Luego de más de 20 días de huelga docente y sindicalista, sigue sin haber una hoja de ruta clara para salir de la crisis en la que está inmersa el país. Asociaciones originarias y de productores también se han tomado las calles, creando cierres en distintos puntos del mapa que el gobierno —de la mano de la Fuerza Pública— se empeñan en mitigar.

Ayer se vieron decenas de camionetas del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) llegar al área de Viguí, en el límite de las provincias de Veraguas y Chiriquí, para despejar la vía Panamericana. Reportes hasta hoy jueves en la mañana indican que las unidades del Senafront se mantienen en el área para evitar que quienes protestan vuelvan a tomarse la vía.

También se acerca el Senafront al área de Changuinola, en Bocas del Toro, donde productores bananeros mantienen cierres tras llegar a un impasse con negociadores del Ejecutivo. En su conferencia de prensa de hoy, el presidente José Raúl Mulino aseguró que abrir Changuinola solo depende de que él dé la orden. “Podemos hacerlo, créanme que podemos hacerlo,” dijo.

La percepción es que el volumen de la presencia policial y de fuerzas de seguridad aumenta a nivel nacional mientras continúa la presencia de grupos en las calles. La tensión está aumentando sin una clara salida, pues ambos bandos tildan al otro de intransigente y se cruzan descalificaciones y ataques.

 

Reclamo

Sin duda, el principal clamor en las calles es sobre la Ley 462 que reforma la Caja de Seguro Social, aprobada por 48 diputados de la Asamblea Nacional en marzo y ratificada por el presidente Mulino justo después. La misma fue presentada ante la Asamblea a finales del año pasado y estuvo meses en primer y segundo debate.

Ahora, sectores sindicalistas, particularmente el Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs) y la Asociación de Profesores de Panamá (Asoprof), lideran movilizaciones en las calles en contra de lo aprobado. Piden, directamente, la derogación de la Ley que actualmente rige la CSS y el sistema de pensiones.

 

Grupos

Otros grupos de movilización ciudadana, como Sal de las Redes, también están convocando a marchas en torno a la situación. Si bien Sal de las Redes no convocó a movilizaciones mientras se discutía el tema de la CSS en la Asamblea, hace dos semanas comenzaron a convocar en la Cinta Costera. Inicialmente, todo parecía indicar que los impulsaba el Memorándum de Entendimiento firmado entre Panamá y Estados Unidos, pero también han abanderado la causa contra la Ley 462.

Cabe recordar que Sal de las Redes, en su momento, fue de los principales impulsores de las movilizaciones masivas e históricas contra el contrato minero en 2023, lo cual les dejó una plataforma con mucho alcance. De momento, con esta nueva ola de convocatorias, sus movilizaciones no han superado los cientos de personas.

 

Discurso

En reiteradas ocasiones, Mulino se ha referido a la huelga docente como un “crimen”, enmarcando el resultado —estudiantes del sistema público que pierden clases— como un daño irreparable. En el pasado, el paro docente ha sido una herramienta efectiva de reclamo de los gremios de profesores. La actual ministra de Educación, Lucy Molinar, también ha sido extremadamente crítica de los gremios docentes y sus métodos de protesta.

“Es un crimen que estén usando a sus estudiantes de escudo para protestas políticas o politiqueras. No hay razón, porque no hay nada en el sector educativo en este momento sucediendo como para paralizar el país,” dijo Mulino en conferencia de prensa la semana pasada. Hoy jueves, 15 de mayo, volvió a referirse a la huelga docente como un “crimen”.

 

Agresivo

Mulino, además, ha arremetido, tanto sistemáticamente, como en su discurso, contra el Suntracs y su dirigencia. “La mafia sindicalista a la que nos estamos enfrentando, y eso son, una mafia, tenemos que actuar en concordancia con una mafia. Eso no es un sindicato, y dejó de serlo hace mucho tiempo,” dijo en conferencia de prensa hoy jueves.

Replicó la noticia de que ayer habría sido aprehendido un dirigente del Suntracs en Chiriquí, presuntamente en relación a blanqueo de capitales. “Vienen otros, porque yo le voy a descubrir a este país la clase de sindicato de la construcción que tenemos,” advirtió.

Repitió, además, el argumento de que los sindicalistas han estado en la junta directiva de la CSS por décadas y han sido cómplices de sus problemas. “Yo no los he visto pedir disculpas,” dijo.

 

Violencia

Por su parte, la ministra Molinar dijo que se han dado situaciones tensas en distintos planteles educativos a nivel nacional. Aseguró que un grupo de trabajadores del Suntracs tiró piedras a un plantel educativo, afectando el carro de una profesora. “Tenemos otras escuelas que nos han dicho que llegan grupos de personas a intimidar, a gritar, a insultar […] Así no,” dijo. No especificó dónde sucedieron estos hechos.

Hizo un llamado: “Por favor volvamos a clases. Hay derecho a pelear causas, pero no a costa de nuestros niños,” dijo a los medios de comunicación.

