Tras casi un mes de huelga indefinida, y enfrentamientos con el Gobierno Nacional, el Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares, Suntracs, enfrenta la mayor embestida judicial de su historia. El secretario general del sindicato, Saúl Méndez, está refugiado en la embajada de Bolivia esperando resolución para su inesperada solicitud de asilo político.
Mientras tanto, la cooperativa de trabajadores del Suntracs fue suspendida y su personería jurídica cancelada la tarde del martes, 20 de mayo. Además, se giraron órdenes de aprehensión contra Méndez y el dirigente sindical Genaro López por supuesta estafa y un dirigente chiricano del Suntracs está detenido en la Nueva Joya.
La tarde del miércoles, el Ministerio Público —en compañía de agentes armados— allanó propiedades del sindicato en dos puntos de la capital. La última semana ha sido una gran estocada a la estabilidad del sindicato. La pregunta es si será o no la estocada final.
Todo esto sucede mientras continúan las demostraciones en las calles que claman por la derogación de la Ley 462 que reforma la Caja de Seguro Social, por parte no solo del Suntracs sino también de los gremios docentes.
Asilado
A media mañana del miércoles, 21 de mayo, se supo que Saúl Méndez, secretario general del Suntracs, habría pedido asilo en la embajada de Bolivia, localizada en el barrio de El Cangrejo, en Bella Vista. En la tarde, el canciller Javiér Martínez-Acha dio una conferencia de prensa donde aclaró que Méndez ya se encontraba en el recinto, pues se saltó la cerca de la embajada —una modesta casa en un área residencial— y tocó la puerta a las 2:30 a.m. de ese mismo día.
“Tocó la puerta y con nota en mano solicitó asilo político,” declaró la Cancillería en un comunicado sobre los hechos. Méndez recibe protección temporal en la Embajada de Bolivia mientras ese país revisa el caso con sus autoridades correspondientes.
En Bolivia, es el Consejo Nacional de Refugiados la autoridad que debe evaluar el caso y emitir una decisión. El canciller panameño manifestó que Panamá respetará el proceso boliviano. “Nosotros esperaremos la decisión de Bolivia […] Panamá es respetuoso de la institución del asilo diplomático, pero no quiero ir más rápido del Estado al cual se le ha solicitado el asilo,” dijo.
Mientras tanto, Méndez no ha dado declaraciones ni publicado anuncio alguno. Por su parte, en conferencia de prensa, dirigentes del Suntracs aseguraron que la búsqueda de asilo se debe a que Méndez consideraba que su vida podía estar en peligro y que el gobierno lleva adelante una “persecución política” contra el sindicato y sus dirigentes. El gobierno lo niega.
Antecedentes
El Suntracs nace como un movimiento obrero en 1972, logrando personería jurídica en 1973 y negociando su primera Convención Colectiva con la Cámara Panameña de la Construcción (CAPAC) al año siguiente. Durante la dictadura militar, y la crisis económica y social que atravesó el país, hay cambios en su dirigencia.
Eventualmente, luego del retorno a la democracia, Genaro López retoma el control del sindicato y se unen nuevas figuras a sus filas, entre ellas, Saúl Méndez.
Desde entonces, ha sido un actor social importante, liderando manifestaciones y asumiendo causas. Durante décadas, han sido una potencia en las calles y todos los gobiernos han tenido que tratar, de una forma u otra, con movilizaciones sindicales lideradas por el Suntracs.
Sin embargo, no han sido capaces de ocupar espacios políticos a través de elecciones. El Frente Amplio Democrático (FAD), partido nuevamente en formación, ha sido vinculado al Suntracs. Hasta ahora, no ha logrado superar el 2% necesario para sobrevivir las elecciones. En 2024, Maribel Gordón corrió como candidata por la libre postulación y logró apenas el 1% de los votos. Tampoco han ocupado curules en la Asamblea.
Sin representación política, el único método de incidencia que tiene el Suntracs es en la calle. Esta realidad, sumado al discurso de izquierda y acercamientos a dictaduras latinoamericanas fuertemente cuestionadas, ha creado un ambiente de rechazo generalizado hacia sus métodos y figuras por una parte importante de la población.
