I
Danza de millones.

 

A la fecha, la Asamblea Nacional ha quedado ilesa luego de que se revelara que los despachos de algunos diputados estaban tramitando donaciones falsas a personas en los estratos socioeconómicos más bajos, para luego ellos quedarse con el dinero público.

Hoy día reposa ante el Ministerio Público una denuncia contra cinco de los funcionarios que habrían participado en el entramado para desviar los fondos. No se sabe con certeza cuántas de las donaciones fueron desviadas, pero sí que el presupuesto caritativo de la Asamblea alcanzó al menos los $14 millones entre julio de 2014 y marzo de 2017. Esto representa un 38.25% del presupuesto de inversión de la Asamblea total para esos años.

Parte del alza en el presupuesto de inversión tuvo que ver con la construcción del nuevo edificio de la Asamblea finalizado en 2014 a un costo de $23 millones, pero el edificio es de tan mala calidad que los diputados se quejan constantemente del calor, y de los elevadores que están fuera de servicio.

 

II
Quid pro quo.

 

La pregunta es si todas las investigaciones que rodean a la Asamblea Nacional en este momento, en particular una conducida por la Contraloría, han afectado su productividad. Desde 1999, la Asamblea ha aprobado un promedio de 72 leyes al año, así que es notable resaltar que su desempeño en dos de los últimos tres años ha sido inferior a lo usual.

Ahora, no todas las leyes aprobadas son leyes en el sentido estricto de la palabra. De las 69 leyes que la Asamblea aprobó en el 2016, solo 36 eran formalmente leyes desarrolladas por los diputados. Otras 24 eran aprobaciones formales de tratados internacionales negociados por la Cancillería, donde la Asamblea hace poco más que aceptarla. Nueve eran leyes conmemorativas, reconociendo títulos y costumbres panameñas, como la ley 13 de 2016, que reconoce el 16 de julio como el Día del Pescador.

 

Lo que sí ha ido en constante aumento es el presupuesto operativo de la Asamblea Nacional, que entre 2007 y 2017 experimentó un salto de 51.65%.

Pero, ¿merece la productividad de la Asamblea este aumento en presupuesto? Utilizando los números anteriores, podemos calcular lo que vendría siendo el precio por ley en la Asamblea. El resultado es que en los últimos tres años los contribuyentes panameños han pagado el costo por ley más alto en la historia de la Asamblea. En 2014, cada ley aprobada tuvo un costo de $1.57 millones.

III
Enfoque y prioridades.

 

Cerramos este análisis recordando que no todas las leyes que aprueba la Asamblea son útiles, necesarias o relevantes. A pesar de que Marcelo Odebrecht confesó públicamente que su empresa pagó al menos $59 millones en sobornos a funcionarios panameños, la Asamblea no ha logrado presentar una reforma comprehensiva de la ley de contrataciones públicas ante el Ejecutivo para que esta situación no se repita.

Además, a pesar de que en el 2016, unas 11,298 adolescentes quedaron embarazadas, la Asamblea se ha rehusado a consensuar dentro del hemiciclo legislativo una propuesta formal para mejorar la educación sexual en la nación, prefiriendo acuerdos informales y discusiones fuera del registro.

Para concluir, cerramos este análisis con una pregunta. Viendo el desempeño de la Asamblea Nacional, en términos financieros y de calidad legislativa, ¿merece esta institución el millonario incremento en su presupuesto de los últimos cuatro años?