Diplomacia

La comparecencia del canciller Javier Martínez-Acha ante la Comisión de Relaciones Exteriores de la Asamblea Nacional no logró disipar las dudas que pesan sobre la gestión del Ejecutivo panameño frente a la creciente presión de Estados Unidos, luego de la firma de un polémico memorándum de entendimiento (MoU) con el Departamento de Defensa de ese país y declaraciones del presidente Donald Trump exigiendo tránsito gratuito para todos los barcos estadounidenses.

Durante su intervención, Martínez-Acha insistió en que la estrategia del gobierno se está ejecutando y se debe seguir ejecutando “con discreción”. Sin embargo, su posición se vuelve cada vez menos sostenible.

Cinco meses después del inicio de esta crisis, no hay evidencia de que la cautela haya dado frutos. Por el contrario, las declaraciones de Trump se han intensificado y el MoU ha abierto las puertas a un número ilimitado de operativos estadounidenses en el país.
Por su lado, el gobierno insiste en que el MoU no viola la soberanía panameña. Pero la creación de zonas de uso conjunto donde el ingreso de autoridades panameñas requiere notificación previa a Estados Unidos ha sido leído por varios sectores como una claudicación inaceptable.

La defensa jurídica del MoU presentada por el canciller —que es un documento interinstitucional y por tanto no requiere aprobación legislativa— fue desarmada por los diputados con base en jurisprudencia internacional y artículos constitucionales.
La comparecencia del canciller ante la Asamblea dejó más preguntas que respuestas. ¿Cuál es el plan si la Casa Blanca aumenta su presión? ¿Quién coordina la respuesta nacional? ¿Por qué el Ejecutivo insiste en actuar fuera de los marcos constitucionales? ¿Qué aliados estratégicos —más allá de Estados Unidos— está cultivando Panamá?

La respuesta institucional a estas preguntas determinará si el país aún conserva márgenes de soberanía o si, por omisión y opacidad, termina cediendo espacios clave de decisión.
En momentos como este, el liderazgo se mide por su capacidad de construir una narrativa coherente, convocante y legalmente sólida. Y por ahora, el país no la tiene.

En una edición anterior de El Pulso, repasamos de la mano de juristas y expertos, cómo se podría ver una política exterior sólida de cara a la presión estadounidense, más allá de un apaciguamiento dilatado que solo genera más presión a mediano plazo: cada cesión alimenta nuevas exigencias.

 

Protesta

Mientras tanto, en la calle, grupos sindicales y de maestros mantienen una huelga indefinida.

A su vez, el movimiento Sal de las Redes ha empezado a consolidar un frente cívico con potencial de crecimiento. Su protesta, convocada en la Cinta Costera, superó las expectativas iniciales. Voces como la de la jurista Graciela Dixon han articulado un puente entre la gesta de soberanía de generaciones anteriores y el descontento actual, que ve en el MoU y en la respuesta errática del Ejecutivo una amenaza directa al principio de neutralidad.

El rechazo del movimiento a reunirse con el Ejecutivo —por considerar ilegítima la firma del MoU y la reactivación del proyecto minero— es un punto de inflexión. En su intento de mostrar apertura, Mulino parece haber subestimado la naturaleza orgánica y profundamente desconfiada de la nueva ciudadanía digital. Y aunque el movimiento ha recibido críticas por su falta de disposición al diálogo, es Mulino quien ostenta el poder y, por tanto, quien tiene el reto de construir legitimidad.

 

País

Panamá atraviesa una etapa de vulnerabilidad estructural.

Las tensiones geopolíticas han rebasado la capacidad estratégica del Estado, cuyas respuestas —más reactivas que deliberadas— revelan una política exterior fragmentada y un aparato institucional debilitado. El manejo opaco de acuerdos internacionales y la creciente presión de actores externos exponen fisuras profundas ya existentes en la toma de las decisiones nacionales. Mientras tanto, la ciudadanía percibe una distancia cada vez mayor entre el discurso oficial y la defensa efectiva del interés público.

En el frente interno, el país enfrenta una combinación de malestar social acumulado, debilidad fiscal y pérdida de confianza en el liderazgo político. Las reformas estructurales avanzan lentamente —si del todo— en un clima de fragmentación legislativa, mientras que movimientos sociales emergen con nuevas formas de organización, menos jerárquicas y más desconfiadas del poder.

Todo esto pone a Panamá en una poderosa coyuntura, donde puede tanto elevarse para responder al presente con todo lo mejor de su pasado, o sucumbir a sus debilidades históricas, rápidamente perdiendo soberanía y auto-determinación.

La acción ciudadana —informada y proactiva— será la que determinará la respuesta.