Intentos
Han habido intentos de debilitación del sindicato y su alcance en el pasado. Notablemente, durante el gobierno de Ricardo Martinelli (2009-2024), del cual el actual presidente Mulino fue parte, la discusión de la llamada Ley Chorizo en junio y julio de 2010 fue un punto clave.
En su momento, el Suntracs, y muchas otras organizaciones sindicales y gremiales, se tomaron las calles en oposición al proyecto, pues tras amplias modificaciones, la legislación —inicialmente presentada como un proyecto sobre aviación comercial— incluyó modificaciones a reglas laborales, ambientales y penales. Se juntaron, o embutieron, muchos temas en uno solo. Por eso su nombre de ley chorizo.
En el texto aprobado, y posteriormente protestado, se planteó eliminar la obligatoriedad del descuento de la cuota sindical por los empleadores y que ésta pasara a ser voluntaria. Se trataba de una modificación a un artículo del Código de Trabajo. Eventualmente, tras protestas y una histórica represión que dejó muertos y graves heridos, particularmente en la provincia de Bocas del Toro, se mantuvo la obligatoriedad del descuento de la cuota sindical.
El actual presidente José Raúl Mulino dirigía el ministerio de Seguridad en ese entonces.
Momentos
Durante el gobierno de Laurentino Cortizo, el Suntracs formó parte de un importante bloque social que logró poner a la administración contra las cuerdas.
En 2021, hubo protestas multitudinarias por el alto costo de la gasolina y de los alimentos. El Suntracs fue uno de los representados en la eventual mesa de diálogo instalada por el gobierno en Penonomé, que si bien no tuvo resultados trascendentales, fue el escenario donde se negoció y aprobó el subsidio a la gasolina que se mantuvo por el resto de ese periodo presidencial. También se negociaron controles a ciertos precios de la canasta básica.
En 2023, con las históricas protestas en contra del contrato minero, el Suntracs jugó un importante papel. Si bien el movimiento ciudadano que surgió fue más allá de solo el Suntracs, el sindicato participó directamente del levantamiento, ganando tracción y ocupando un espacio importante en la conversación.
Cuentas
Fue entonces, entre octubre y noviembre de 2023, que se anunció el cierre de varias cuentas del sindicato en la Caja de Ahorros. En su momento, se dijo que se habían detectado “movimientos sospechosos” de dinero para el presunto “financiamiento de actividades de terrorismo”.
El Suntracs alegó persecución. Meses después, cuando el caso no avanzó, el abogado del sindicato, Antonio Várgas se pronunció. “Queda claro que la medida adoptada por la Caja de Ahorros tenía un fundamento eminentemente político,” dijo.
En octubre de 2024, la Defensoría del Pueblo, a través de la Institución Nacional de Derechos Humanos, emitió una resolución donde concluyeron “evidente violación de los derechos humanos de asociación y de libertad sindical” por el cierre de las cuentas.
La resolución, además, recomendaba a la Caja de Ahorros restablecer todas las cuentas que mantenía el Suntracs en su entidad bancaria y les sugería “evitar la ejecución de este tipo de acciones y asegurarse de que solo se lleven a cabo cuando se compruebe una acusación de un delito, no de manera anticipada, respetando el principio de presunción de inocencia y el debido proceso”.
Cadena
Ya para ese entonces el Suntracs protestaba las reformas a la Caja de Seguro Social impulsadas por el gobierno de Mulino.
Las tensiones de esa protesta escalaron, y mientras estaba el proyecto en la Asamblea, se dio un enfrentamiento violento a las afueras de la construcción del nuevo Hospital del Niño en la Avenida Balboa, donde un policía resultó herido por un bloque lanzado desde la altura de la construcción. Decenas de trabajadores fueron detenidos y procesados por el Ministerio Público.
Días después, el Suntracs anunció que el Banco Nacional les había comunicado el cierre de sus cuentas bancarias.
