El financiamiento público electoral asciende a $109 millones para el quinquenio 2024-2029.
Se trata del aporte de dinero contemplado por ley que se destina a campañas políticas y funcionamiento de los partidos políticos.
El Código Electoral ordena que el monto destinado para financiamiento electoral será de 1% de los ingresos corrientes del Estado el año previo a la elección.
El financiamiento está dividido en dos tipos: pre-electoral y pos-electoral.
Historia
El financiamiento público fue incluído en la norma electoral en 1997.
En ese entonces, se le denominó “subsidio electoral”. A pesar de que se cambió el nombre, sigue conociéndose coloquialmente de esa forma, en parte por la connotación negativa que lleva.
En un escrito publicado por el politólogo Harry Brown en 2020, se plantea que la creación del financiamiento público se dio en un momento de gran legitimidad de partidos. Fue un indicio de que había intentos de institucionalizar la política panameña.
Desde su creación se estableció que el monto para el financiamiento sería del 1% de los ingresos corrientes presupuestados para el año antes de la elección.
Financiamiento poselectoral por quinquenio
| Quinquenio | Cantidad de partidos | Monto | Aumento porcentual |
| 1999-2004 | 7 | $8,931,429 | - |
| 2004-2009 | 7 | $11,934,654 | 34% |
| 2009-2014 | 6 | $20,055,761 | 68% |
| 2014-2019 | 5 | $41,607,780 | 107% |
| 2019-2024 | 6 | $43,669,168 | 5% |
| 2024-2019 | 9 | $54,510,907 | 25% |
Fuente: Tribunal Electoral
Lo que sí ha variado desde entonces ha sido la distribución del monto, tanto lo que se destina a lo pre-electoral y lo pos-electoral, como a los partidos y candidatos por la libre postulación.
Se optó por un modelo de distribución mixto: un porcentaje del pago es equitativo y otro porcentaje depende de resultados electorales.
Esto, con la intención de equiparar el panorama y dar mayores posibilidades a los partidos pequeños. En la práctica, se observa que la diferencia entre partidos sigue siendo bastante marcada.
Desde su creación, han surgido reiteradas críticas y cuestionamientos al monto que se destina al financiamiento público electoral.
La fórmula de utilizar el 1% de los ingresos corrientes del Estado no toma en cuenta momentos de crisis —como lo fue la pandemia— que pueden significar una disminución en los ingresos. Esto lo explicó Isidro Carbonell, Director de Fiscalización de Financiamiento Político, quien detalló que el fondo no es modificable una vez calculado y asignado al Tribunal.
Fondos
El financiamiento pre-electoral se entrega desde enero del año de la elección, hasta el primer domingo de mayo, a partidos y candidatos por la libre postulación que participen de la misma.
Son fondos que se distribuyen para ayudar a cubrir gastos de campaña, principalmente publicitarios.
El pos-electoral se le entrega a los partidos que perduran a través de la elección —es decir, que consiguen el mínimo de votos requeridos— y a los candidatos electos por la libre.
Estos fondos se entregan de forma trimestral durante el quinquenio siguiente (julio 2024-julio 2029).
Por ejemplo, en 2019 se le entregaron fondos pre-electorales al Frente Amplio por la Democracia (FAD), pues era un partido reconocido en esa contienda. Sin embargo, no sobrevivió ni perduró, por lo cual no se le destinaron fondos pos-electorales.
Para la contienda actual, el monto destinado a financiamiento público para el quinquenio 2024-2029 es de $109,021,813, correspondientes, como mencionado, al 1% de los ingresos corrientes presupuestados para la vigencia de 2023.
Este monto es fijo, está contemplado en la ley electoral y ha sido la misma proporción desde que se instauró la figura del financiamiento público.
La división es equitativa, un 50% en financiamiento pre-electoral y el otro 50% en pos-electoral.
Se destinarán $54,510,907 millones a cada rubro.
Fuente: Tribunal Electoral
Campañas
Como se mencionó, el financiamiento pre-electoral se divide entre los partidos políticos y los candidatos por la libre postulación.
El 93% del total es para los partidos y el 7% restante para candidatos por la libre.
De este 7%, un tercio es para los tres precandidatos presidenciales.
Los otros dos tercios quedan para los cientos de candidatos por la libre a los demás cargos a nivel nacional.
Para 2024 son $50.7 millones para partidos y $3.8 millones para candidatos por la libre postulación.
De esos $3.8 millones, según lo anterior, $2.5 son para los tres candidatos presidenciales y el $1.3 restante para los demás cargos.
Estos fondos están contemplados en el presupuesto del Tribunal Electoral para el año entrante, el cual ya fue sustentado hace una semana ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional.
En una edición previa de El Pulso desglosamos el mismo y detallamos cómo se compara a presupuestos anteriores.
El presupuesto total sugerido por el Ministerio de Economía y Finanzas para el Tribunal Electoral en 2024 es de $234 millones.
