Migración

El manejo del gobierno panameño sobre la crisis migratoria sigue marcado por la opacidad y la improvisación. La reciente controversia sobre el confinamiento de migrantes en hoteles de la capital reveló la falta de claridad en las políticas migratorias, una situación que explotó solo después de la publicación de imágenes por el New York Times.

Este episodio no es aislado. Panamá ha registrado oficialmente la entrada de migrantes, pero ahora busca deportarlos en procesos que se presentan como «voluntarios» sin que la población conozca todos los detalles realmente. La narrativa oficial ha intentado justificar la estrategia con argumentos burocráticos, al igual que un intento de desligarse del costo económico de esta operación.

Estados Unidos juega un papel clave en esta dinámica. Las personas migrantes se han convertido en un chivo expiatorio en su política interna y Panamá ha sido arrastrado al centro de esta estrategia. La Organización Internacional para la Migración, financiada con dinero estadounidense, participa de la operación.

Más allá de la logística, el problema de fondo es la falta de estándares panameños para gestionar la migración. ¿Cuáles son las reglas? ¿Qué derechos tienen las personas migrantes en tránsito? El país carece de una política coherente y se mueve entre la presión externa y la reacción ante escándalos mediáticos.

La crisis migratoria también ha vuelto a evidenciar otro problema social: una xenofobia latente entre algunos panameños. Esta resistencia a enfrentar los flujos de migrantes con humanidad no solo es un obstáculo moral, sino que históricamente ha demostrado ser destructiva para la estabilidad de los estados. Panamá no puede darse el lujo de actuar por inercia en este tema.

Seguro

Mientras la atención pública se centra en la crisis migratoria, el debate sobre la Caja de Seguro Social avanza lentamente en la Asamblea Nacional. La bancada de Vamos ha evitado adoptar una postura unificada sobre el aumento de la edad de jubilación, reflejando la falta de consenso sobre este tema incluso dentro de sectores reformistas.

Mientras tanto, otras bancadas, como la del Partido Revolucionario Democrático, han sido categóricas en su oposición al aumento. El presidente Mulino ha dicho, reiteradas veces, que si el proyecto que se aprueba en la Asamblea “no es bueno”, lo vetaría sin titubeos.

Fuentes legislativas indicaron que se propondría en el segundo debate un incremento escalonado a la edad de jubilación. Esta podría ser, a nivel financiero, una solución viable, dado que el sistema actual no es sostenible y depender del Tesoro para cubrir su déficit excede la capacidad del mismo. La cuestión es que se tenga la cantidad de votos para aprobarlo.

No obstante, el temor de la población es claro: no hay garantía de que trabajar más años se traduzca en una jubilación digna. La incertidumbre sobre el futuro del sistema genera cuestionamientos legítimos, especialmente en un país donde la corrupción ha minado la confianza en cualquier reforma y dónde las promesas de desarrollo han quedado vacías.

Y en términos económicos, cualquier ajuste que no contemple la creación de empleo formal será solo una solución temporal. La reforma debe ir más allá del cambio en la edad de jubilación y abordar una informalidad laboral que impide el sostenimiento del sistema.

Canal

La tensión geopolítica sobre Panamá sigue en aumento. La reciente respuesta de la embajada china a las declaraciones estadounidenses sobre el Canal demuestra que la presión estadounidense para reducir la influencia de Beijing en el país no quedará sin respuesta.

Mientras tanto, en Washington, Donald Trump volvió a mencionar las intenciones de “recuperar” el Canal de Panamá y reiteró falacias ya desmentidas.

China ha señalado que Estados Unidos intenta debilitar su relación con Panamá mediante desinformación y presión diplomática. Mientras tanto, el gobierno de Mulino ha moderado su retórica contra China, probablemente tras reconocer que una ruptura sería insostenible.

Sin embargo, Estados Unidos no se quedará de brazos cruzados. Se espera que la nación norteamericana ofrezca incentivos económicos y fiscales a sus propias empresas para desplazar a actores chinos en sectores estratégicos locales.

En este contexto, Panamá enfrenta una decisión clave: ¿cómo proteger sus intereses sin convertirse en un peón en la rivalidad entre ambas potencias? La propuesta de que la Autoridad del Canal de Panamá administre los puertos puede ser una vía para garantizar un mayor control nacional sobre la logística y reducir la dependencia de actores externos.

Por su parte, la Contraloría General de la República avanza con una auditoría relacionada a los puertos manejados por Panamá Ports. El resultado de esa auditoría —citada por el propio presidente Mulino en torno al tema canalero— podría dar herramientas a Panamá para mitigar la tensión.

Corrupción

Panamá continúa hundiéndose en los índices internacionales de corrupción. Con una puntuación de 33 sobre 100 en el Índice de Percepción de la Corrupción, el país está por debajo del promedio regional y más cerca de las cifras de regímenes no democráticos.

A nivel mundial, Panamá ocupa el puesto 144 de 180 países en corrupción, reflejando un deterioro constante. La falta de avances en reformas institucionales y la impunidad de los escándalos recientes han contribuido a este descenso.

Más allá de los números, la corrupción tiene consecuencias directas sobre el desarrollo del país. Desde el colapso del sistema de pensiones hasta la crisis migratoria, la incapacidad del Estado para ejecutar políticas eficaces está directamente ligada a la captura de instituciones por intereses particulares.

Sin una reforma seria en la transparencia del gasto público y la rendición de cuentas, cualquier intento de solución a los problemas nacionales será superficial. Panamá debe decidir si quiere seguir operando bajo un modelo basado en corrupción estructural o si está dispuesto a transformar su sistema.