fiscal que ahuyenta la inversión privada, en vez de atraerla.
Fallando el cumplimiento de la vieja regla fiscal, Panamá optó por endeudarse para ampliar su planilla pública, elevando el número de funcionarios del Estado por encima del cuarto de millón según el registro más reciente, muchos de estos funcionarios protegidos de ser despedidos mediante leyes especiales, que también fuerzan aumentos automáticos de sus salarios.
Según el Ministerio de Economía y Finanzas, el gasto adicional generado por estos aumentos automáticos entre 2020 y 2024 le costó al Tesoro Nacional un acumulado de más de $4,000 millones. Y de hecho, el gasto en planilla para este año se estima en alrededor de $7,000 millones, cerca de tres veces la cantidad de los aportes anuales del Canal de Panamá en sus mejores años.
El peso exagerado de la planilla pública y la incapacidad de la administración fiscal de alterarlo incluso se evidencia en la reciente contención de gasto: de los $1,900 millones que se estarán cortando, cerca de $500 millones corresponde a gasto de funcionamiento, mientras que el restante serán recortes al presupuesto de inversiones del Estado.
Ahora bien, para aclarar, tal presupuesto de inversiones estaba sobre-dimensionado debido a los reclamos ilógicos de gasto establecidos por la Asamblea Nacional, además de reglas arbitrarias de desembolso, como aquella que dice que el gasto en el sector educativo debe ser por 7% del producto interno bruto.
Irregularidad
Para obtener el grado de inversión, Panamá tuvo que aprobar una Ley de Responsabilidad Social Fiscal, básicamente un techo al endeudamiento público, con el propósito de asegurar a sus acreedores de que no estaría sobre-endeudándose, diluyendo el valor de la deuda pública.
Tal ley fue aprobada en 2008 y empezó a regir en enero del 2009. La misma establecía un tope al déficit presupuestario del 1% del producto interno bruto, bajo la lógica de que, mientras aumentara la capacidad productiva de la economía, el Gobierno Nacional podría disponer de un mayor déficit y por lo tanto, de más deuda.
La idea es que la ley se mantuviera fija en el tiempo, dando credibilidad a las finanzas públicas y asegurando a los prestamistas del país de que su inversión tendría calidad en el tiempo y sería repagada.
Saltemos al presente: la ley de responsabilidad fiscal ha sido modificada 10 veces en 17 años, el límite del déficit ha subido a valores absurdos, a veces incluso por encima de 8% del producto interno bruto, y hoy el país lucha por lograr un déficit que quede por debajo del 4% del producto, una situación verdaderamente lamentable cuando se compara a las expectativas domésticas e internacionales a inicios de la década pasada.
Es en parte para asegurar el cumplimiento con esta ley y no tener que modificarla una onceava vez que el ministro Chapman ha anunciado una contención del gasto, aprovechando en parte que el ministerio a su cargo se encuentra redactando los primeros borradores del presupuesto de 2026 y, por lo tanto, dispone de mucha información actualizada a la mano.
Los mercados internacionales están atentos a los anuncios que se den en relación a este presupuesto, el cual será el primero oficial a cargo del ministro Chapman, buscando noticias positivas de que Panamá está enfrentando su gasto desmedido y que podrá garantizar su capacidad de repago a largo plazo.
Presión
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas / El Tabulario
Tal capacidad de repago, por un breve momento esterlina, ya está en entredicho, a pesar de las constantes palabras de apaciguamiento que ofrece el Gobierno Nacional y algunos analistas económicos locales.
El costo de la deuda pública anual ya supera los $5,000 millones, más de dos veces las entradas anuales del Canal de Panamá, lo cual pone en aprietos al país, el cual deberá aumentar de forma exponencial su productividad para poder cuadrar los números en el mediano plazo.
La lógica original de que el Canal de Panamá financiaría inversiones de beneficio público ha quedado desfasada por el rampante gasto del Gobierno Central, utilizándose cualquier dólar extra que entra al Tesoro Nacional sencillamente para pagar a los acreedores internacionales.
Y lo peor de todo es que las casas calificadoras han notado todo este rejuego, advirtiendo a Panamá que si no pone la casa en orden pronto, no tendrán más opción que quitarle el grado de inversión al país, tan pronto como a finales de este año o inicios del próximo, dependiendo de cómo fluya la negociación con la empresa minera First Quantum.
De perder el grado de inversión, el costo de la deuda panameña subiría aún más, forzando al Estado a despedir a empleados y propulsando aún más la inestabilidad social. La ruta de la deuda fácil y el gasto rampante se ha acabado, la pregunta ahora es: ¿para dónde, Panamá?