Se han reportado otros casos de violencia. Ayer miércoles, en el Hotel Sheraton, en la capital, mientras se llevaba a cabo una reunión internacional del Consejo de Ministros de Trabajo de Centroamérica y República Dominicana, un grupo de miembros del Suntracs protestaban afuera. La Asociación Panameña de Hoteles emitió un comunicado reportando que habrían lanzado objetos hacia el hotel, impactando las puertas de vidrio.

En Horconcitos, Chiriquí, también se reportó un incidente donde una niña resultó herida en la cabeza. Luego de que circulara el video, la Policía Nacional emitió un comunicado asegurando que investigan los hechos y desvinculándose de los mismos, aclarando que ellos no usan objetos punzo-cortantes ni contundentes.

 

Respuesta

Mientras tanto, Asoprof denuncia represión desmedida ante lo que ellos aseguran son manifestaciones pacíficas. Desde hace semanas, todos los días, Asoprof convoca a una concentración en la Vía España y caminan por la Federico Boyd y los inicios de la Calle 50. El martes, 13 de mayo, videos muestran cómo la Policía Nacional se instaló en el área para evitar el paso de la marcha.

Asoprof lo calificó de una “emboscada” y varios de los manifestantes fueron detenidos, algunos con el uso de fuerza que quedó plasmada en videos. Estas situaciones también se dieron en el interior del país. El gremio docente denunció detenciones en Las Tablas y en Veraguas.

En el área de Viguí se dieron otros casos de fuerte represión alrededor de la vía Panamericana. Allí, detuvieron a representantes de grupos originarios. Moradores del área, además, han denunciado cómo los gases lacrimógenos que se utilizan para dispersar los cierres afectan a sus comunidades y a personas que viven cerca a la vía principal.

 

Administrativo

A nivel nacional, distintos planteles educativos reportan que más o menos la mitad de los maestros no están yendo, lo cual ha afectado la asistencia estudiantil. Algunos planteles continúan dando clase, uniendo salones, lo cual crea más carga para los profesores que no están en huelga.

La ministra Molinar anunció que habrá un descuento de la primera quincena de mayo a los profesores que no están yendo a trabajar. Ese mensaje lo replicó el Contralor General de la República, Anel Flores. Algunos profesores certifican que ya vieron reflejado el descuento de su quincena.

Otro método de presión administrativa, anunciado el pasado miércoles, fue el condicionamiento del pago del Programa de Asistencia Social Educativa Universal (Pase-U) efectuado por el Instituto Nacional para la Formación y Aprovechamiento del Recurso Humano (IFARHU). El pago está agendado para finales de este mes y, en una publicación reciente, el IFARHU recordó que una de las causales para la suspensión del pago es “incumplimiento de la asistencia a los centros educativos”.

No queda claro el criterio que utilizará el IFARHU para hacer esta distinción, pero sin duda se trata de otra medida de presión para mermar el paro docente.

 

Fuerza

La historia se repite en distintos puntos del país. Salen personas a la calle, cierran la vía principal, llegan grandes unidades de la fuerza pública, dispersan la protesta usando gases lacrimógenos y abren el paso. Luego, se repite lo mismo en otro punto.

 

Fuente: Policía Nacional / El Tabulario

 

El presidente Mulino ha sido contundente y no ha variado en su discurso: “Implantar el orden público es una de las situaciones más difíciles. No es agradable, no lo es, pero tengo que hacerlo. Yo no voy a permitir que este país quede secuestrado otra vez por Suntracs o por los amigos del Suntracs,” dijo el presidente Mulino.

“Al costo que sea, este país no se va a trancar,” agregó en la conferencia de prensa de hoy.

Por su parte, el ministro de Seguridad Pública, Frank Abrego, aclaró que todas las unidades de la Policía Nacional, del Senafront y del Servicio Nacional Aeronaval han sido llamadas a trabajar. La meta, dijo, es “garantizar el libre tránsito a través de toda la República, que es un derecho consagrado en la Constitución”.

 

Líder

Ábrego es un hombre de fuerza. Se graduó en la escuela militar General Francisco Morazán de Honduras en la década de 1980. Luego de una carrera dentro de la fuerza pública panameña, fue el primer director general del Senafront, ocupando ese cargo desde 2008, con la creación de la entidad, hasta su jubilación en 2016.

A la cabeza de Senafront lideró el plan de Movilidad Total, impulsado por el gobierno de Ricardo Martinelli y bajo el liderazgo de Mulino, quien en ese entonces era ministro de Seguridad. El plan se enfocó en operaciones de inteligencia en la selva del Darién, con apoyo del Comando Sur de Estados Unidos, enfrentando al crimen organizado y a estructuras vinculadas a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Actualmente, se considera a Ábrego uno de los ministros más allegados a Mulino. Recientemente, ha tomado mayor protagonismo por el papel que jugó en los controvertidos acuerdos firmados con los Estados Unidos, pues fue quien firmó por parte de Panamá.