Ruta electoral
La distribución del financiamiento pre-electoral a nivel de la libre postulación se hace en base a la cantidad de firmas recolectadas para oficializar la candidatura.
De momento, el TE no tiene los montos específicos que le tocará a cada candidato, pues la distribución es más complicada. En algunos casos, se trata de apenas decenas de dólares, dada la cantidad de firmas y candidatos.
En cuanto a la distribución pre-electoral para los partidos políticos, la misma se divide en dos. Un 25% del total —en este caso $12.7 millones— se distribuye en partes iguales a todos los partidos políticos reconocidos que participarán en la elección.
Para la contienda de 2024 son nueve partidos, por lo cual a cada uno le corresponde $1.4 millones.
El otro 75% se distribuye en proporción al promedio de votos obtenido por cada partido en la elección de 2019.
Distribución del financiamiento preelectoral de partidos
| Partido | 25% en partes iguales | 75% proporcional a votos | Total a recibir |
| PRD | $1,408,198 | $14,555,567 | $15,963,765 |
| Popular | $1,408,198 | $1,761,955 | $3,170,153 |
| Molirena | $1,408,198 | $2,055,295 | $3,463,493 |
| Panameñista | $1,408,198 | $6,846,564 | $8,254,762 |
| Cambio Democratico | $1,408,198 | $11,497,140 | $12,905,338 |
| Alianza | $1,408,198 | $1,304,837 | $2,713,035 |
| PAIS | $1,408,198 | - | $1,408,198 |
| Realizando Metas | $1,408,198 | - | $1,408,198 |
| Movimento Otro Camino | $1,408,198 | - | $1,408,198 |
| Totales | $12,673,786 | $38,021,358 | $50,695,144 |
Fuente: Tribunal Electoral
Esto quiere decir que los tres nuevos partidos que no existían en 2019 —Realizando Metas, Partido Alternativa Independiente Social y el Movimiento Otro Camino— reciben los montos más bajos, pues no les toca nada del 75% del monto total distribuído por votos obtenidos.
El día después
En el caso de la distribución pos-electoral, la misma se dará a conocer después de las elecciones pero antes de que tomen posesión las nuevas autoridades electas.
Es decir, entre mayo y julio de 2024.
Lo que no se desembolse del pre-electoral se le suma al total a repartir del financiamiento pos-electoral.
Luego, el artículo 216 del Código Electoral detalla que un 20% del pos-electoral será distribuido en partes iguales entre los partidos políticos que hayan subsistido.
Y el 80% restante se distribuirá en base al promedio de votos obtenido por cada partido y funcionarios electos por la libre postulación.
La fórmula es similar para ambos financiamientos, solo cambian los porcentajes.
La letra fina
Además de los montos a desembolsar, el Código Electoral también detalla a qué rubros se pueden destinar cada uno de estos distintos financiamientos.
El financiamiento pre-electoral se puede destinar a dos rubros: un 30% a gastos de campaña y 70% a publicidad electoral.
Es importante aclarar que estos pagos se hacen en forma de reembolso.
El Tribunal transfiere los fondos una vez se cuenta con la factura correspondiente por el servicio brindado o los bienes adquiridos.
Isidro Carbonell, quien dirige la Dirección de Fiscalización de Financiamiento Público del Tribunal Electoral, explicó que en algunos casos, los gastos “preparativos” de campaña corresponden a bienes o servicios adquiridos en meses previos al año de la elección.
No obstante, los fondos se transfieren en 2024. Esto, para los gastos de campaña.
La publicidad es manejada a través de una empresa, medio o agencia publicitaria elegida por el partido en cuestión. El Tribunal transfiere directamente a estas empresas, no al partido.
Las publicitarias deben presentar toda la documentación correspondiente al Tribunal Electoral durante el periodo de campaña y antes del día de la elección. De igual manera, estas empresas deben estar registradas como tal ante el TE.
Ese proceso se hizo en 2022 y hay 18 publicitarias registradas.
El quinquenio siguiente
El financiamiento pos-electoral se desembolsa de forma trimestral durante los cinco años posteriores a las elecciones a los partidos que las sobrevivieron.
Esos montos, calculados en base a los resultados de la elección, pueden ser destinados para gastos de funcionamiento y capacitación a lo interno de los partidos.
En su artículo 218, el Código Electoral detalla que el total del aporte fijo que se entrega de forma igual a todos los partidos —es decir, el 20%— será para contribuir a los gastos de funcionamiento del partido.
Del 80% que se reparte en base a votos, un 60% se puede usar para gastos de funcionamiento y un 40% para capacitaciones.
Los gastos de funcionamiento pueden incluir inversiones como la compra de inmuebles para sedes, compra de vehículos, pago de planilla de las personas contratadas por los partidos, mobiliario de oficina, entre otros.
