Debate

La Asamblea Nacional pospuso la votación en segundo debate del proyecto de reforma de la Caja de Seguro Social (CSS) luego de un retraso en el inicio de la sesión del jueves y la presentación de nuevas propuestas de modificación. Se tenía previsto votar a finales de esta semana en segundo debate, pero discordia sobre las nuevas modificaciones y argumentos de violaciones al reglamento legislativo retrasan el debate.

Aún quedan preguntas sobre la metodología de votación, lo cual sin duda será clave para avanzar con el segundo debate. No obstante, si es posible que la Asamblea apruebe un proyecto antes del cierre de mes.

Son más de 300 modificaciones al texto de la reforma producida por la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social que tendrán que ser aprobadas o rechazadas, por lo que el proyecto avanzado hoy es muy distinto al plan inicial presentado por el Ejecutivo.

El aumento de la edad de jubilación, que alguna vez fue un pilar central, ha sido postergado para revisión dentro de seis años.

Uno de los puntos más importantes de la nueva propuesta es la fusión de los fondos del sistema mixto y el sistema solidario en un solo fondo común.

Se habla de mantener las cuentas individuales, pero en la práctica se transforman en simples registros contables —nocionales— sin respaldo real en cuentas segregadas. Lo cotizado por cada trabajador ya no existe como un patrimonio separado; será parte de un gran pozo administrado por la CSS.

Y mientras la Asamblea avanza su debate, el tema de la CSS no permea totalmente en la sociedad. El exdiputado y líder político Juan Diego Vásquez lo dijo en una entrevista reciente: la sociedad no está teniendo el debate de la CSS.

Los temas principales de conversación parecen ser las posturas agresivas de Donald Trump, la posible reapertura de la mina y los vaivenes del interés preferencial para la compra de hogares.

¿Cómo reaccionará el país cuando se apruebe algo que quizás nunca entendió?

 

Expertos

Recientemente, un grupo de análisis de la división de inversión de Bank of America vino a Panamá para monitorear la condición del país. Tal grupo ve en Panamá una oportunidad interesante de inversión, confiada en que el proyecto de reforma de la CSS avanzará antes de que culmine marzo, dando así paso a la discusión minera. Su visión parte de conversaciones con banqueros, empresarios y expertos locales.

El sentimiento popular, que no aparece en informes financieros, es mucho más incierto.

Los analistas de Bank of America reportan que el Tesoro Nacional tendrá que financiar $998 millones anuales para robustecer las reservas de la CSS, una cifra ajustada desde los más de $1,400 millones propuestos en algún momento.

 

Conexión

El presidente José Raúl Mulino ha condicionado su apoyo a la reforma de la CSS a que esta sea conveniente para el país. No precisó si esto significa que tal reforma debe conservar sus tres pilares iniciales: aumento de aportes patronales, aporte estatal fijo y el aumento de la edad de jubilación.

De aprobarse un proyecto inconveniente, Mulino ha advertido que lo vetará. Pero tal veto reiniciaría todo el proceso, postergando una vez más la solución al déficit de la CSS y arrastrando al país a otro ciclo de incertidumbre.

El dilema de Mulino es evidente: necesita resolver la CSS para liberar espacio político y abordar el tema minero. Las pensiones y la minería son vasos comunicantes del plan fiscal de Mulino. Si uno colapsa, arrastra al otro.

 

Minería

El proceso de la posible reapertura minera no será inmediato.

Según el informe de Bank of America, el reinicio de las conversaciones formales entre el gobierno y First Quantum Minerals podría extenderse por meses. Sin embargo, el Gobierno Nacional apuesta a que tan solo el anuncio del diálogo tranquilizaría a mercados e inversores.

De acertar en su apuesta, el Gobierno compraría tiempo y disiparía el riesgo de una nueva degradación crediticia.

No obstante, existe un dilema. Por un lado, el Gobierno sabe que la mina representa empleos y quizás mayor estabilidad social. Por otro lado, no puede ignorar el rechazo social que el proyecto despertó en 2023, cuando la aprobación del contrato minero desató movilizaciones sin precedentes.

El camino trazado incluye varios pasos.

Primero, permitir la venta de un cargamento de 121 mil toneladas de concentrado de cobre almacenado, bajo el argumento de evitar un posible daño ambiental. Segundo, realizar una auditoría ambiental independiente, con apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo, para validar las condiciones de reapertura. Tercero, medir el pulso ciudadano con encuestas y campañas educativas sobre los beneficios y riesgos de la minería. Y cuarto, enfrentar el escollo político más complejo: la derogación de la ley de moratoria minera, aprobada en el punto álgido de las protestas de 2023.

Según los analistas de Bank of America, First Quantum paga $13 millones mensuales para mantener la mina en buen estado, con una planilla básica de 1,300 trabajadores.

Al mismo tiempo, el reloj avanza hacia la audiencia final del arbitraje internacional avanzado por First Quantum, programada para 2026. Tanto el Gobierno Nacional como la empresa tienen un incentivo compartido: llegar a un acuerdo negociado antes de que el proceso legal cruce el punto de no retorno.

Mulino ha dicho, reiteradas veces, que para sentarse a hablar con la empresa minera, se tendrían que suspender los procesos de arbitrajes contra Panamá.

En este tablero, la minería y las pensiones se entrelazan. Mulino juega en dos mesas al mismo tiempo, consciente de que si pierde una, se tambalea la otra.

 

Puertos

La adquisición por una empresa subsidiaria de la gigante financiera BlackRock del grupo tenedor de las concesiones portuarias a ambos extremos del Canal ha reavivado la discusión sobre la soberanía y el control estratégico. Aunque el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, mencionó en su discurso que su país está recuperando influencia en el Canal, la realidad es más compleja: Panamá sigue siendo el otorgante de la concesión y tendría derecho a negociar términos con el nuevo operador. Aún no está claro si esta adquisición fue impulsada por una iniciativa de BlackRock o si hubo un acercamiento previo desde el gobierno estadounidense.

No obstante, valdría la pena subrayar que Trump mencionó la compra en su discurso y aún así indicó que Estados Unidos recuperaría el Canal, sugiriendo que la identidad del operador portuario no agota para él y su gobierno la cuestión canalera.

El Senado de Estados Unidos, por su parte, considera que se necesitan acuerdos firmados entre las autoridades militares estadounidenses y el Canal de Panamá sobre seguridad física y cibernética. Ya se firmó un acuerdo sobre lo segundo, quedando la pregunta de si se formalizará un acuerdo sobre lo primero.

El Gobierno Nacional, ante todo esto, lleva una campaña oficial reafirmando la soberanía sobre el Canal, aunque omitiendo momentos clave de su historia reciente en función a su conveniencia política. En un entorno donde las decisiones clave parecen estar tomándose fuera del país, la capacidad de negociación de Panamá será puesta a prueba en los próximos meses.