En una edición anterior de El Pulso, establecimos la intención de explorar de forma metódica y detallada la composición del sector de intermediación financiera o SIF.
Como reportamos, este sector representa 7% del producto interno bruto (PIB) del país, pero debido al rol que juega y el capital que maneja, puede impactar gran parte de nuestro panorama económico.
Para reseñar brevemente, recordamos que el SIF es uno de los sectores medianos de la economía nacional, acompañado de la construcción (9% del PIB) y —luego de un notable desarrollo reciente— la minería (7.5%). Estos sectores le siguen a los dos más grandes, el comercio (20%) y el transporte (14%).
También mencionamos que el SIF consiste de tres grandes categorías de empresas: los bancos, los operadores de valores y las aseguradores. Y detallamos en rasgos generales las características de cada una.
La primera de estas categorías, la banca, es probablemente la más compleja de las tres, por la cantidad de actores y regulaciones involucradas en tal negocio.
La plaza bancaria panameña tiene decenas de actores, de distintos tamaños y con diferentes propósitos.
Una buena forma de comenzar a abordar la categoría bancaria es examinando su evolución histórica, viendo cómo fue creciendo y desarrollándose. De esta manera, entenderemos cómo llegamos a donde nos encontramos.
Ecos del pasado
Empezamos nuestro recuento histórico en Panamá, 1938.
En el aire, augurios de conflicto. La Guerra Civil Española (1936-1939) se encuentra en desarrollo y los japoneses ya han entrado a Beijing mientras que los defensores chinos construyen represas para causar el desborde del río Amarillo y frenar a los invasores. En Europa, el gobierno alemán de Adolf Hitler da inicio a su plan de anexar tanto Austria como los Sudetes, área al noroeste de Checoslovaquia.
A pesar de que —debido a la Segunda Guerra Mundial que se avecinaba— el tránsito por el Canal de Panamá comenzó a disminuirse, la economía nacional, en particular el comercio, agarró ímpetu debido a los preparativos militares y el fortalecimiento de la guarnición militar estadounidense en Panamá.
Los productos nacionales de mayor demanda en 1938 eran el azúcar, la leche y la carne, cuya producción se duplicó para satisfacer todos los nuevos dólares de Estados Unidos que entraban al país.
Y ese dinero necesitaba dónde quedarse.
El gobierno del entonces presidente Juan Demóstenes Arosemena —del Partido Liberal Nacional— captó la necesidad de establecer una nueva legislación que no solo ordenara el mercado bancario local, sino que también renovara la capacidad del país de atraer y mantener el capital extranjero.
Primero, su gobierno tanteó los mercados en octubre de 1938 anunciando una emisión de bonos por seis millones de balboas —$130 millones hoy día. Los bonos fueron emitidos con un vencimiento a 20 años y pagaban 3% anual.
Segundo, en diciembre del mismo año, y en parte en respuesta a la emisión de deuda, el gobierno de Arosemena publicó una nueva ley bancaria, la cual buscó ordenar el mercado obligando a todos los participantes a incorporarse como sociedades anónimas. Además, les exigía tener un capital disponible de al menos $250 mil balboas —$5 millones hoy día.
A los bancos se les dio tres meses para cumplir con esta obligación.
La ley permitía la operación de tres tipos de bancos: los bancos comerciales, los bancos hipotecarios y los bancos de ahorro. Tal estructura bancaria, se argumenta, tiende a proteger el dinero de los ahorradores del riesgo del mercado inmobiliario, aunque, por el otro lado, reduce el interés pagado sobre tal ahorro.
También, se estableció que todos los bancos debían enviar a la Contraloría General de la República sus números internos, para que ésta los pudiera analizar. Tal obligación aún se mantiene, aunque ahora los números los recibe la Superintendencia de Bancos de Panamá, que regula el campo bancario.
De hecho, bajo la ley de Arosemena, la Contraloría era la encargada de regular a los bancos, incluso con la capacidad de forzar a los mismos a cumplir con los requisitos de reserva de dinero, pudiendo multar a los que no cumplieran.
Tipos de bancos
La banca era mucho más sencilla en 1938.
Por su sencillez comparativa, referirnos a los tipos de bancos que incluía la ley en ese entonces nos servirá para describir el negocio de la banca, fundamental para explorar su relevancia en el SIF.
El primer tipo de banco era el banco comercial el cual podía “recibir fondos de personas naturales o jurídicas, en calidad de depósitos a la vista (a plazo o en cuentas de ahorro) y emplearlos, junto con su propio capital”. Depósitos a la vista son aquellos donde el depositante puede retirar los fondos sin mucho trámite.
Y, ¿en qué emplea este tipo de banco sus depósitos y capital?