No solo creció la tensión política, sino que también subió el tono del discurso de tanto el Suntracs como del gobierno. Méndez y sus voceros se refieren a Mulino como un dictador. Mulino los ha tildado de “maleantes y mafiosos”.
Y ahora, la situación ha escalado, con más y más acciones judiciales que vinculan al sindicato y a su dirigencia.
Detenido
El pasado miércoles, 14 de mayo, fue aprehendido Julio Caballero, dirigente del Suntracs. Se le imputaron cargos y se le ordenó detención preventiva por los delitos de blanqueo de capitales y delitos financieros. Lo último que se supo es que el dirigente sindical está en el centro penitenciario la Nueva Joya. Esto, luego de que su abogado apelara la decisión.
Durante la audiencia de imputación, transmitida por casi todos los medios nacionales, la fiscalía alegó que Caballero habría recibido múltiples transferencias desde cuentas del sindicato en el Banco Nacional, que luego depositó en cuentas personales y de terceros.
Fuerza
Menos de una semana después, el Instituto Panameño Autónomo Cooperativo (IPACOOP) anunció la cancelación de la personería jurídica de la Cooperativa de Servicios Múltiples Suntracs.
En una conferencia de prensa desde la presidencia de la República, las autoridades respectivas dijeron que la decisión se basaba en una auditoría llevada desde el 2022.
Por su parte, el Suntracs alega que se trata de otra acción de presión por parte del Ejecutivo.
Líderes
Pocas horas después de que se diera a conocer que Saúl Méndez buscaba asilo en la embajada de Bolivia, la Fiscalía Segunda contra la Delincuencia Organizada emitió una orden de aprehensión contra Méndez y Genaro López por el delito de estafa agravada, en relación a una investigación vinculada a un terreno en Bocas del Toro. Tal terreno —valorado en millones de dólares— habría sido traspasado al Suntracs.
Según los más recientes reportes, Méndez aún se encuentra en la embajada ubicada en El Cangrejo a la espera de una decisión por parte del gobierno de Bolivia.
Sobre López, no se tiene información sobre su paradero ni indicios de que se haya entregado a las autoridades. Ayer en horas de la tarde Radio Panamá conversó con él: «Yo soy del criterio que tengo que mantenerme firme y mantenerme aquí en el país, no pedir asilo, porque yo no he cometido ningún delito,» dijo.
Locales
En la tarde, personal de las fuerzas de seguridad entraron en formación a las oficinas del Suntracs en Calidonia y en San Miguelito para allanar las mismas.
Los videos divulgados muestran a más de una decena de agentes uniformados y armados entrando a las instalaciones. Los abogados del sindicato que estaban en el lugar cuestionaron la posible falta de una orden de allanamiento emitida por el Ministerio Público. Minutos después, alegan, llegó el personal de la fiscalía con la misma.
Los abogados del sindicato han sugerido que se trata de un acción para «intimidar» y dijo que no se llevaron nada del inmueble más que el acta que recoge los hechos del allanamiento.
Análisis
Para la abogada y activista de derechos humanos, Ana Carolina Rodríguez, la situación con el Suntracs “es el ejemplo más reciente de la deriva autoritaria del gobierno de Mulino” y lo considera una situación sin precedentes.
En cuanto al contexto, considera normal que las agrupaciones sindicales y gremiales protesten en contra de las reformas al sistema de pensiones, pues es algo que ocurren todos los países donde se llevan adelante procesos como estos. Lo que le parece atípico son las acciones que se han tomado.
“Yo sí creo que lo que está pasando es un retroceso democrático,” argumenta y recuerda que el derecho sindical está consagrado en la Constitución.
Vínculo
“Yo no puedo responder por diligencias de investigación […] Serán las instancias del Ministerio Público y posteriormente las del Órgano Judicial las que decidan que se hace y qué no,” dijo el presidente Mulino en conferencia de prensa hoy.
Aseguró que “aunque parezca circunstancial”, las acciones legales no tienen que ver con él. “Yo no investigo a nadie ni mandó a arrestar a nadie. Esa potestad no la tiene el Presidente de la República,” aseguró.
