I
El qué y el porqué del 245.

El martes volvió a segundo debate el proyecto de ley número 245, presentado en conjunto por el presidente y los jueces de la Corte Suprema a la Asamblea Nacional. El proyecto crearía, entre otras cosas, un mecanismo legal para llegar a acuerdos de colaboración y sentencia con personas imputadas en ciertos casos, primordialmente a través de la delación premiada.

El recurso de la delación premiada —cuando una persona delata a sus cómplices por una reducción en la pena— ha sido una herramienta clave en Brasil para poder enjuiciar a sus más grandes criminales dentro del caso Lava Jato. La idea es que al intercambiar penas menores con los peces más chicos, logran llegar a los peces más grandes y recuperan mayores cantidades de fondos. Esta fue una sugerencia que dio el director de Transparencia Internacional, José Ugaz, sobre el tema cuando dio su discurso magistral en el Hotel Miramar en diciembre de 2014.

¿Por qué dicen que volvió a segundo debate?

El proyecto de ley fue presentado el 21 de septiembre de 2015 por el magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia, José Ayú Prado, como parte de un esfuerzo por modernizar el sistema judicial panameño. Pero no lo hizo porque se le haya ocurrido a él, sino porque la medida es parte de una serie de estándares judiciales impulsados a nivel internacional por parte de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD). Es más, la ONUDD alentó a Panamá a modernizar sus normas de programas de rehabilitación en agosto de 2013.

El 245 fue debatido por primera vez el 29 de septiembre de 2015 en primer debate en la Comisión de Gobierno de la Asamblea, cuando al menos cuatro altos ex-funcionarios del gobierno del expresidente Ricardo Martinelli y un exmagistrado de la Corte Suprema enfrentaban cargos de corrupción.

El proyecto logró pasar a segundo debate, pero cuando llegó al pleno de la Asamblea, fue imposible llegar a un acuerdo. Desconocemos la razón, pero hay quienes apuntan a una disputa sobre cuál grupo político se vería más beneficiado por la ley. El debate se suspendió durante 2016, pero la revelación pública del caso Odebrecht lo ha traído de nuevo a la palestra. El 24 de enero de 2017, el proyecto se envió a primer debate nuevamente, para intentar encontrar una solución preliminar a la disputa, pero no se logró, por lo cual fue enviado de nuevo a segundo debate para buscar un consenso mayor entre los grupos políticos.

¿Pero qué dice el proyecto?

El proyecto presentado por Ayú Prado busca atender tres cosas a la vez. La primera: expandir y dar más detalle a los programas de rehabilitación de educación y trabajo que existen en las cárceles panameñas para minimizar “los efectos negativos del encarcelamiento”, según comentó el magistrado en su momento. De hecho, el proyecto de ley incluye el uso de brazaletes o tobilleras electrónicas que muestran la locación del investigado o reo como un tipo de medida que sustituye la pena formal. Además, le daría prerrogativas especiales a las personas que tengan hijos menores de doce años “a efecto de minimizar la desintegración familiar”, según dice el texto de la ley.

En adición a esto, la ley también dotaría a las personas que han sido detenidas preventivamente dentro de su investigación el derecho de también participar en las nuevas actividades educativas y laborales para reducir su pena. El magistrado Ayú Prado indicó que 60% de las personas privadas de libertad lo son por una medida cautelar y no una sentencia judicial.

¡¿60?!

Sí, 60%.

El Órgano Judicial no tiene la capacidad laboral para procesar de forma rápida y expedita los casos que tiene en su listado de mora, por lo cual muchos procesados permanecen encarcelados por delitos menores sin haber recibido una condena. Hoy día, hay un total de 16,634 privados de libertad, por lo cual según el cálculo del magistrado, unos 9,980 reos están detenidos preventivamente sin una condena en firme. La cárcel con más reos es el Centro Penitenciario de La Joyita, con 5,075 personas privadas de libertad. La cárcel con menos reos es la Cárcel Pública de La Palma, en Darién, con 9 reos.

¿La segunda cosa qué hace?

La segunda es darle velocidad y prioridad a los procesos excepcionales que maneja la Corte Suprema de Justicia: la extradición y la casación. Para referencia, la casación es el último recurso legal que dispone un demandante, el cual puede revocar todo un proceso judicial si se descubre una falla en el mismo. Al proceso de extradición se le reduce la necesidad de tener tres magistrados presentes en la audiencia por uno solo, mientras que el proyecto de ley limita el tipo de casos que pueden solicitar una casación.