Del monto correspondiente a capacitación, este deberá destinarse a actividades de educación cívico-política a lo interno del partido.
El artículo 218 también establece que de lo destinado a capacitación, un mínimo de 20% será para el desarrollo de actividades exclusivas para la capacitación de la mujer, otro 20% para la capacitación de la juventud y un 10% en formación sobre acciones políticas inclusivas de las personas con discapacidad.
Los gastos de capacitación también pueden invertirse en la realización periódica de elecciones de autoridades partidistas locales, actividades consultivas, organizacionales y de bases.
Los funcionarios electos por la vía de la libre postulación también tienen derecho a un monto establecido correspondiente a financiamiento pos-electoral.
Este es calculado en base a la cantidad de votos recibidos en la elección.
Dependiendo del monto que le corresponda a cada uno de los funcionarios electos, las entregas se harán en un solo pago o trimestralmente a lo largo de un año o el quinquenio. Luego de la elección de 2019, algunos electos por la libre postulación renunciaron al financiamiento pos-electoral.
El código detalla que en el caso de funcionarios independientes, o electos por la libre, todos los fondos deben ser destinados a capacitación, organización de foros y seminarios, entre otros.
Fiscalización
Carbonell explicó a Nueva Nación el proceso de fiscalización y los distintos controles que existen en cuanto al uso de estos fondos públicos.
Explica que dentro de la institución hay un doble control, a través de la dirección que dirige y luego por parte de la Unidad de Fiscalización Interna.
“A lo largo del periodo los controles cada vez se hacen más cerrados con el afán que los fondos desembolsados sean debidamente gastados”, respondió a Nueva Nación.
Decretos reglamentarios sobre el financiamiento establecen detalles sobre su uso para el pago de salarios y contratación de personal de los partidos.
Solo podrán pagar en salarios el 50% del total de financiamiento pos-electoral recibido.
Además, el pago mensual por persona, incluidas aquellas contratadas por servicios profesionales, no podrá exceder 10 veces el salario mínimo.
Control
Los partidos están obligados a tener una unidad interna para el manejo del financiamiento público, la cual deberá estar conformada por una persona que sirva como enlace con el TE, un contador público autorizado y un administrador con nivel académico universitario.
En cuanto a los documentos que deben presentarse para sustentar los gastos, los mismos se entregan en físico y en formato digital.
Deben incluir la relación detallada del gasto, cheques girados, transacciones y estados de cuenta.
También se solicitan copias de comprobantes, desgloses requeridos y detalles de la persona o empresa proveedora.
En cuanto al uso de fondos para la contratación de capacitaciones, toda capacitación contratada por un partido debe ser previamente aprobada por la dirección de organización electoral y la dirección de fiscalización.
En esa etapa se revisa el tema de capacitación, que el presupuesto sea cónsono con los servicios, que no haya un monopolio de una persona o grupo y que cuente con la calificación profesional necesaria. Las actividades de capacitación son supervisadas por el TE.
La dirección que lidera Carbonell lleva a cabo revisiones periódicas de la documentación, lleva inventarios anuales de todo lo adquirido con dinero público y realiza auditorías a los reportes de gastos de forma institucionalizada.
Propósito
Carbonell, además de detallar el cálculo, los montos y la distribución de los fondos públicos, también explicó cuál es la labor de la dirección que dirige y el valor que —luego de conocer la norma por dentro— considera tiene el financiamiento público electoral.
Carbonell explicó que, a su juicio, el financiamiento público electoral cumple un papel de intentar equiparar las condiciones de competencia entre los partidos.
También, al subsidiar la mayoría del funcionamiento de los partidos, explicó, se intenta evitar que dineros privados de dudosa procedencia financien la actividad política.
“Se puede dar una compra general del partido, una mano invisible que controle todo al ser financiamiento privado”, dijo a Nueva Nación.
Si bien admite que el dinero estatal no lo es todo en esa lucha, los mecanismos de fiscalización ayudan a mitigarlo.
Sobre el proceso pre-electoral, admitió que el impacto que pueda tener el financiamiento público en mitigar la influencia del dinero privado es menor, pues en la práctica se donan millones de dólares a campañas y la fiscalización se queda corta.
“Nosotros no hacemos el trabajo solos. La ciudadanía presenta denuncias, los partidos presentan denuncias […] Estamos intentando hacer alianzas estratégicas con otras instituciones del Estado para manejar información y abarcar más”, dijo Carbonell.
Constantemente, organizaciones de la sociedad civil que velan por la democracia y la lucha anticorrupción han denunciado que el crimen organizado se infiltra en las campañas.
También, durante la discusión de las reformas electorales, se debatió si contratistas del Estado deberían poder donar a campañas electorales.
En la siguiente nota abordaremos el financiamiento electoral privado, lo que dice la norma sobre el mismo y cuánto han recibido los candidatos ya en firme para sus procesos de primarias y de recolección de firmas.