 

Trancado

“¿Qué voy a dialogar yo sobre el Seguro? Nada. Eso es ley de la República,” dijo en conferencia de prensa la semana pasada el presidente. Esta semana replicó el mensaje: “Es imposible derogar esa ley”. Agregó que, en todo caso, no es el Ejecutivo el que deroga, sino la Asamblea Nacional.

“Es imposible pensar que 48 diputados electos democráticamente hayan votado a favor de una ley para hacerle daño al país o a los asegurados o a los no asegurados, eso es impensable sinceramente,” dijo el presidente. Mulino sostiene que la ley fue apoyada a lo interno de la Asamblea por suficientes sectores políticos y, por ende, no tiene por qué variar en su postura.

Aseguró, además, que a su parecer el país “no está en convulsión” y que las cosas no han llegado a un límite que requiera de otras medidas como la suspensión de derechos constitucionales. “No hemos llegado a eso,” dijo.

 

Bocas del Toro

Mientras tanto, en Changuinola, Bocas del Toro, uno de los sindicatos de trabajadores bananeros estuvo sentado hasta ayer en una mesa de conversación con un equipo ministerial del Ejecutivo conformado por la ministra de Trabajo, Jackeline Muñoz, el ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, y el director de la CSS, Dino Mon.

Buscan llegar a un acuerdo sobre las consideraciones para los agremiados bananeros en torno a lo que dispone la nueva ley de la CSS. El Ejecutivo mantiene que lo aprobado no los afecta, pues ellos están amparados por una ley especial. No obstante, el Ejecutivo se comprometería a reglamentar la nueva ley para ser explícitos en esa exclusión.

De momento, no se ha llegado a un acuerdo.

El acceso a Changuinola permanece cerrado, con productores y comerciantes del área gravemente afectados. Mulino, por su parte, aseguró que, si él da la orden, abre Changuinola sin problema. «No lo he querido hacer para rescatar esa mesa de conversaciones y salvar [las] 7,300 plazas de trabajo,» dijo.

Mulino sostuvo una reunión la semana pasada con el presidente de Chiquita Panamá, la empresa bananera más grande en el área. Poco después de esa reunión, se anunció el cierre de tres fincas.

Su meta, dijo Mulino en conferencia de prensa, es que la empresa no cierre operaciones. «Pareciera que no entienden que se van a quedar sin empleo para siempre,» dijo Mulino sobre el sindicato bananero. Se espera que se retomen las conversaciones antes del cierre de la semana.

Por su parte, Mon dijo que la CSS haría un trabajo de prevención en materia de salud con los trabajadores bananeros. «Mi impresión desde que llegué a la provincia es que hay un reclamo válido de mucho tiempo atrás, no atendido, en términos de salud ocupacional, que tiene al trabajador en desesperación y molesto,» dijo.

El director de la Caja validó ciertos reclamos, y aseguró que implementarán un plan para examinar a los más de siete mil trabajadores afectados.

 

Cadena

Para el politólogo Harry Brown, analizar la situación actual requiere “ampliar la mirada”.

En el programa dominical Radar, de TVN Noticias, Brown planteó que “estamos inmersos en un periodo de protestas,” refiriéndose a las movilizaciones de 2022 y 2023. Concluye, parcialmente, que Panamá ya no es un país estable, políticamente hablando. “Una de las características que tenía Panamá, que mostrábamos al mundo, era nuestra estabilidad política. Eso casi que podríamos decir que se acabó,” argumenta.

Esto por dos razones: la privación relativa, refiriéndose al sentir ciudadano de que la situación económica es mala y no puede mejorar, y a la falta de representatividad política, ampliamente estudiada y medida en el país.

Sobre la representatividad, plantea que ciertos actores no tienen espacio político para hacer valer realmente sus posturas. Aclaró que no se refiere solo a los sindicatos.

“¿Cómo un sistema político puede generar una ley que el 60% de la población rechaza?” se pregunta, usando una cifra de una reciente encuesta sobre la ley de la CSS. “Es a través de [un] sistema de representación que no involucra a toda la población,” plantea.

 

Salida

Tanto del lado del Ejecutivo como de los sindicatos y gremios, fluyen insultos, descalificaciones y aseveraciones de que no hay nada que conversar, pues para unos las demandas son claras y para otros, la ley es la ley.

La realidad es que el desfase del sistema político panameño le impide poder atender la situación actual.

La solución del diálogo ha sido completamente desprestigiada por gobiernos pasados y por falta de resultados. El propio presidente Mulino ha dicho, una y otra vez, que el no tiene nada que dialogar. Por su parte, quienes se toman las calles, no piden que los escuchen sino la derogatoria de la ley.

A escasos 10 meses de gobierno, la inestabilidad del sistema actual es evidente. Tras años de protestas, debemos cuestionar la capacidad que tenemos de salir de esta crisis.