¿Eso es lo que ha generado tanta controversia?

No, la controversia viene del tercer punto, que detalla y amplía el concepto de delación premiada en Panamá. La delación premiada es un acuerdo mediante el cual un acusado puede intercambiar una delación, o confesión, contra sus cómplices a cambio de un premio —una condena reducida. La delación premiada ya está contemplada en cierta forma dentro del nuevo Sistema Penal Acusatorio, pero esta ley expande, detalla y regula la forma para que sea más flexible y aplicable. He aquí la controversia.

El contexto de debate de la ley ha cambiado desde el 2015. Las revelaciones del caso Odebrecht han dividido a los grupos en nuevos bandos: unos piensan que ahora más que nunca se necesita el proyecto para utilizar la delación premiada, para pasar de los peces chicos a los peces gordos que están detrás de los pagos de sobornos. Otros aducen que la delación premiada podría ser utilizada para exonerar a personas culpables de sus condenas justas por parte de un gobierno interesado —ya sea esta administración o la siguiente. Finalmente, unos terceros buscan proteger a allegados y familiares investigados y ven la postergación del debate como un forma de comprar tiempo a sus aliados mientras resuelven un plan de acción.

II
Dos historias.

El 15 de abril de 2013, dos bombas estallaron a las 2:49 p.m. en Boston, durante su maratón anual. Los culpables eran los hermanos Tsarnaev, Dzhokhar y Tamerlan. Dzhokhar era un ciudadano estadounidense, y recibió un juicio. Durante el juicio, la defensa técnica de Dzhokhar alegaba que el era más un seguidor de su hermano extremista, Tamerlan, y no un terrorista devoto por sus propios motivos. Prueba de esto, decía la defensa, era que Tamerlan había obtenido el arma que usaron los hermanos para repeler a la policía, y con la cual asesinaron a uno.

Un amigo de Dzhokhar tenía una pieza clave del rompecabezas. Era él quien le había prestado el arma a Dzhokhar, no a Tamerlan. Stephen Silva, de 22 años hoy en día, fue invitado a declarar esa información a cambio de una sentencia reducida. A pesar de haberle prestado a los terroristas una pistola ilegal, fue sentenciado a tan sólo 17 meses en prisión federal —por haber asistido con la investigación. En este caso, la capacidad de llegar a un acuerdo fue útil para descubrir la verdad y llegar a una sentencia justa.

Pero no todas las ocasiones son así.

Aaron Swartz, de 24 años en ese entonces, fue arrestado en 2011 por haber entrado a la universidad conocida como MIT a “robar” datos del sitio de archivos académicos JSTOR. Swartz creía que como los ensayos publicados en JSTOR —que cobra por ver los ensayos— habían sido pagados con fondos gubernamentales, los ensayos pertenecían a todos y debían ser gratuitos. Por lo tanto, entró a MIT en varias ocasiones para descargar estos ensayos y liberarlos al público.

Lo que sucedió después de su arresto es casi de película. Swartz fue hostigado severamente por las autoridades. La fiscalía lo amenazaba con multas de un millón de dólares y hasta 35 años en prisión. Swartz no toleró la presión y se suicidó en 2013, en medio de plena investigación. Su muerte llevó a una fuerte revisión del proceso judicial y una crítica severa de la fiscalía, costándole la carrera a muchos abogados estatales.

Pero ¿por qué amenazaban a Swartz con sentencias tan severas? Para que aceptara un acuerdo de pena que le concedería pasar solo 6 meses en la cárcel. Aunque parece que la movida habría favorecido a Swartz, en efecto, se le estaba negando o haciendo difícil la posibilidad de recibir un juicio justo —el derecho esencial de toda república.

Para evitar correr tantos juicios, las fiscalías caen en el hábito de ofrecer acuerdos de pena de forma regular, muchas veces presionando a personas cuya culpabilidad no ha sido determinada de preferir un negocio judicial rápido, aunque tengan que confesar a cosas que no hicieron, que enfrentar un largo juicio. Aunque se procesen los casos más rápidos, esta presión para no tener juicios es antirrepublicana y no pertenece en una nación que se quiera llamar justa.

El debate sigue.

Posted by Alfonso Grimaldo