Marcha

El Ministerio de Relaciones Exteriores argumenta que la reciente tensión con Estados Unidos ha dado paso al fortalecimiento de una cooperación bilateral ya existente, pero la falta de claridad y coherencia en su comunicación ha generado dudas sobre la veracidad de su mensaje.

Expertos locales, entre ellos historiadores y abogados, han señalado que las concesiones otorgadas por el gobierno panameño al estadounidense podrían contradecir los tratados internacionales sobre el Canal, debilitando así la posición jurídica del país en caso de que sea necesario defender su soberanía sobre la vía interoceánica.

La exmagistrada de la Corte Suprema de Justicia, Graciela Dixon, expuso su postura en el programa radial En Perspectiva. “El artículo quinto [del Tratado de Neutralidad] dice [que] después de la terminación del tratado del Canal de Panamá sólo, y subrayo la palabra sólo, la República de Panamá manejará el Canal y mantendrá fuerzas militares, sitios de defensa e instalaciones militares dentro de su territorio”.

Planteó, además, que justamente para eso el Tratado de Neutralidad fue colocado para su adhesión por varias naciones del mundo. “Precisamente para que se reconociera como un tratado multilateral en el cual los estados se comprometían a asegurar, a respetar y garantizar la neutralidad del canal de Panamá,” explicó.

El nuevo acuerdo que permite presencia militar extranjera en el país es operativo y no meramente simbólico, y es altamente probable que Estados Unidos comience a movilizar personal hacia Panamá, con miras a reactivar antiguas bases militares en las entradas del Canal tanto en el Pacífico como en el Atlántico.

Este es un momento crítico para el país y requiere una participación ciudadana activa en el debate público. De lo contrario, la población podría quedar excluida de las nuevas estructuras políticas que se configuren en función de estos intereses emergentes. El panorama severo exige pro-actividad, interpretaciones útiles y claras, y más redes ciudadanas.

Manejo

El sistema político panameño otorga amplios poderes al Presidente en materia de política exterior, de manera similar al modelo estadounidense. Esto permite al Ejecutivo tomar decisiones sin requerir consulta pública directa.

Aunque esta concentración de poder se justifica con el argumento de la legitimidad electoral, en la práctica ha generado problemas, dada la inconsistencia diplomática del país. Panamá suele proyectar una política exterior basada en principios —apoyo a la democracia, protección ambiental— pero en la práctica actúa con pragmatismo y lógica de supervivencia.

Durante el gobierno de Juan Carlos Varela, se establecieron relaciones diplomáticas con China bajo la premisa de lograr un equilibrio entre los intereses de China y Estados Unidos. Sin embargo, la falta de inversión en un cuerpo diplomático profesional, así como el nombramiento de allegados políticos en lugar de diplomáticos de carrera, ha debilitado la capacidad del país para sostener esta estrategia.

En este contexto, el argumento estadounidense de que el Canal está bajo influencia china y es una zona insegura —el puente construido por China visto como una herramienta de sabotaje, por ejemplo— han afectado la imagen internacional de Panamá, sin que haya habido un esfuerzo sólido para contener el desboque de inexactitudes y falsedades.

Hasta el momento, el Gobierno Nacional ha optado por alinearse con los intereses de Estados Unidos, buscando evitar fricciones. Si el país accede a ciertas solicitudes estadounidenses sin hipo, técnicamente no es una afectación a la soberanía, aunque la comunidad internacional percibirá sin mucho problema el claro sesgo nacional.

No obstante, el Departamento de Defensa estadounidense excluyó en su comunicado oficial una cláusula que reconocía la soberanía panameña sobre el Canal, lo cual indica que Panamá habría otorgado concesiones significativas —como la creación de áreas restringidas para uso exclusivo de tropas estadounidenses— sin recibir garantías fundamentales a cambio.

La gran pregunta es, ¿qué tanto Panamá logró contrarrestar las solicitudes iniciales de Estados Unidos? El manejo diplomático de la situación, sin duda fue complicado, pues resultó pocos días después en la salida del vicecanciller Carlos Ruíz-Hernández, quien se sabe manejaba el grueso de las negociaciones.

Política

En la edición previa de El Pulso, se abordó el debate sobre la política exterior que debería adoptar Panamá en este escenario. Es poco probable que haya cambios, ya que la política exterior está bajo el control del presidente y tanto él como su gabinete han cerrado filas en defensa de su mensaje y postura.

No obstante, la Asamblea Nacional ha comenzado a cuestionar el proceso, con una treintena de diputados argumentando que el memorando de entendimiento firmado por el canciller Javier Martínez-Acha podría constituir un tratado no ratificado, lo que contravendría la Constitución. Estos diputados han propuesto su censura y destitución, aunque aún no cuentan con los votos necesarios.

Como medida de presión, los diputados han bloqueado la ratificación de los embajadores designados para Francia y Austria hasta que el canciller comparezca ante la Comisión de Relaciones Exteriores. Y esta estrategia parece estar dando resultados, ya que el presidente anunció que Martínez-Acha acudirá a la Asamblea a explicar la postura del Ejecutivo la próxima semana.

La diputada de la Coalición Vamos, Walkiria Chandler (VAMOS 8-2), miembro de la esa comisión, explicó que la misma “acuerpa” el llamado al voto de censura y bajo esa premisa se acordó eliminar del orden del día la comparecencia de los embajadores.

La relación entre el presidente Mulino y la Asamblea es tensa.

En declaraciones recientes, el presidente ha sugerido que, de retomar el tema minero, lo haría a través de una asociación directa entre el Estado panameño y la empresa minera, precisamente para evitar el escrutinio legislativo, reconociendo públicamente que no cuenta con una bancada que respalde sus iniciativas en la Asamblea. Además, Mulino admitió no tener bancada legislativa. Esto podría explicar su escueta agenda legislativa, pues no se han presentado mayores proyectos impulsados por el ejecutivo ante el legislativo.