Durante la elección del nuevo contralor en el pleno de la Asamblea Nacional, el veterano diputado del Partido Revolucionario Democrático, Crispiano Adames (PRD 8-3), dejó en entredicho que Anel Flores, quien resultó electo para el cargo con 47 votos, le pidió el voto a su favor.
La frase evidenció varias cosas. Adames la dijo en justificación de su voto favorable para Flores y como la principal razón para no votar por Carlos Barsallo, candidato apoyado por la coalición legislativa independiente. El diputado del PRD aseguró que Barsallo no le pidió el voto. “En la política hay que saber pedir el voto para recibirlo o no recibirlo,” dijo.
No sabemos cómo, cuándo, ni bajo qué parámetros Flores pidió el voto del diputado Adames o si lo pidió a los demás diputados.
La elección del Contralor, según la constitución, se efectúa en el pleno de la Asamblea Nacional. Los interesados en ocupar el cargo deben presentar sus credenciales ante la secretaría general del órgano legislativo y luego, de ese listado, podrán ser nominados por los distintos diputados ante el pleno.
Al momento de la votación solo había dos opciones: Flores y Barsallo. Flores logró los votos de todas las bancadas de los partidos tradicionales, con un total de 47 votos a favor. Barsallo acumuló los votos de la Coalición Vamos, del Movimiento Otro Camino y de la diputada Patsy Lee, del Partido Popular. Logró 24 votos en total.
Reacción
Jorge Bloise (VAMOS 8-4), tildó lo dicho por Adames de “excusa barata”. A su parecer —dijo en el pleno— el contralor no va a un cargo de elección popular, sino que debe ser elegido en base a su hoja de vida y se debe buscar a quien tenga el mérito académico y profesional para desempeñar tal cargo.
Bloise también cuestionó que incluso se admita que se pidió el voto de apoyo para este tipo de candidaturas.
En el pasado, cuestionamientos sobre aquellos que han ejercido este cargo han estado fundados en los vínculos que han tenido los contralores con quienes están en el poder, tanto ejecutivo como legislativo. Se les ha cuestionado por dejar pasar malos manejos y no investigar cuando es necesario. Expertos, diputados y la ciudadanía organizada claman independencia a lo interno de la Contraloría.
Plazo
La función de la Contraloría General de la República y el Contralor están contempladas en el capítulo tres de la Constitución.
Se trata de un organismo estatal independiente cuyos titulares, —el contralor y el subcontralor— ocupan cargos de cinco años que empiezan a partir de enero después del comienzo de un nuevo período presidencial.
Es por eso que Gerardo Solís, actual contralor, ocupará el cargo lo que queda de 2024 y Flores asumirá el cargo a partir del 1 de enero de 2025.
Flores, chiricano de nacimiento, es empresario. Su experiencia en el sector público es prácticamente nula. Al nominarlo, el diputado de Realizando Metas (RM), Jamis Acosta, se refirió al desenvolvimiento privado de Flores. “Hemos tenido contralores que vienen del sector público y que no han demostrado nada,” dijo. “El país necesita de personas que sepan de administración, no solo inclinadas a la administración pública”.
Nexos
El nuevo contralor estuvo inscrito en el PRD hasta 2013, fecha en la cual presentó su renuncia al colectivo.
En un comunicado que circuló en ese entonces, dijo que la decisión la tomaba porque el partido se habría convertido “en un colectivo secuestrado por el clientelismo electorero, el amiguismo que pisotea la militancia, financiado por recursos condicionados que lleva al PRD a una pérdida controlada y negociada”.
Para ese tiempo, Flores tuvo acercamientos con los entonces líderes del partido Cambio Democrático, muchos de los cuales –incluido el expresidente Ricardo Martinelli— ahora están al frente del partido oficialista RM.
El propio expresidente, desde la embajada de Nicaragua y a través de su cuenta de X, dio su respaldo a la candidatura de Flores para la Contraloría. “Muy atinada decisión,” publicó, cuando aún no era oficial la postulación de Flores pero ya se manejaba información legislativa de que éste contaría con los votos necesarios para hacerse con el cargo.
Funciones
La Contraloría debe “fiscalizar y regular, mediante el control previo o posterior, todos los actos de manejo de fondos y otros bienes públicos, a fin que se realicen con corrección, según lo establecido en la Ley”.
De hecho, la palabra ‘contralor’ se consolida en Europa en el siglo XV como una fusión del francés medieval compte que significa cuenta y contreroule o contra-rollo, implicando una tarea de verificar la validez del gasto, hacer copias de los registros y llevar los totales acumulados.
Sobre el control previo y el posterior, la Contraloría determina los casos en los que ejercerá cada tipo, apegado a leyes especiales que pueden determinar cuál debe aplicarse en ciertos casos.
Para referencia, control previo significa el trabajo de fiscalización y refrendo de la Contraloría, la validación del gasto mientras que ocurre. El control posterior se refiere a la capacidad de auditoría que tiene el contralor para revisar en detalle las cuentas de una institución.