No obstante, Mulino ha sido claro con lo que opina del Suntracs y su dirigencia.
En conferencia del jueves, 13 de febrero, luego del episodio violento en el Hospital del Niño, Mulino envió una advertencia. “Estos señores van a entender el peso de lo que significa la ley y un gobierno dispuesto a no permitir la anarquía seudo sindicalista en este país. Que lo tenga bien claro Saul Mendez y toda su garulilla,” dijo.
“Vamos a ejercer nuestro poder para llevarlos a su mínima expresión,” advirtió.
Justo la semana pasada se refirió a la aprehensión de Caballero. “Vienen otros, porque yo le voy a descubrir a este país la clase de sindicato de la construcción que tenemos,” advirtió. En sus declaraciones queda claro que el presidente está, al menos, enterado de los procesos que se llevan adelante.
El legalismo en el que se basa Mulino para excusarse cuando decide no opinar sobre algún tema no es nuevo.
Reitera una y otra vez que respeta la separación de poderes y que hay cosas que no son su potestad. Cabe recordar que el actual Procurador General de la Nación, Luis Gómez, fue abogado de Mulino. Cuando lo designó, dijo que era alguien cercano a él.
Equivalencias
“El gobierno y las voces afines han querido plantear unas falsas equivalencias. Defender la libertad sindical y los derechos humanos ahora significa estar a favor del blanqueo de capitales y la estafa,” analizó Rodríguez. “Me parece que no es un tema de ideologías ni de falsas equivalencias, es un tema de defensa del estado de Derecho, de la Constitución,” argumenta.
Parte de la estrategia del gobierno parece apelar a las críticas que tiene la ciudadanía hacia el Suntracs, su dirigencia y sus mecanismos de acción, para así contar con el apoyo necesario.
“Hay personas que van a ser presas de esa falsa equivalencia […] Creo que, en gran medida, que a las personas que están en la calle y las personas que están haciendo los movimientos de fuerza y oposición en las calles, esto no les va a mermar su propósito,” argumenta Rodríguez.
Paralelos
Por otro lado, sobre los paralelos entre la situación de Méndez y la del expresidente Ricardo Martinelli, cuyo asilo se resolvió hace menos de dos semanas con su viaje a Colombia, Rodríguez argumenta que el discurso muestra una profunda contradicción.
En conferencia de prensa, el canciller Martínez-Acha dijo: “Este es un país donde se respeta el estado de derecho, es un país donde cada quien tiene la capacidad de defenderse». Fue tajante en decir que Méndez, a su juicio, no es un perseguido político. «El señor Saúl Méndez debe ser responsable, si así la justicia lo requiere, por sus actuaciones como líder sindical, sindicato que se ha desviado de la función social que debe llevar a cabo un sindicato,» dijo el canciller.
Para Rodríguez, muestra evidentes contradicciones en el discurso, pues al expresidente se le definió como un perseguido político y no se hizo un llamado para que cumpliera con su sentencia por blanqueo de capitales.
Crisis
Mientras tanto, Mulino y su gabinete sostienen que no hay nada que modificar ni discutir sobre la ley de la CSS.
“No está en mi capacidad poder solucionar las pretensiones de estos señores. La ley 462 no será revisada,” dijo en conferencia de prensa de hoy jueves. Dijo que la misma fue discutida por meses en el legislativo.
Además, sobre la situación de paro y huelga que atraviesa el país, aseguró que “un alto porcentaje del sector construcción está trabajando” y alegó que ya no están “siendo influenciados, ni mucho menos amenazados, por el sindicato”.
Sobre la huelga docente aseguró que “faltan” y que el impacto de la misma se concentra en la provincia de Veraguas. Dijo que conversara con la ministra de Educación, Lucy Molinar, “para ver cómo vamos a ir poniendo final a esto”. No especificó a qué se refiere ni por qué no lo hizo antes.
Para mayor contexto, en la edición de la semana pasada exploramos la situación nacional y planteamos preguntas sobre la capacidad que tiene el gobierno para hacer frente a los grandes retos sociales y políticos del país.