“En préstamos hipotecarios con plazo no mayor de cincuenta años, en préstamos con garantía prendaria o personal con plazo no mayor de un año, en la compra de descuento de valores, libranzas [y] letras de cambio”.
Y aquí es donde se revela una forma en la que la banca sostiene e impulsa el SIF y el resto de la economía: la intermediación financiera comercial.
Esta también es una de las razones por las que el SIF resulta tan relevante, con el sector comercial de la economía —el más grande— dependiendo sobre aquel de intermediación financiera para su desarrollo y crecimiento.
Los otros dos tipos de bancos son aquellos de ahorro y los hipotecarios.
“Los bancos de ahorro o cajas de ahorro” —de ahí el nombre de la institución actual— “podrán dedicarse a recibir fondos en calidad de depósitos, sujetos a un aviso de treinta días para poder ser retirados por sus dueños”.
Arosemena buscó evitar que los ahorros se disiparan en especulación, restringiendo a los bancos de ahorro a invertir “únicamente en préstamos con garantía de primera hipoteca” —es decir, en el primer préstamo emitido sobre un bien inmueble— “y en préstamos con garantías de bonos y acciones de sociedades establecidas en el país siempre que durante el último año hayan sido pagados con regularidad los intereses o dividendos correspondientes”.
Por ende, solo las empresas establecidas podrían recibir esos fondos.
Por su lado, los bancos hipotecarios se dedican a “emitir y vender bonos por una suma que no exceda del monto de sus préstamos […] con garantías de propiedades situadas en el país”, limitando el término de las hipotecas a veinte años, similar a la magnitud que tienen hoy día en las decenas de años.
Lo que no se ha mantenido similar es la división entre tipos.
Hoy día, una misma institución bancaria puede ser banco comercial, de ahorro y depósitos. Pero entonces, en 1938, todavía estaba resonando la influencia de la Ley Glass-Steagall de los Estados Unidos, aprobada en 1933.
Esa ley separó los bancos comerciales de los bancos de inversión, como respuesta a las lecciones aprendidas durante de la Gran Depresión.
Tal ley se mantuvo en la nación norteña hasta 1999, cuando fue derogada bajo el gobierno de Bill Clinton. Algunos expertos argumentan que tal derogación llevó a la debacle financiera de 2007 en adelante.
La letra chica
La ley de Arosemena tenía otro propósito además de ordenar el mercado bancario. Su gobierno quería tomar control de dinero que, por distintas razones, había llegado al país pero también había quedado abandonado.
El artículo 17 de su ley estableció que todos los dineros dentro de Panamá que habían permanecido inmóviles por diez años en sus cuentas bancarias serían traspasados al Tesoro Nacional. No hay registro conocido de cuánto terminó siendo esta cantidad.
Un golpe inesperado
Arosemena no pudo ver los efectos de su nueva ley bancaria. Murió siendo presidente de la república al año siguiente. Hoy día un corregimiento en Arraiján lleva su nombre en honor a su gestión, la cual es reconocida por la construcción de nuevas escuelas, además de designar la flor del Espíritu Santo como la flor nacional.
La ley se quedaría igual durante el periodo de los sucesores de Arosemena en la presidencia, Ezequiel Fernández y Augusto Boyd.
Pero en 1940, fue electo como presidente de la República, bajo un contexto de fuertes confrontaciones, Arnulfo Arias, quien ya había intentado tomar el poder en 1931, liderando un golpe contra el entonces presidente Florencio Arosemena, acusado de representar los intereses estadounidenses en el país.
Nuevas versiones
En 1941, ya con diez meses en el poder, Arias aprobó una nueva ley bancaria desarrollada en conjunto con la Asamblea Nacional.
Para referencia, ese año ya la Segunda Guerra Mundial estaba en desarrollo. En febrero, el primer ministro británico, Winston Churchill, pedía armas a los Estados Unidos. Para marzo, el espía japonés Takeo Yoshikawa estudiaba la base de Pearl Harbor en Hawai’i para preparar el futuro ataque infame. Y en junio se dio la Operación Barbarossa, con Hitler ordenando la invasión de la Unión Soviética.
La nueva ley bancaria —de julio de 1941— era bastante similar a la versión de Arosemena de 1938, pero con pequeños cambios significativos.
Una similitud era que preservaba el nivel de encaje —o reserva de depósitos— de la ley anterior: “20% del total de los depósitos a la vista” y “10% del total de los depósitos a plazo o en cuentas de ahorro”.
Pero una diferencia era que la nueva ley flexibilizaba la participación bancaria, indicando que además de los tres tipos de bancos que ya mencionamos —comerciales, de ahorro e hipotecarios— también existiría una categoría abierta para empresas que realicen “operaciones de la misma índole”.