Además, la Contraloría lleva la contabilidad pública nacional y es la encargada de examinar, intervenir, cerrar y juzgar las cuentas relativas a todos los fondos y bienes públicos. Las acciones de la institución se ejercen sobre todas las personas y organismos que manejan fondos públicos o bienes estatales.
Investigar
La Contraloría investiga, mediante auditorías, a la otras instituciones cuando así sea solicitado o por iniciativa propia, buscando determinar la corrección o incorrección de las operaciones.
Expertos consideran que esta es una de las principales —y menos ejercidas— funciones de la Contraloría: colaborar con la justicia.
La ley establece que la Contraloría y el Ministerio Público deberán coordinar su labor en investigaciones y procesos. En la práctica, la mancuerna entre ambas instituciones no es tan sólida. Además, los cambios a la ley han legalizado la discrecionalidad y la inacción sobre este tema.
Institución
Según información de la planilla de la Contraloría correspondiente a la primera quincena de agosto de 2024, unas 4,525 personas laboran allí.
En total, el monto mensual destinado a salarios es de unos $7.2 millones. Esto significa que, al año, el funcionamiento en planilla solo de la Contraloría, es de $86.4 millones.
De los 4,525 funcionarios, 1,044 —un 23%— son auditores. Hay 429 estadísticos, 310 inspectores y 279 analistas. El salario promedio de la institución es de $1,598 mensuales. El auditor promedio gana unos $1,635 mensuales.
Sobre la posible politización de la institución, hay que analizar la información con pinzas. Según lo que nos dice la planilla de este mes, el 19% de los funcionarios iniciaron sus labores en 2024.
Del total de funcionarios, unos 3,928 tienen contratos permanentes y 606 están bajo contratos eventuales.
El Contralor es el encargado de la institución, tanto de sus funciones establecidas en la Constitución como de la administración de la misma. Evidentemente el cargo requiere de una capacidad organizacional importante, pues no se trata de una institución pequeña.
Críticas
La actual administración de Gerardo Solís ha sido criticada por su manejo de las finanzas públicas y su actuar en torno al poder político del quinquenio pasado. Al conocerse escándalos como aquellos de la descentralización paralela, la entrega discrecional de auxilios económicos del IFARHU y del incremento desenfrenado de la deuda pública, la pregunta de dónde estaba la Contraloría, y por qué no ejerció control previo cuando era necesario, surge repetidas veces.
El actuar de la Contraloría con el refrendo del contrato minero en tiempo récord, además del refrendo del contrato con Panamá Ports durante el quinquenio pasado, causaron la impresión de falta de independencia, pues todas estas entidades parecían trabajar al unísono. Más que un control a la gestión del ejecutivo, la Contraloría parecía ser solo otro brazo ejecutor.
La apuesta es que eso cambie.
Equipo
Para el diputado Ernesto Cedeño (MOCA 8-4), una de las prioridades del nuevo contralor debe ser la escogencia de su equipo de trabajo.
“Nutrirse de un equipo que conozca el derecho público porque él desconoce el mismo […] un equipo que le apoye en la gestión pública para que lo pueda hacer con acierto y con eficiencia,” dijo Cedeño a Nueva Nación sobre lo primero que debe hacer Flores al ocupar el cargo.
La falta de experiencia en lo público es una de las críticas que se le achacan a Flores. Para quienes lo apoyan, es planteado como una virtud.
En el pasado, ha sido todo un reto trasladar éxito en los negocios privados a un manejo eficiente y transparente de la cosa pública.
Por su parte, Mulino ha manifestado un interés en desburocratizar las instituciones del Estado y agilizar procesos para el buen funcionamiento del mismo.
Auditorías
Cedeño también se refiere a la importancia de avanzar con las auditorías que le han solicitado a la Contraloría y que la actual administración no ha abordado. “Debe colaborar con la justicia” dijo. Y se refirió a las auditorías solicitadas por la Fiscalía General de Cuentas y el Ministerio Público. A su juicio, hay que establecer un plan de trabajo claro y eficiente para cumplir con lo solicitado.
Sobre esto, se refirió también la directora ejecutiva de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana (FDLC), Olga De Obaldía. Recordó que la Fiscalía de Cuentas solicitó unas 53 auditorías, de las cuales la Contraloría solo entregó cuatro. Esos posibles delitos que se intentan investigar, explicó, corren el riesgo de prescribir si no son abordados con celeridad.
“Un rol de la Contraloría que no debería estar teñido por la influencia pública es que la ley se aplique igual para todos,” dijo De Obaldía a Nueva Nación. Eso no sucede actualmente en Panamá, a su parecer. Argumenta que la discrecionalidad para abordar algunas auditorías y dejar otras sin ejecutar manda un pésimo mensaje sobre la labor de la institución y la transparencia en su actuar.
Perspectiva
Por su parte, Carlos Barsallo, quien recordemos aspiró al cargo, considera que se deben implementar plazos razonables para la ejecución de las auditorías. Estas, considera, “no pueden estar desligadas del tema de la prescripción de delitos [sino] llegan muy tarde y las autoridades judiciales se quedan sin la herramientas necesarias para sus casos”.
