Dos meses de campaña.

El pasado 22 de marzo publicamos un resumen sobre las reformas electorales. Ahora hay más que reportar. Si quieren leer el resumen de antecedentes antes de actualizarse con lo más reciente, pueden hacerlo aquí.

I
Cambios radicales.

Sin duda, la propuesta más impactante en el proyecto de ley número 292 —que reforma el Código Electoral— es que, de ser aprobado, reducirá el tiempo de campaña electoral de tradicionalmente un año y medio antes de la elección general a un máximo legal de solo dos meses.

Además, ni el Gobierno Nacional ni los municipios podrán hacer propaganda o promoción de sus obras públicas por los tres meses antes de la elección, es decir, de febrero en adelante. La Comisión Nacional de Reformas Electorales había pedido algo mucho más severo: seis meses. Pero los diputados pensaron que este plazo de veda era más austero de lo necesario. El propósito —según comentarios de Pedro Miguel González— es evitar una situación como aquella de las elecciones de 2014, cuando la administración de Ricardo Martinelli comenzó un proyecto de campaña masiva sobre las obras estatales terminadas en aras de favorecer a su candidato, José Domingo “Mimito” Arias.

Esto pondrá un panorama complejo para el Partido Panameñista, que perdería la capacidad de promover tres eventos clave de su administración que se tienen programados para el periodo justo antes de las elecciones: la entrega de nuevos proyectos habitacionales, de la segunda Línea del Metro y de la visita esperada del Papa Francisco.

II
Show me the money.

El financiamiento privado se mantiene. Los candidatos a diputado solo podrán recibir un máximo de $300 mil por postulante, mientras que los candidatos presidenciales tienen un tope de $10 millones, alrededor del costo de la campaña del ahora presidente Juan Carlos Varela.

Y hay límites de cuánto puede depender un candidato de sus donantes. Los candidatos a presidente no pueden recibir de una misma persona o empresa más de un 3% de sus contribuciones totales. Los diputados sí tienen mayor apertura debido a su tope menor: ellos pueden recibir hasta 25% de sus contribuciones totales de una sola persona. Hoy día estos límites no existen.

Además, las fianzas que se requieren para poder demandar la nulidad de un proceso electoral específico (ej. para alcalde de San Miguelito) se han elevado. Para protestar la elección de un representante de corregimiento, se necesitará una fianza de $2 mil. Hoy día es de $400. Las protestas contra elecciones de alcaldes y diputados —que hoy día cuestan ambas mil dólares— pasan a costar $10 mil y $25 mil, respectivamente. Para protestar la elección presidencial se necesita depositar una fianza de $50 mil. Este ha sido uno de los temas de mayor controversia porque dificulta las futuras impugnaciones en elecciones reñidas entre diputados.

Vale destacar que, al ser publicadas las donaciones de campaña del presidente Juan Carlos Varela, aprendimos que muchas sociedades anónimas —cuyos últimos beneficiarios no conocemos en algunos casos— hicieron varias donaciones en 2014. También es importante destacar que el Código Electoral permite que extranjeros donen a campañas. Ninguno de estos dos temas fueron abordados o ajustados en este proceso de reformas.

III
Esquema de paridad, rechazado.

Particularmente negado fue el sistema propuesto por la Comisión Nacional de Reformas Electorales para asegurar que la proporción de hombres a mujeres en los circuitos que tienen más de un diputado fueran equitativas. La propuesta fue desechada ya que se argumentó que de complicar más los mecanismo internos y las negociaciones para elegir a los candidatos a un circuito plural, se podría causar que un partido no logre cumplir con los plazos de postulaciones y, literalmente, desaparezca.

IV
La moneda sigue en el aire.

Todo esto puede cambiar. Los diputados, con sorprendente ambigüedad, han indicado a la vez que el proyecto está listo para ir a tercer debate después de Semana Santa, pero también que el mismo podría regresar a segundo debate para corregir errores y asegurar que los distintos pactos acordados no se contradigan el uno al otro. El diputado José Luis Varela indicó que el proyecto debía regresar a segundo debate para corregir errores y contradicciones.

Por su parte, varios grupos de la sociedad civil involucrados en la multi-partita Comisión Nacional de Reformas Electorales han hecho público su pesar de que la mayoría de sus propuestas fueron desechadas, pero reconocen que al menos se ha logrado un avance.

Lo más reciente es que el día de hoy, el presidente de la Asamblea Nacional, Rubén De León, convocó al pleno del legislativo para considerar aprobar el texto de la ley de reforma en tercer debate, pero queda ver si se podrá lograr.

Posted by Nueva Nación