De tumbe en tumbe
Igual que Arosemena, Arias no vería los efectos de su nueva ley desde el poder. Luego de salir a Cuba sin avisar a la Asamblea Nacional —como requiere la Constitución— Arias fue depuesto y reemplazado por Ricardo de la Guardia, quien era su ministro de Gobierno y Justicia.
De la Guardia dejó intacta la Constitución de 1941, además de la nueva ley bancaria.
Durante su periodo, arrendó más de un centenar de locaciones a lo largo del país a los Estados Unidos para que la potencia norteña situara sus bases militares, algo que Arias estaba renuente a ceder.
Fue De la Guardia quien involucró a Panamá en la Segunda Guerra Mundial, declarando la guerra contra Alemania y sus aliados en diciembre de 1941.
Cabe mencionar que, para ese entonces, el mercado bancario panameño estaba dominado principalmente por capital estadounidense y doméstico.
El primer banco de capital europeo no se establecería sino hasta 1948, con la llegada del Banco Nacional de París, que para ese entonces ya tenía 100 años de existir.
A su llegada, el Banco Nacional de Paris —que hoy se le conoce como BNP Paribas— se encontraría con la misma ley bancaria de 1941, aún intacta.
La misma fue reformada levemente en 1954.
Y un año después, en 1955, se fundará Banco General, con la cantidad de bancos creciendo de ahí en adelante, en dirección hacia el centenar.
Otro golpe
En 1968, Arnulfo Arias llega por tercera vez al poder.
Su intento de romper el espinazo de la poderosa Guardia Nacional llevó a un golpe de Estado contra él a cerca de 10 días de haber ocupado la presidencia.
Los golpistas establecieron una junta provisional de gobierno, con Omar Torrijos —entonces un coronel— tomando el liderazgo.
El golpe fue en octubre de 1968.
Para febrero de 1969, la junta de gobierno reformaría por última vez la ley bancaria de 1941, de cara a la inestabilidad generada por el cambio súbito de poder político.
Bajo su reforma, en el caso de que un banco suspendiera sus operaciones, se daría preferencia a los depósitos de las personas naturales o jurídicas domiciliadas en Panamá.
Para 1969, Torrijos logró consolidar su poder, asignando a Demetrio Lakas para que fuera el presidente nominal del país, mientras que Torrijos pasaría a ocupar la posición de líder máximo de la revolución panameña.
La administración de Torrijos, a través de Lakas, emprendió una comprensiva reforma del Estado, redistribuyendo tierra para cultivo, construyendo infraestructura pública y también reemplazando totalmente el sistema bancario del país.
Modernidad bancaria
Luego de una primera versión fallida en abril de 1970, la junta provisional de gobierno, presidida por Lakas, decretó un nuevo régimen bancario en julio que buscaba imponer orden nuevamente sobre el panorama flexible generado por la ley de 1941. Además, buscaba modernizar el sistema financiero del país con miras a crear un centro internacional de intermediación.
La reforma clave fue sacar a los bancos de la supervisión de la Contraloría General de la República, creando en vez la Comisión Bancaria Nacional para que regulara el mercado.
La creación de la Comisión buscaba mantener a los bancos en orden de forma pro-activa, a diferencia del control ligero de la Contraloría. Esto garantizaría, según los reformadores, que la banca mantuviera una exposición razonable al riesgo.
El decreto de 1970 cambió la conceptualización de los bancos de tipos a licencias, paradigma que aún se mantiene hasta el día de hoy.
Originalmente, las licencias eran tres: una para bancos ya sea extranjeros o locales que quisieran operar en Panamá, otra para los bancos panameños que ofrecerían sus servicios al extranjero y una para las oficinas de representación.
El capital mínimo fue elevado a un millón de dólares de 1970 —$7 millones hoy día— pero a cambio el encaje se redujo a un rango entre el 5% y el 25%, al criterio de la Comisión.
El poder de la Comisión no terminaba allí.
La misma podía también fijar intereses e inspeccionar a los bancos a su conveniencia, para poder regular efectivamente el mercado.
Bajo todas estas nuevas normas, la plaza bancaria queda reducida a 21 bancos para finales de 1970, con activos conjuntos de $898 millones de dólares de la época —siete mil millones de hoy día.
Auge bancario
Durante los siguientes 20 años, el mercado bancario panameño se desarrolla de manera veloz, empujado por el nuevo marco regulatorio que favorecía la entrada de capitales extranjeros.
Desde aquí, tales capitales se proyectaban hacia América Latina, fomentando el crecimiento de lo que se vendría a llamar el centro bancario internacional. El decreto de 1970 también auspiciaba la creación y desarrollo de una bolsa en Panamá para procesar todos estos capitales, un antecedente a la actual Bolsa Latinoamericana de Valores o Latinex.