Barsallo abordó varios temas en entrevista con Nueva Nación.
Argumenta que la capacidad y obligación de la Contraloría de aplicar el control previo debe revisarse de manera integral para mejorar su implementación. Explica que la Contraloría debe explicar sus decisiones y dar a conocer dónde estaba y qué función ejecutó cuando se dan casos de escándalos por malos manejos.
Estadística
Otras de las funciones clave de la Contraloría es llevar la estadística del Estado.
Esto se hace a través del Instituto Nacional de Estadística y Censo, una dependencia de Contraloría. El INEC levanta datos con cierta periodicidad sobre la situación económica, social y demográfica del país. Y es la entidad que efectúa los censos poblacionales y de vivienda.
Barsallo considera que hay mucho que hacer en materia estadística. Se deben modernizar los procesos para generar más y mejores datos que permitan una mejor administración, tanto de la institución como del Estado.
“Hay que seguir interesados en las estadísticas nacionales y la tecnología,” dijo, cuestionando la actitud que ha habido de que la información se da tarde o no se da del todo. “El enfoque tiene que ser de modernizar la recolección, unificar los datos y que haya análisis con la nueva tecnología que hay,” considera.
Corte
La FDLC circuló ayer, miércoles 28 de agosto, una carta abierta dirigida a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia donde le piden celeridad en fallar acerca de varias demandas de inconstitucionalidad acumuladas en contra de la Ley 351 de 2022, la cual reforma la labor de Contraloría.
La fundación argumenta —y ha mantenido desde que las reformas se presentaron en el quinquenio pasado— que las modificaciones “relajaron la responsabilidad fiscalizadora de la Contraloría, otorgando poderes discrecionales al Contralor y creando fueros a funcionarios de la institución”.
De Obaldía explicó a Nueva Nación que tal ley “legalizó la inacción”, pues permitió al Contralor tomar decisiones arbitrarias sobre qué controlar y qué investigar.
En la carta enviada a la Corte, reiteran que han pasado 15 meses desde que se admitió la demanda interpuesta por la FDLC, en la que sostienen que se violaban seis artículos de la Constitución.
La aprobación de esa ley a finales de 2022 encendió alarmas acerca de la gestión de Solís y creó aún más suspicacia sobre la opacidad a lo interno.
Ímpetu
En su carta, la FDLC pide no solo que se falle, sino que se falle pronto, pues consideran que esto se debe dar antes de que se discutan más modificaciones a la ley de la Contraloría.
Un mensaje similar planteó el contralor designado Flores en su primer discurso ante el pleno de la Asamblea. Se refirió directamente a la Ley 351 y dijo que trabajaría en reformarla, pues “no necesita ese nivel de discrecionalidad para hacer su trabajo”.
Cedeño coincide que la Corte debe pronunciarse antes de que la Asamblea discuta cambios a la ley. Considera que el pronunciamiento de la Corte podría servir como guía para hacer los cambios necesarios. “Sería bueno tener una ruta de avanzada para que la nueva ley no reproduzca errores,” dijo.
Confianza
Tanto Cedeño como Barsallo consideran la confianza ciudadana como esencial para un buen manejo de la Contraloría.
Barsallo plantea la necesidad de entender que un buen manejo de las finanzas públicas, con la fiscalización necesaria por parte de Contraloría, permite que se destinen recursos de forma eficiente y eficaz para resolver los problemas que achacan a la población.
La percepción de que los recursos del Estado se malgastan o desperdician le hace daño a la reputación de la institución y dificulta su trabajo.
Cedeño, por su parte, argumenta que la confianza en la Contraloría y el buen uso del dinero no solo generan una reacción positiva en la ciudadanía, sino que también sirven de garantía para inversionistas extranjeros.
Y se necesitaría de una Contraloría que disfrute de la confianza ciudadana para estabilizar cualquier proceso de recuperación económica a través del gasto público.
Retos
La labor de Flores al frente de la Contraloría será, sin duda, examinada con lupa por medios, diputados y la sociedad civil.
Se espera un giro de timón en los manejos de la labor de control y fiscalización que está ordenada por ley a hacer la institución.
En la práctica, es inmenso el impacto que podría tener una buena o mala labor por parte de la Contraloría durante este quinquenio. Si se busca generar empleo, recuperar la economía, contener el gasto y crear las condiciones necesarias para el crecimiento esperado, la labor de Flores deberá ser ordenada, efectiva, respetable, apolítica y transparente.
Los tres entrevistados para esta nota coinciden que el Contralor puede jugar un papel clave en el ordenamiento de las finanzas públicas y en la contención del gasto. Esto, claro, requiere de voluntad y capacidad de ejecución.
Durante su discurso en la Asamblea, Flores aseguró que trabajaría con compromiso y responsabilidad para «devolver la fe y la confianza del pueblo panameño» a la institución. Muchos observan, y esperan, con cautela.
Por ahora, quedamos observando, pendientes de reportar cómo se compaginará la gestión de Flores con las intenciones del presidente Mulino y su ambicioso plan de gobierno.