Durante todo este tiempo, el decreto de 1970 sería modificado para refinarlo, incluso tan pronto como en 1973, cuando se dieron reformas sustanciales, por ejemplo, el paso de la Comisión Bancaria del Ministerio de Hacienda al Ministerio de Planificación.
Para 1982, más de cien bancos operaban en Panamá, con activos por $49,000 millones, cincuenta veces lo que diez años antes.
Crisis de deuda
Pero 1982 sería el apogeo.
Entrada la década de 1980, se desencadenó la crisis de deuda latinoamericana, llamada la “década perdida de América Latina”.
La crisis se originó en el crecimiento desmedido del crédito a Latinoamérica, en particular dirigido a Argentina, Brasil y México, los cuales buscaban continuar con su industrialización.
Entre 1975 y 1983, la deuda agregada de la región pasó de alrededor de $75,000 millones a más de $300,000 millones.
Fue este peso crediticio, sumado a las crecientes tasas de interés y la caída de los precios de las materias primas, las que propiciaron el colapso bancario en América Latina.
En agosto de 1982, mientras el centro bancario panameño disfrutaba su mejor momento, el gobierno de México anunció que tal país no podría pagar su deuda. Esto causó un enfriamiento severo del crédito a la región, impactando también a Panamá.
Entre 1982 y 1987, según la Superintendencia de Bancos de Panamá, los activos bancarios del país disminuyeron por casi $20 mil millones, un golpe severo.
Este periodo, ya difícil, fue empeorado aún más por la crisis política que generó la muerte sorpresiva de Torrijos en julio de 1981, al caerse el avión en el que viajaba. Después de un confuso interregno, el poder quedó en manos de Manuel Antonio Noriega —también coronel para ese tiempo.
Es menester indicar aquí que, tanto antes del periodo de Noriega como durante su dictadura, una parte notable de la banca panameña se había involucrado en negocios irregulares, entre ellos, el blanqueo de capitales y el movimiento del dinero del narcotráfico, aunque queda mucho por investigar sobre tal realidad.
Según la misma Superintendencia, se calcula que debido a la crisis política en el país, la cual fue puntualizada por el cierre de los bancos por poco más de dos meses, los activos bancarios cayeron por casi $15 mil millones, los cuales no se recuperarían sino hasta después del colapso del gobierno dictatorial de Noriega en 1989.
Puerta al presente
Terminaremos el recuento histórico aquí, ya que el siguiente capítulo introduce la nueva —y actual— ley bancaria que fue aprobada en 1998, un nuevo marco regulatorio y la expansión del sector bancario a un relevante nodo de las finanzas globales.
En tal edición posterior, analizaremos la ley presente y ofreceremos detalles de la plaza bancaria, cómo se ve, qué actores hacen parte de ella y a dónde parece estar yendo, haciendo énfasis en el panorama de fusiones que ha predominado ya por un tiempo y el rol que la tecnología está jugando en la apuesta bancaria a futuro.
Por ahora, terminamos remarcando varios de los elementos de la banca panameña que surgieron a través de su historia y que aún hoy perfilan el mercado; elementos necesarios para entender esta parte importante del SIF.
Entre ellos se destacan, la flexibilidad bancaria, la presencia de un regulador pro-activo e involucrado y —sobre todo— la actitud hacia el extranjero, o extraterritorialidad, que viene acompañada de una laxitud fiscal que le permite a los bancos de la plaza mover su liquidez libremente a través de la frontera.
Estos elementos se verán reforzados bajo la siguiente ley bancaria, la cual configurará el sistema bancario nacional como lo conocemos hoy día.
Apuntes electorales
Partidos. Los líderes del Partido Panameñista, Cambio Democrático y el nuevo acto, Partido Alternativa Independencia Social (PAIS), han dado declaraciones contradictorias sobre qué tan segura es la alianza entre los tres de cara a la elección de 2024. Los partidos tendrán el mes de septiembre para oficializar las alianzas ante el Tribunal.
Libre postulación. Las alianzas también impactan las decisiones y el curso de las candidaturas independientes hacia 2024. El actual diputado independiente, y candidato a la alcaldía capitalina, Edison Broce, anunció que será postulado también por el partido Movimiento Otro Camino, liderado por Ricardo Lombana. Antes del cierre del término, se espera que se concreten otras alianzas entre partidos chicos e independientes. Se especula sobre si la Coalición Vamos se aliará con estructuras partidistas.
Regulación. El Tribunal Electoral y otras autoridades competentes continúan con el proceso de resolver impugnaciones contra el Padrón Electoral Preliminar que fue publicado hace unos meses. El listado completo de votantes por corregimiento y centro de votación será finiquitado en enero de 2024 y compartido a los candidatos y a los partidos políticos.